La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales en materia electoral, provocó el rechazo de los legisladores y el beneplácito de investigadores, como el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas, quien consideró que a partir de ahora quienes integren cámaras del Congreso federal deberán tener mucho cuidado en respetar los procedimientos establecidos para tal efecto.
El docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo presente ayer en la sesión de la Corte a la que también asistieron intelectuales y algunos representantes de los organismos empresariales que aseguran que la reforma impugnada viola su libertad de expresión. Cárdenas llamó la atención sobre el que la sentencia del máximo tribunal adquiere particular importancia para la futura discusión y aprobación de la reforma energética.
Diputados de PRI y PRD consideraron equivocada la decisión de la Corte, porque la prohibición de contratar espots en radio y televisión no buscó limitar la libertad expresión, “sino el libertinaje de mensajes con contenido negro que afectaron la campaña electoral de 2006”.
El perredista Juan Guerra Ochoa consideró que los ministros están cediendo a la presión de las televisoras y, si finalmente determinan que los empresarios e intelectuales tienen la razón, “harán tal con la reforma y regresarán a la inequidad en la contratación de tiempo”.
Refirió que en materia electoral no proceden los amparos, y la instrucción a los juzgados para que den entrada a los interpuestos “sienta un mal precedente” para los controles del dinero en las campañas políticas. “Espero, sin embargo, que el fondo lo deseche la Corte, porque si no nos regresaría a la inequidad y a la circunstancia de que el candidato con más dinero lo meta en la televisión y gane”.
El priísta Samuel Aguilar Solís consideró riesgoso que la Corte convierta un tema judicial en “triunfo para los poderes fácticos”, e ironizó con que el IFE no sancione a los empresarios que orquestaron la guerra sucia de hace dos años.
José Manuel del Río, de Convergencia –que impugnó la reforma debido a que canceló la posibilidad de alianzas a las fuerzas minoritarias– consideró razonable el fallo judicial. “El manejo de los espots puede resolverse en el IFE”, afirmó.
La Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de “altamente relevante” la determinación de la Corte, pues “se abre la posibilidad de que las reformas constitucionales que emita el Congreso sean revisadas y resueltas por la SCJN en algunos casos, sobre todo en materia de garantías individuales”, en particular la libertad de expresión.
El docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo presente ayer en la sesión de la Corte a la que también asistieron intelectuales y algunos representantes de los organismos empresariales que aseguran que la reforma impugnada viola su libertad de expresión. Cárdenas llamó la atención sobre el que la sentencia del máximo tribunal adquiere particular importancia para la futura discusión y aprobación de la reforma energética.
Diputados de PRI y PRD consideraron equivocada la decisión de la Corte, porque la prohibición de contratar espots en radio y televisión no buscó limitar la libertad expresión, “sino el libertinaje de mensajes con contenido negro que afectaron la campaña electoral de 2006”.
El perredista Juan Guerra Ochoa consideró que los ministros están cediendo a la presión de las televisoras y, si finalmente determinan que los empresarios e intelectuales tienen la razón, “harán tal con la reforma y regresarán a la inequidad en la contratación de tiempo”.
Refirió que en materia electoral no proceden los amparos, y la instrucción a los juzgados para que den entrada a los interpuestos “sienta un mal precedente” para los controles del dinero en las campañas políticas. “Espero, sin embargo, que el fondo lo deseche la Corte, porque si no nos regresaría a la inequidad y a la circunstancia de que el candidato con más dinero lo meta en la televisión y gane”.
El priísta Samuel Aguilar Solís consideró riesgoso que la Corte convierta un tema judicial en “triunfo para los poderes fácticos”, e ironizó con que el IFE no sancione a los empresarios que orquestaron la guerra sucia de hace dos años.
José Manuel del Río, de Convergencia –que impugnó la reforma debido a que canceló la posibilidad de alianzas a las fuerzas minoritarias– consideró razonable el fallo judicial. “El manejo de los espots puede resolverse en el IFE”, afirmó.
La Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de “altamente relevante” la determinación de la Corte, pues “se abre la posibilidad de que las reformas constitucionales que emita el Congreso sean revisadas y resueltas por la SCJN en algunos casos, sobre todo en materia de garantías individuales”, en particular la libertad de expresión.
Jesús Aranda, Enrique Méndez y Alma Muñoz, La Jornada, 30 de septiembre.
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