LA HABANA.— No importa si es de La Habana o Guantánamo. No será una excepción pertenecer al Partido Comunista de Cuba (PCC) o a los famosos Comités en Defensa de la Revolución (CDR). Cualquier cubano, según se anunció ayer de forma oficial, que robe, acapare o venda de forma ilícita le caerá “el máximo rigor” del Código Penal.
El destino de la mayoría de aquellos que violan las normas de convivencia social será la privación de la libertad, pero los cubanos se despertaron este lunes con una nueva norma nunca usada por la autoridad judicial que ha provocado más temor que la propia cárcel: sus nombres y las sanciones recibidas serán difundidos por todos los medios masivos (prensa escrita, radio y televisión) de comunicación de la isla.
Todos los sistemas de comunicación de las 14 provincias cubanas hicieron público ayer un texto publicado en el Granma, periódico del PCC, dirigido a la población en general en el que se advierte que cualquier intento de violar la ley o las normas de convivencia social recibirá una rápida y enérgica respuesta.
El paso de los huracanes Gustav e Ike dejó al descubierto redes de personas dedicadas al hurto y venta ilícita de alimentos, materiales de construcción; así como la sustracción de combustible, cables eléctricos y telefónicos, angulares de torres de alta tensión, entre otros artículos vitales para la economía cubana.
El texto califica de “detestable” la conducta de los inescrupulosos que intentan sacar provecho de necesidades apremiantes de los ciudadanos o de los rumores “echados a rodar por el enemigo y quienes aquí le hacen eco”, sobre ficticias subidas de precios o escasez de productos que motivan compras excesivas y el consiguiente desabastecimiento momentáneo.
Granma aseguró que en las actuales circunstancia no está previsto un incremento de precios de ningún bien de primera necesidad, normado, de venta liberada u ofertado en las tiendas recaudadoras de divisas, y confirmó que la autoridad estatal decidió, a partir del lunes, mantener en los mercados agropecuarios estatales y puntos de venta los precios que existían antes de los huracanes.
El destino de la mayoría de aquellos que violan las normas de convivencia social será la privación de la libertad, pero los cubanos se despertaron este lunes con una nueva norma nunca usada por la autoridad judicial que ha provocado más temor que la propia cárcel: sus nombres y las sanciones recibidas serán difundidos por todos los medios masivos (prensa escrita, radio y televisión) de comunicación de la isla.
Todos los sistemas de comunicación de las 14 provincias cubanas hicieron público ayer un texto publicado en el Granma, periódico del PCC, dirigido a la población en general en el que se advierte que cualquier intento de violar la ley o las normas de convivencia social recibirá una rápida y enérgica respuesta.
El paso de los huracanes Gustav e Ike dejó al descubierto redes de personas dedicadas al hurto y venta ilícita de alimentos, materiales de construcción; así como la sustracción de combustible, cables eléctricos y telefónicos, angulares de torres de alta tensión, entre otros artículos vitales para la economía cubana.
El texto califica de “detestable” la conducta de los inescrupulosos que intentan sacar provecho de necesidades apremiantes de los ciudadanos o de los rumores “echados a rodar por el enemigo y quienes aquí le hacen eco”, sobre ficticias subidas de precios o escasez de productos que motivan compras excesivas y el consiguiente desabastecimiento momentáneo.
Granma aseguró que en las actuales circunstancia no está previsto un incremento de precios de ningún bien de primera necesidad, normado, de venta liberada u ofertado en las tiendas recaudadoras de divisas, y confirmó que la autoridad estatal decidió, a partir del lunes, mantener en los mercados agropecuarios estatales y puntos de venta los precios que existían antes de los huracanes.
Juan Balboa, corresponsal, El Universal, 30 de septiembre.
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