El encono político y los criterios partidistas con que los gobiernos administran las bases de datos policiales, han puesto su parte en la violencia detonada por el crimen organizado. Dos especialistas, que hurgan en las causas estructurales de ese fenómeno, creen que la incapacidad política puede agravar el problema.
Fallan purgas y reformas
Raúl Benítez: Centro de Estudios sobre Norteamérica
Pese a sus aspectos cuestionables, la reforma económica que México logró a principios de la década pasada, así como la electoral en 1996 han sido relativamente funcionales. Pero en el tema de seguridad, algo ha salido mal, advierte el investigador, Raúl Benítez Manaut.
"No hay reforma profunda, todas las reformas han fracasado...hay una gran crisis que se deriva de un gigantesco envejecimiento de un modelo del siglo 20 que dejó de operar pero que no sufrió una reforma profunda", dice.
Para el sociólogo, las grandes purgas y reformas de los aparatos policiacos han resultado fallidas, porque el Estado no tuvo la contrainteligencia o sistemas de control sobre las currículas de cada uno de los elementos que se fueron a la calle.
"Lo que ha fallado es el sistema de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Si por ejemplo, en el año de 1995 corres a 2 mil policías... bueno, necesitas tomarles fotografías, tomarles huellas, tomarles registros de voz, revisar sus domicilios, revisar el nombre de sus hijos, de sus hermanos.
"Pero si los corres así nada más, pues bienvenidos al club y con permiso para matar, con conocimiento de todo, porque han tenido acceso a documentos de gente rica, se han mezclado con los jefes de seguridad de empresas, se mezclan con los jefes de los guaruras de gente muy rica", expone.
Desde su opinión, la violencia y la inseguridad no son consecuencias automáticas de la pobreza, ya que recordó que siempre ha habido desempleo, exclusión y migración y, sin embargo, los indicadores y la crueldad no eran de la escala que hoy se conoce.
"Bolivia es una país muchísimo más pobre que México, también es un país latinoamericano, también es un país con Estado débil, también es un país con indígenas y con un gigantesco desempleo, pero es un país muy seguro.
"Nicaragua es un país muy seguro, donde las corporaciones policiacas funcionan con un nivel de éxito notable y los policías ganan la cuarta parte que los policías mexicanos y es uno de los países más pobres de América", destaca.
Abunda con otros ejemplos: en El Salvador no hay secuestros a pesar de la violencia de las maras en barrios pobres; en contraste, Guatemala está infestada de plagiarios. Uno y otro país son muy parecidos, si no es que iguales.
"¿Por qué en un país vecino... un negocio clandestino, criminal, florece, y en otro está completamente controlado? No tiene nada que ver con la pobreza, es por las capacidades del Estado", afirma.
Benítez advierte que no hay una receta para resolver el problema, ya que en Colombia la mano dura y la militarización de la policía ha funcionado, pero hay ciudades como Sao Paulo donde un modelo flexible y de respeto a las garantías, bajó los índices delictivos a la mitad.
Desde su opinión, el partidismo en temas de seguridad también contribuye con su parte. Puso como ejemplo que las bases de datos de seguridad del Distrito Federal, el Edomex y el Gobierno Federal, están administradas por gestiones de partidos distintos y no colaboran entre sí.
"El crimen organizado está aprovechándose del encono político que hay en el país, está aprovechándose de la debilidad de la gobernabilidad, de la rivalidad que hay del PRD con el PAN, entre el PAN con el PRI, entre el PRI con el PRD".
Refirió a la Iniciativa Mérida como un instrumento que puede resolver problemas como el equipamiento militar, aunque ello implicará resolver un dilema, ceder más soberanía a Estados Unidos o al crimen.
"Si nos ponemos nacionalistas podemos hablar de una cesión de soberanía. Pero ¿quién está debilitando más la soberanía del Estado, Estados Unidos dándonos aviones, donde quieren información de los aviones, o los carteles destruyendo al Estado mexicano?.
Dañan partidos al Estado
Luis Astorga: Instituto de Investigaciones Sociales
Uno de los orígenes de la actual violencia criminal en México, está en la fragmentación del monopolio de la fuerza del Estado, un fenómeno que apareció cuando el sistema político pasó de un régimen de partido único a otro de distintos signos partidistas, advierte Luis Astorga.
"No se trataba de pactos, se trataba de ver quién tenía la fuerza y la fuerza la tenía el Estado con ese tipo de instituciones. Ahí no había pactos, alguien estaba dependiendo de otro poder superior y los que estaban dependiendo de ese poder superior eran los traficantes (de drogas).
"Cuando desaparece ese sistema de partido de Estado, y conocemos lo que vemos hoy en día, ahí no es que el PAN, el PRI o el PRD quisieran hacer nuevos pactos, sino (que) los diferentes partidos políticos ya no se asumieron como Estado, se asumieron como partidos políticos.
"Esa incapacidad para asumirse como parte del Estado, los llevó a que sus estructuras locales de seguridad respondieran, en el mejor de los casos, a los intereses partidistas en el nivel local, y eso con el poderío y la capacidad de fuego de los traficantes, dio como resultado lo que estamos viendo", expone.
Es a raíz de este fenómeno, dice, que hoy se puede considerar que los traficantes de drogas le disputan al Estado el control de las policías, pero no el control político. Por lo menos por ahora.
"La situación de Colombia es muy distinta, porque ahí tienes una disputa por el poder político, por lo menos de parte de uno de los grandes actores, que son las FARC; que no es el caso de México, pues no tenemos una organización de traficantes vinculada con algún partido político o que se haya constituido con objetivos políticos, que le esté disputando la dirección al Estado", dice.
El integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM dice que la debilidad gradual que sufre el Estado mexicano en los últimos años, tiene también responsables y allí apunta a la clase política, incapaz de construir consensos de seguridad funcionales.
"No hay muestras de que haya una voluntad por parte de la clase política para sentarse a la mesa y establecer mecanismos claros, contundentes, para impedir el dinero de tráfico de drogas en las precampañas y las campañas políticas. Creo que es un momento apropiado para hacerlo", sugiere.
Otro aspecto de carácter político, igualmente influyente en la actual coyuntura, es la imposibilidad de crear políticas que trasciendan un periodo administrativo.
Astorga refiere que el narcotráfico no siempre estuvo vinculado a la violencia. Fue hasta el último sexenio de la era del PRI, cuando se empezaron a avizorar los primeros síntomas que harían crisis en las administraciones del PAN.
Para el especialista, las estructuras burocráticas jugaron un papel de mayor relevancia en la crisis de seguridad, que incluso la marginación social.
"Si la pobreza fuera el determinante principal, la mayor parte del planeta se dedicaría a producir droga. Y no lo hace. O la mayor parte del planeta se dedicaría a secuestrar, y no lo hace. Hay una influencia, pero eso no es determinante", expresa.
Su visión es pesimista en el mediano plazo. Asegura que si la inacción continúa, la violencia puede escalar a los niveles más altos de la burocracia. Advierte que la Iniciativa Mérida, diseñada más para la seguridad de Estados Unidos, tampoco será la salida.
"Creo que en definitiva el plan Mérida no va a resolver los problemas que nosotros mismos no podamos resolver en nuestro propio país. Puede contribuir, pero no es una panacea".
Fallan purgas y reformas
Raúl Benítez: Centro de Estudios sobre Norteamérica
Pese a sus aspectos cuestionables, la reforma económica que México logró a principios de la década pasada, así como la electoral en 1996 han sido relativamente funcionales. Pero en el tema de seguridad, algo ha salido mal, advierte el investigador, Raúl Benítez Manaut.
"No hay reforma profunda, todas las reformas han fracasado...hay una gran crisis que se deriva de un gigantesco envejecimiento de un modelo del siglo 20 que dejó de operar pero que no sufrió una reforma profunda", dice.
Para el sociólogo, las grandes purgas y reformas de los aparatos policiacos han resultado fallidas, porque el Estado no tuvo la contrainteligencia o sistemas de control sobre las currículas de cada uno de los elementos que se fueron a la calle.
"Lo que ha fallado es el sistema de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Si por ejemplo, en el año de 1995 corres a 2 mil policías... bueno, necesitas tomarles fotografías, tomarles huellas, tomarles registros de voz, revisar sus domicilios, revisar el nombre de sus hijos, de sus hermanos.
"Pero si los corres así nada más, pues bienvenidos al club y con permiso para matar, con conocimiento de todo, porque han tenido acceso a documentos de gente rica, se han mezclado con los jefes de seguridad de empresas, se mezclan con los jefes de los guaruras de gente muy rica", expone.
Desde su opinión, la violencia y la inseguridad no son consecuencias automáticas de la pobreza, ya que recordó que siempre ha habido desempleo, exclusión y migración y, sin embargo, los indicadores y la crueldad no eran de la escala que hoy se conoce.
"Bolivia es una país muchísimo más pobre que México, también es un país latinoamericano, también es un país con Estado débil, también es un país con indígenas y con un gigantesco desempleo, pero es un país muy seguro.
"Nicaragua es un país muy seguro, donde las corporaciones policiacas funcionan con un nivel de éxito notable y los policías ganan la cuarta parte que los policías mexicanos y es uno de los países más pobres de América", destaca.
Abunda con otros ejemplos: en El Salvador no hay secuestros a pesar de la violencia de las maras en barrios pobres; en contraste, Guatemala está infestada de plagiarios. Uno y otro país son muy parecidos, si no es que iguales.
"¿Por qué en un país vecino... un negocio clandestino, criminal, florece, y en otro está completamente controlado? No tiene nada que ver con la pobreza, es por las capacidades del Estado", afirma.
Benítez advierte que no hay una receta para resolver el problema, ya que en Colombia la mano dura y la militarización de la policía ha funcionado, pero hay ciudades como Sao Paulo donde un modelo flexible y de respeto a las garantías, bajó los índices delictivos a la mitad.
Desde su opinión, el partidismo en temas de seguridad también contribuye con su parte. Puso como ejemplo que las bases de datos de seguridad del Distrito Federal, el Edomex y el Gobierno Federal, están administradas por gestiones de partidos distintos y no colaboran entre sí.
"El crimen organizado está aprovechándose del encono político que hay en el país, está aprovechándose de la debilidad de la gobernabilidad, de la rivalidad que hay del PRD con el PAN, entre el PAN con el PRI, entre el PRI con el PRD".
Refirió a la Iniciativa Mérida como un instrumento que puede resolver problemas como el equipamiento militar, aunque ello implicará resolver un dilema, ceder más soberanía a Estados Unidos o al crimen.
"Si nos ponemos nacionalistas podemos hablar de una cesión de soberanía. Pero ¿quién está debilitando más la soberanía del Estado, Estados Unidos dándonos aviones, donde quieren información de los aviones, o los carteles destruyendo al Estado mexicano?.
Dañan partidos al Estado
Luis Astorga: Instituto de Investigaciones Sociales
Uno de los orígenes de la actual violencia criminal en México, está en la fragmentación del monopolio de la fuerza del Estado, un fenómeno que apareció cuando el sistema político pasó de un régimen de partido único a otro de distintos signos partidistas, advierte Luis Astorga.
"No se trataba de pactos, se trataba de ver quién tenía la fuerza y la fuerza la tenía el Estado con ese tipo de instituciones. Ahí no había pactos, alguien estaba dependiendo de otro poder superior y los que estaban dependiendo de ese poder superior eran los traficantes (de drogas).
"Cuando desaparece ese sistema de partido de Estado, y conocemos lo que vemos hoy en día, ahí no es que el PAN, el PRI o el PRD quisieran hacer nuevos pactos, sino (que) los diferentes partidos políticos ya no se asumieron como Estado, se asumieron como partidos políticos.
"Esa incapacidad para asumirse como parte del Estado, los llevó a que sus estructuras locales de seguridad respondieran, en el mejor de los casos, a los intereses partidistas en el nivel local, y eso con el poderío y la capacidad de fuego de los traficantes, dio como resultado lo que estamos viendo", expone.
Es a raíz de este fenómeno, dice, que hoy se puede considerar que los traficantes de drogas le disputan al Estado el control de las policías, pero no el control político. Por lo menos por ahora.
"La situación de Colombia es muy distinta, porque ahí tienes una disputa por el poder político, por lo menos de parte de uno de los grandes actores, que son las FARC; que no es el caso de México, pues no tenemos una organización de traficantes vinculada con algún partido político o que se haya constituido con objetivos políticos, que le esté disputando la dirección al Estado", dice.
El integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM dice que la debilidad gradual que sufre el Estado mexicano en los últimos años, tiene también responsables y allí apunta a la clase política, incapaz de construir consensos de seguridad funcionales.
"No hay muestras de que haya una voluntad por parte de la clase política para sentarse a la mesa y establecer mecanismos claros, contundentes, para impedir el dinero de tráfico de drogas en las precampañas y las campañas políticas. Creo que es un momento apropiado para hacerlo", sugiere.
Otro aspecto de carácter político, igualmente influyente en la actual coyuntura, es la imposibilidad de crear políticas que trasciendan un periodo administrativo.
Astorga refiere que el narcotráfico no siempre estuvo vinculado a la violencia. Fue hasta el último sexenio de la era del PRI, cuando se empezaron a avizorar los primeros síntomas que harían crisis en las administraciones del PAN.
Para el especialista, las estructuras burocráticas jugaron un papel de mayor relevancia en la crisis de seguridad, que incluso la marginación social.
"Si la pobreza fuera el determinante principal, la mayor parte del planeta se dedicaría a producir droga. Y no lo hace. O la mayor parte del planeta se dedicaría a secuestrar, y no lo hace. Hay una influencia, pero eso no es determinante", expresa.
Su visión es pesimista en el mediano plazo. Asegura que si la inacción continúa, la violencia puede escalar a los niveles más altos de la burocracia. Advierte que la Iniciativa Mérida, diseñada más para la seguridad de Estados Unidos, tampoco será la salida.
"Creo que en definitiva el plan Mérida no va a resolver los problemas que nosotros mismos no podamos resolver en nuestro propio país. Puede contribuir, pero no es una panacea".
Abel Barajas, Reforma, 29 de septiembre.
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