El gobierno de Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” sin un trabajo de inteligencia militar y civil suficiente “para no andar dando palos de ciego”, además de que no previó “la dimensión tan violenta de la respuesta por parte de los traficantes de drogas”, sostienen especialistas en temas de seguridad nacional, quienes agregan que la autoridad federal tampoco evaluó el grado infiltración y corrupción de las policías por el crimen organizado.
Si desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox la situación de la seguridad y la falta de capacidad de los órganos de inteligencia militar y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se dejaron crecer. “No veo con qué instrumentos se lanza el presidente Calderón a una guerra total, si el Estado no había reformado la regulación y operación de los órganos de seguridad, y si además “su mandato no gozaba de incuestionable legitimidad”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Raúl Benítez Manaut, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y conferencista en Estados Unidos, señala que es evidente, también, la falta de un sistema confiable de contrainteligencia, capaz de prever la evolución de delitos de más alto impacto en el país. Menciona que en tanto no se modifique el modelo de mando de las corporaciones, que pase de un sistema vertical a uno horizontal, prevalecerá la falta de coordinación y colaboración entre la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación con las corporaciones estatales y municipales.
José Luis Piñeyro, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha impartido cursos en el Colegio de Defensa y el Centro de Estudios Superiores Navales, señala que en las actuales condiciones difícilmente se cumplirá el compromiso de funcionarios federales de que para antes de que termine el sexenio habrá una estructura policiaca en la que sean corporaciones civiles y ya no las fuerzas armadas las que lleven el peso principal del combate al crimen organizado.
Aunque tampoco servirá de mucho contar con una institutición federal confiable “si no hay un saneamiento de las policías estatales y municipales, y sin un control permanente de la policía nacional, añade Benítez Manaut por separado.
“Dudo que al finalizar el sexenio las policías estén listas en los municipios del país para encarar una amenaza que puede cooptarlos. Además de que la seguridad pública debe estar ligada a la seguridad nacional, desde un marco de jerarquías y prioridades, y la misión final de ambas debe ser preservar la seguridad colectiva y el patrimonio de la ciudadanía, “lo que no ocurre”, apunta Rodríguez.
Benítez Manaut subraya que la construcción de una policía federal pasa necesariamente por sistemas estrictos y permanentes de control de confianza externa e interna, de vigilancia de sus cuentas bancarios y situación patrimonial.
Sin embargo, advierte que entre más centralizado esté el mando policial, mayores deberán ser los controles sobre sus mandos.
Piñeyro apunta que la participación del Ejército contra el narcotráfico afecta la moral y la imagen pública de los soldados, pues los señalamientos de abusos o de corrupción en su contra impactan negativamente en su moral.
“Si se la acusa sin razón, la tropa se desmoraliza”, lo mismo ocurre si ve que sus mandos están coludidos con el crimen. Lo deseable es que las fuerzas armadas se dediquen a sus labores constitucionales.
Rodríguez Sumano apunta que “lo peor que pudiera suceder es que a los militares se les perdiera la confianza y se les equiparara con una policía corrupta”. Eso debe evitarse a toda costa, subraya.
Además, apunta Benítez Manaut, como el combate al narco es un punto central de la Iniciativa Mérida, resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional, al recibir equipo militar y armamento, deberá adoptarse a esta nueva situación en la que el gobierno de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y el Congreso de ese país, verifiquen el uso de ese equipo.
Los generales tendrán que acostumbrarse a esa situación, apuntó, lo cual para muchos significa violación a la soberanía nacional, mientras que hay quienes consideramos que esta etapa de colaboración es el resultado de la creciente interactividad en la que las agendas de seguridad de Estados Unidos y de México son y serán cada vez más interdependientes.
Si desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox la situación de la seguridad y la falta de capacidad de los órganos de inteligencia militar y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional se dejaron crecer. “No veo con qué instrumentos se lanza el presidente Calderón a una guerra total, si el Estado no había reformado la regulación y operación de los órganos de seguridad, y si además “su mandato no gozaba de incuestionable legitimidad”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Raúl Benítez Manaut, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y conferencista en Estados Unidos, señala que es evidente, también, la falta de un sistema confiable de contrainteligencia, capaz de prever la evolución de delitos de más alto impacto en el país. Menciona que en tanto no se modifique el modelo de mando de las corporaciones, que pase de un sistema vertical a uno horizontal, prevalecerá la falta de coordinación y colaboración entre la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación con las corporaciones estatales y municipales.
José Luis Piñeyro, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha impartido cursos en el Colegio de Defensa y el Centro de Estudios Superiores Navales, señala que en las actuales condiciones difícilmente se cumplirá el compromiso de funcionarios federales de que para antes de que termine el sexenio habrá una estructura policiaca en la que sean corporaciones civiles y ya no las fuerzas armadas las que lleven el peso principal del combate al crimen organizado.
Aunque tampoco servirá de mucho contar con una institutición federal confiable “si no hay un saneamiento de las policías estatales y municipales, y sin un control permanente de la policía nacional, añade Benítez Manaut por separado.
“Dudo que al finalizar el sexenio las policías estén listas en los municipios del país para encarar una amenaza que puede cooptarlos. Además de que la seguridad pública debe estar ligada a la seguridad nacional, desde un marco de jerarquías y prioridades, y la misión final de ambas debe ser preservar la seguridad colectiva y el patrimonio de la ciudadanía, “lo que no ocurre”, apunta Rodríguez.
Benítez Manaut subraya que la construcción de una policía federal pasa necesariamente por sistemas estrictos y permanentes de control de confianza externa e interna, de vigilancia de sus cuentas bancarios y situación patrimonial.
Sin embargo, advierte que entre más centralizado esté el mando policial, mayores deberán ser los controles sobre sus mandos.
Piñeyro apunta que la participación del Ejército contra el narcotráfico afecta la moral y la imagen pública de los soldados, pues los señalamientos de abusos o de corrupción en su contra impactan negativamente en su moral.
“Si se la acusa sin razón, la tropa se desmoraliza”, lo mismo ocurre si ve que sus mandos están coludidos con el crimen. Lo deseable es que las fuerzas armadas se dediquen a sus labores constitucionales.
Rodríguez Sumano apunta que “lo peor que pudiera suceder es que a los militares se les perdiera la confianza y se les equiparara con una policía corrupta”. Eso debe evitarse a toda costa, subraya.
Además, apunta Benítez Manaut, como el combate al narco es un punto central de la Iniciativa Mérida, resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional, al recibir equipo militar y armamento, deberá adoptarse a esta nueva situación en la que el gobierno de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y el Congreso de ese país, verifiquen el uso de ese equipo.
Los generales tendrán que acostumbrarse a esa situación, apuntó, lo cual para muchos significa violación a la soberanía nacional, mientras que hay quienes consideramos que esta etapa de colaboración es el resultado de la creciente interactividad en la que las agendas de seguridad de Estados Unidos y de México son y serán cada vez más interdependientes.
Jesús Aranda, La Jornada, 29 de septiembre.
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