Necesario, atacar el enriquecimiento del crimen organizado: Medina Mora

Con la ley de extinción de dominio propuesta por el presidente Felipe Calderón se pretende que el Estado mexicano pueda sustraer a los delincuentes aquellos bienes que hayan obtenido mediante sus actividades ilícitas, con el propósito de utilizarlos de inmediato para crear un fondo permanente que permita reparar el daño económico a las víctimas de un delito, indicó ayer Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Apenas unas horas después de que los cuerpos de 17 personas ejecutadas fueron encontrados en Baja California, Medina Mora aseguró ante fiscales y representantes de 28 naciones que participan en la Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación contra la Corrupción y el Cohecho Internacional –efectuada en el Distrito Federal–, que las autoridades mexicanas derrotarán, con el apoyo ciudadano, al crimen organizado.

“México vive hoy una guerra contra el narcotráfico en la que es esencial golpear los nodos de creación de valor de la delincuencia organizada (…) pues es debido a la lamentable relación que existe entre organizaciones criminales y la corrupción, que la ley de extinción de dominio podrá ayudar de manera indirecta a combatirla”, puntualizó Medina Mora.

De aprobarse esta ley, explicó, será un valioso instrumento con el que se atacará, de forma indirecta, el enriquecimiento del crimen organizado.

Explicó que las autoridades federales podrán iniciar un procedimiento ante jueces de distrito dedicados exclusivamente a esta materia, con la finalidad de lograr la adjudicación de los bienes en favor del Estado.

Añadió que estas acciones serán posibles independientemente de los procesos penales que se le sigan al presunto delincuente, “incluso cuando dichos bienes se encuentren adjudicados a un tercero, siempre y cuando el acusado se comporte como dueño de los mismos”.

Medina Mora refirió que en el actual marco jurídico, los bienes confiscados al crimen organizado no pasan de inmediato al Estado, sino que se sigue todo un procedimiento legal que puede durar varios años.

Sobre los mecanismos de colaboración internacional, el titular de la PGR explicó que a la fecha “no se ha negado solicitud de extradición internacional alguna por causa del secreto bancario”.

Sostuvo que “con la entrada en vigor del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el 3 de diciembre de 2002, México tipificó en su legislación el delito de financiamiento al terrorismo, de tal forma que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a establecer medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer de cualquier forma la comisión de los delitos de terrorismo y lavado de dinero”.

Asimismo, agregó que en breve se presentará la Estrategia Nacional para el Combate al Lavado de Dinero, con el propósito de regular las transacciones financieras que se realizan en efectivo, principalmente en la compra de bienes raíces y bienes de consumo, como automóviles o joyas.

Indicó que las bandas del crimen organizado mantienen la mayoría de sus recursos escondidos en casas de seguridad, y dijo que se estima que alrededor de 10 mil millones de dólares en efectivo que los narcotraficantes obtienen de la venta de drogas cruzan cada año la frontera entre Estados Unidos y México.

“Ese dinero, obviamente, es usado por asociaciones de delincuencia organizada en transacciones que no tienen una regulación adecuada”, destacó.

Alfredo Méndez, La Jornada, 30 de septiembre.