La Suprema Corte avaló que por medio de un juicio de amparo se puedan impugnar las reformas que se realicen a la Constitución. Al ordenar que se admita el primer juicio, el cual se presentó en contra de las modificaciones constitucionales en materia electoral, la Corte decidió abrir la puerta para crear medios de defensa contra violaciones de la propia Carta Magna.
Este lunes inició el estudio de los más de 40 amparos que presentaron sectores empresariales, culturales y académicos contra las modificaciones electorales. El primero en la lista fue del Centro Empresarial de Jalisco, que forma parte del CCE, donde los ministros anularon la resolución del juez de distrito quien había ordenado desechar la demanda.
Una mayoría de seis ministros apoyaron el proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío, donde declaraba que “la impugnación de las reformas a la Constitución no constituye una causa notoria ni manifiesta”.
El ministro Genaro Góngora agregó que a razón de que el proceso de reformas es complejo, resulta necesario tener certeza de que las modificaciones son conforme a lo previsto en la propia Constitución.
Con la presencia de los abogados empresariales, el ministro José de Jesús Gudiño dijo que el otorgar el amparo significaría que “habría una Constitución para los que entablaron el amparo y otra para los que no fueron al juicio, lo cual sería impensable”.
El ministro presidente, Guillermo Ortiz, defendió el proyecto no por convicción legal, lo hizo basándose en la resolución que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Castañeda. Y es que, dijo, México asumió compromisos internacionales, principalmente el de someterse a la competencia de la CIDH quien ordenó la creación de medios de defensa para todos los derechos humanos.
Este lunes inició el estudio de los más de 40 amparos que presentaron sectores empresariales, culturales y académicos contra las modificaciones electorales. El primero en la lista fue del Centro Empresarial de Jalisco, que forma parte del CCE, donde los ministros anularon la resolución del juez de distrito quien había ordenado desechar la demanda.
Una mayoría de seis ministros apoyaron el proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío, donde declaraba que “la impugnación de las reformas a la Constitución no constituye una causa notoria ni manifiesta”.
El ministro Genaro Góngora agregó que a razón de que el proceso de reformas es complejo, resulta necesario tener certeza de que las modificaciones son conforme a lo previsto en la propia Constitución.
Con la presencia de los abogados empresariales, el ministro José de Jesús Gudiño dijo que el otorgar el amparo significaría que “habría una Constitución para los que entablaron el amparo y otra para los que no fueron al juicio, lo cual sería impensable”.
El ministro presidente, Guillermo Ortiz, defendió el proyecto no por convicción legal, lo hizo basándose en la resolución que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Castañeda. Y es que, dijo, México asumió compromisos internacionales, principalmente el de someterse a la competencia de la CIDH quien ordenó la creación de medios de defensa para todos los derechos humanos.
Paloma Alcántara, El Economista, 30 de septiembre.
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