Para la organización civil Sin Fronteras, en México existe discriminación en materia de acceso al trabajo para los migrantes, dependiendo del tipo de actividad que realicen.
Según el organismo, cuando el extranjero que solicita trabajar en el País es empresario o inversionista, se le dan todas las facilidades para obtener directamente una FM2, forma que les ayuda a tramitar su residencia o naturalización.
Sin embargo, a los trabajadores independientes que no tienen un título profesional o que subsisten de un ingreso mínimo -como trabajadoras domésticas o albañiles-, se les autoriza de entrada la forma FM3, que no les posibilita la residencia en el país.
El organismo critica que el empleador tenga el poder de correr a un trabajador extranjero y que, de no existir un vínculo legal por la que el extranjero deba permanecer en México, puede procederse a su deportación.
Para Sin Fronteras, los extranjeros menos capacitados son los más afectados.
Además, considera que los trabajadores agrícolas tienen todavía mayores restricciones, pues se les otorgan permisos provisionales donde únicamente pueden trabajar en la zona donde están autorizados para una actividad específica.
De esta forma, los trabajadores agrícolas no pueden cambiar de trabajo, y los empleadores son los más beneficiados, pues el permiso depende del contrato laboral.
Los trabajadores fronterizos, señala la organización, pueden realizar cualquier actividad, pero el INM les pide una carta de oferta del empleador, y tampoco se pueden cambiar de trabajo, a menos de que tengan una nueva autorización de la Secretaría de Gobernación.
Otro aspecto que cuestiona Sin Fronteras es que puede extender por varios meses la autorización para que un extranjero venga a trabajar a México, aún cuando tenga una oferta laboral. Además, queda a discreción de la autoridad migratoria si autoriza o no la internación.
Según el organismo, cuando el extranjero que solicita trabajar en el País es empresario o inversionista, se le dan todas las facilidades para obtener directamente una FM2, forma que les ayuda a tramitar su residencia o naturalización.
Sin embargo, a los trabajadores independientes que no tienen un título profesional o que subsisten de un ingreso mínimo -como trabajadoras domésticas o albañiles-, se les autoriza de entrada la forma FM3, que no les posibilita la residencia en el país.
El organismo critica que el empleador tenga el poder de correr a un trabajador extranjero y que, de no existir un vínculo legal por la que el extranjero deba permanecer en México, puede procederse a su deportación.
Para Sin Fronteras, los extranjeros menos capacitados son los más afectados.
Además, considera que los trabajadores agrícolas tienen todavía mayores restricciones, pues se les otorgan permisos provisionales donde únicamente pueden trabajar en la zona donde están autorizados para una actividad específica.
De esta forma, los trabajadores agrícolas no pueden cambiar de trabajo, y los empleadores son los más beneficiados, pues el permiso depende del contrato laboral.
Los trabajadores fronterizos, señala la organización, pueden realizar cualquier actividad, pero el INM les pide una carta de oferta del empleador, y tampoco se pueden cambiar de trabajo, a menos de que tengan una nueva autorización de la Secretaría de Gobernación.
Otro aspecto que cuestiona Sin Fronteras es que puede extender por varios meses la autorización para que un extranjero venga a trabajar a México, aún cuando tenga una oferta laboral. Además, queda a discreción de la autoridad migratoria si autoriza o no la internación.
Silvia Garduño, Reforma, 29 de septiembre.
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