TUXTLA GUTIÉRREZ.- La reforma constitucional en materia penal permitirá dar un tratamiento diferente a los delitos relacionados con la delincuencia organizada y enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad que padece el País, consideró ayer Indalfer Infante, Magistrado de circuito y consejero de la Judicatura Federal.
Además, aseguró que no se han detectado casos de corrupción en el ámbito de la justicia federal.
"Le puedo hablar a nivel federal, y no hemos detectado situaciones de corrupción. Eso sí se los puedo decir.
"Nuestros jueces son jueces de carrera. Ingresan desde los escalones más bajos de la carrera judicial, vienen bien vigilados en todo ese aspecto, bien preparados, y ahí no hay. Podríamos diferir en su forma de resolver y en los criterios que puedan tener, pero no podemos hablar de corrupción", expresó.
Entrevistado en el marco de la clausura de la primera etapa del "Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia penal", el consejero dijo que ésta contribuirá a reducir la impunidad y a agilizar la solución de casos.
"La reforma es para mejorar, para que no haya impunidad", afirmó.
Reconoció que durante el Congreso, los magistrados y jueces asistentes expresaron sus inquietudes en relación con la delincuencia organizada.
"La misma reforma seguramente le va a dar un tratamiento diferente a los aspectos de delincuencia organizada. Claro que sí hay inquietudes al respecto, sobre todo porque si son juicios orales van a tener mucha publicidad, va a haber mucha gente al respecto y el tema de la seguridad va a ser muy importante", señaló.
Al explicar en qué consistiría dicho tratamiento, manifestó que, de entrada, para los delitos relacionados con la delincuencia organizada deberá haber prisión preventiva inmediata, mientras que para los de otro tipo se podría seguir el proceso en libertad.
Infante González sostuvo que la reforma constitucional permitirá enfrentar de mejor manera no sólo la crisis de seguridad, sino todo lo relacionado con los procesos penales.
Finalmente, dijo que en caso necesario se brindará mayor protección a los jueces relacionados con casos de delincuencia organizada.
Elvia Rosa Díaz de León, consejera de la Judicatura Federal, señaló que en México se viven tiempos distintos y se dijo convencida de que el Poder Judicial de la Federación seguirá siendo garante del respeto de los derechos fundamentales y de la preservación del orden constitucional.
Al clausurar los trabajos del Congreso, en los que participaron unos 75 magistrados y jueces de 10 estados, explicó que se analizaron temas como orden de aprehensión y auto de vinculación al proceso, el sistema actual de recursos procesales en relación con los juicios orales y la necesidad de la restricción de la procedencia del juicio de amparo.
La segunda y tercera fases del Congreso Nacional de Juzgadores se realizarán en octubre y noviembre, en Toluca y Monterrey.
Además, aseguró que no se han detectado casos de corrupción en el ámbito de la justicia federal.
"Le puedo hablar a nivel federal, y no hemos detectado situaciones de corrupción. Eso sí se los puedo decir.
"Nuestros jueces son jueces de carrera. Ingresan desde los escalones más bajos de la carrera judicial, vienen bien vigilados en todo ese aspecto, bien preparados, y ahí no hay. Podríamos diferir en su forma de resolver y en los criterios que puedan tener, pero no podemos hablar de corrupción", expresó.
Entrevistado en el marco de la clausura de la primera etapa del "Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia penal", el consejero dijo que ésta contribuirá a reducir la impunidad y a agilizar la solución de casos.
"La reforma es para mejorar, para que no haya impunidad", afirmó.
Reconoció que durante el Congreso, los magistrados y jueces asistentes expresaron sus inquietudes en relación con la delincuencia organizada.
"La misma reforma seguramente le va a dar un tratamiento diferente a los aspectos de delincuencia organizada. Claro que sí hay inquietudes al respecto, sobre todo porque si son juicios orales van a tener mucha publicidad, va a haber mucha gente al respecto y el tema de la seguridad va a ser muy importante", señaló.
Al explicar en qué consistiría dicho tratamiento, manifestó que, de entrada, para los delitos relacionados con la delincuencia organizada deberá haber prisión preventiva inmediata, mientras que para los de otro tipo se podría seguir el proceso en libertad.
Infante González sostuvo que la reforma constitucional permitirá enfrentar de mejor manera no sólo la crisis de seguridad, sino todo lo relacionado con los procesos penales.
Finalmente, dijo que en caso necesario se brindará mayor protección a los jueces relacionados con casos de delincuencia organizada.
Elvia Rosa Díaz de León, consejera de la Judicatura Federal, señaló que en México se viven tiempos distintos y se dijo convencida de que el Poder Judicial de la Federación seguirá siendo garante del respeto de los derechos fundamentales y de la preservación del orden constitucional.
Al clausurar los trabajos del Congreso, en los que participaron unos 75 magistrados y jueces de 10 estados, explicó que se analizaron temas como orden de aprehensión y auto de vinculación al proceso, el sistema actual de recursos procesales en relación con los juicios orales y la necesidad de la restricción de la procedencia del juicio de amparo.
La segunda y tercera fases del Congreso Nacional de Juzgadores se realizarán en octubre y noviembre, en Toluca y Monterrey.
María Teresas del Riego, corresponsal, Reforrma, 28 de septiembre.
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