El Instituto Nacional de Migración (INM) pretende convertirse en una autoridad con facultades para allegarse de medios de prueba, como sucede con el Ministerio Público.
La atribución se contempla en el anteproyecto de Ley de Migración, aun en etapa de estudio, con el objeto de que el INM no dependa de la Secretaría de Gobernación para solicitarle a otras dependencias o gobiernos información de extranjeros.
El borrador prevé reducir a los extranjeros los requisitos de internación al país, pero al mismo tiempo busca establecer otras disposiciones que van encaminadas a tener un mayor control de información sobre los flujos de personas.
Por ejemplo, de acuerdo con el documento, el INM pretende descentralizar los trámites migratorios y otorgarle facultades a sus delegaciones regionales, con el objeto de contar con registros más dinámicos.
Al mismo tiempo, según el anteproyecto, se llevará a la ley la creación de un Sistema de Predocumentación y Preinternación Aérea y Marítima, e igualmente se busca que el INM tenga la facultad de fijar los requisitos de visado.
En paralelo, se estudia establecer un "Sistema Automatizado de Información Migratoria", con el objeto de registrar, organizar, actualizar y difundir los datos, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia.
Se estudia también establecer obligaciones en materia migratoria para autoridades administrativas federales, del Distrito Federal y locales.
Otra tarea que se contempla es prever en la ley la existencia de los Grupos Beta, el establecimiento de su competencia y campos de acción; crear otros grupos de auxilio a migrantes y establecer en la norma secundaria la existencia del Programa Paisano.
El borrador, que dice estar inspirado en aspectos de las normas de Argentina y Canadá, propone prohibir el ingreso al país a extranjeros que presenten documentación falsa o que hayan sido expulsados sin obtener el acuerdo de readmisión.
También prevé le negativa de ingreso a México para aquellos que hayan sido condenados penalmente o estén cumpliendo una condena por delitos graves o vinculados al tráfico de indocumentados o la trata de personas.
Con la nueva ley, el INM también busca abrogarse la facultad para negar el ingreso o permanencia a extranjeros "por razones de seguridad".
Algunas situaciones que ya suceden en los hechos, también se buscan inscribir en la ley. Por ejemplo, el borrador dice que que los lugares destinados al tránsito internacional de personas serán los únicos sitios donde se permitirá la entrada y salida de personas en México.
El texto plantea que las empresas transportistas, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, serán obligadas a remitir información al INM sobre sus pasajeros y les hará responsables de regresar a sus países a los extranjeros que les sea negada la entrada al país.
Las compañías que incumplan esa disposición serán sancionadas, al igual que aquellas que no comprueben la validez y vigencia de la documentación de sus pasajeros.
Abel Barajas, Reforma, 29 de septiembre.
La atribución se contempla en el anteproyecto de Ley de Migración, aun en etapa de estudio, con el objeto de que el INM no dependa de la Secretaría de Gobernación para solicitarle a otras dependencias o gobiernos información de extranjeros.
El borrador prevé reducir a los extranjeros los requisitos de internación al país, pero al mismo tiempo busca establecer otras disposiciones que van encaminadas a tener un mayor control de información sobre los flujos de personas.
Por ejemplo, de acuerdo con el documento, el INM pretende descentralizar los trámites migratorios y otorgarle facultades a sus delegaciones regionales, con el objeto de contar con registros más dinámicos.
Al mismo tiempo, según el anteproyecto, se llevará a la ley la creación de un Sistema de Predocumentación y Preinternación Aérea y Marítima, e igualmente se busca que el INM tenga la facultad de fijar los requisitos de visado.
En paralelo, se estudia establecer un "Sistema Automatizado de Información Migratoria", con el objeto de registrar, organizar, actualizar y difundir los datos, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia.
Se estudia también establecer obligaciones en materia migratoria para autoridades administrativas federales, del Distrito Federal y locales.
Otra tarea que se contempla es prever en la ley la existencia de los Grupos Beta, el establecimiento de su competencia y campos de acción; crear otros grupos de auxilio a migrantes y establecer en la norma secundaria la existencia del Programa Paisano.
El borrador, que dice estar inspirado en aspectos de las normas de Argentina y Canadá, propone prohibir el ingreso al país a extranjeros que presenten documentación falsa o que hayan sido expulsados sin obtener el acuerdo de readmisión.
También prevé le negativa de ingreso a México para aquellos que hayan sido condenados penalmente o estén cumpliendo una condena por delitos graves o vinculados al tráfico de indocumentados o la trata de personas.
Con la nueva ley, el INM también busca abrogarse la facultad para negar el ingreso o permanencia a extranjeros "por razones de seguridad".
Algunas situaciones que ya suceden en los hechos, también se buscan inscribir en la ley. Por ejemplo, el borrador dice que que los lugares destinados al tránsito internacional de personas serán los únicos sitios donde se permitirá la entrada y salida de personas en México.
El texto plantea que las empresas transportistas, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, serán obligadas a remitir información al INM sobre sus pasajeros y les hará responsables de regresar a sus países a los extranjeros que les sea negada la entrada al país.
Las compañías que incumplan esa disposición serán sancionadas, al igual que aquellas que no comprueben la validez y vigencia de la documentación de sus pasajeros.
Abel Barajas, Reforma, 29 de septiembre.
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