El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero, advirtió ayer a senadores que en caso de que no se apruebe el impuesto de 2 por ciento al consumo, “la pelota está en la cancha del Poder Legislativo”, ya que el Congreso deberá entonces “diseñar y definir el presupuesto” del próximo año y cómo financiarlo.
La respuesta de los legisladores no se hizo esperar: “no, la pelota no está en nuestra cancha, no caiga en esa trampa”, ya que “querer venderle a los pobres la idea de que los legisladores están contra ellos”, por no aprobar ese impuesto, “me parece de enorme perversidad”, le replicó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Jiménez Macías.
A su vez, el perredista Graco Ramírez aseveró: “ojalá podamos trabajar con ustedes el plan B, porque no habrá 2 por ciento”, y censuró que el gobierno federal haya emprendido una campaña intimidatoria para presionar al Congreso a que se apruebe ese incremento “disfrazado” al IVA.
Durante su comparencia ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, con motivo de la glosa del tercer Informe presidencial, Cordero defendió con todo, pese a las críticas, ese impuesto general al consumo de 2 puntos porcentuales, denominado “contribución contra la pobreza”.
A nombre de la fracción del PRI, el senador Adolfo Toledo Infanzón señaló que no se valen “los chantajes con los que se intenta presionar al Congreso para que apruebe sin discusión el paquete económico, argumentando la urgencia de atender a los pobres”.
Advirtió que no se vale entrar en justificaciones, “comparando los pobres que provocó la crisis de 1995 con los que han fabricado en los últimos años”, ya que recientemente “la población en pobreza aumentó 5.1 millones, pese a que desde (el sexenio de Vicente) Fox han tenido los más grandes recursos”.
No es concebible, recalcó Toledo Infanzón, que se destine tanto dinero a la publicidad gubernamental, cuando día a día crece el número de pobres.
En respuesta, el titular de Sedeso sostuvo que la crisis de 1995 generó 18 millones de pobres más, y en los últimos dos años sólo 5.1 millones: “gracias a la oportunidad y pertinencia de las políticas anticíclicas del gobierno federal evitamos una caída” similar a la de hace 14 años.
“No especulen”, porque los “datos que está presentando corresponden a una encuesta de entre agosto y noviembre de 2008, cuando el gobierno federal decía que tendríamos un catarrito”, le dijo el también senador priísta Rogelio Rueda.
Advirtió que los efectos de la crisis aún no se han evaluado y el Banco Mundial afirmó que habría otros 10 millones de personas en situación precaria.
Cordero respondió que “para la Sedeso esta crisis no fue nunca un catarrito”, y que se actuó “de la manera más oportuna”.
Insistió en las “bondades” del aumento de 2 por ciento, con el que se generarán, detalló, 71 mil millones de pesos, de los cuales “20 mil millones van en automático a los estados y municipios, otros 20 mil millones a Oportunidades, 4 mil 800 millones al Programa Alimentario, 11 mil millones al Seguro Popular, 139 millones al Programa Verde-Escolares Indígenas, 145 millones al Programa Caravana de Salud, 71 millones a Jornaleros Agrícolas y lo demás a otros”.
El funcionario garantizó a los senadores que los recursos recaudados por medio de ese impuesto se aplicarán de forma transparente, y aseguró que los programas sociales tienen seis vertientes de blindaje y cuentan con beneficiarios localizados.
En cuanto a las críticas que le formularon por el uso electoral de la política social, aseguró: “no es el gobierno federal el eslabón débil” en la utilización partidista de los recursos contra la pobreza, sino los gobiernos estatales.
La respuesta de los legisladores no se hizo esperar: “no, la pelota no está en nuestra cancha, no caiga en esa trampa”, ya que “querer venderle a los pobres la idea de que los legisladores están contra ellos”, por no aprobar ese impuesto, “me parece de enorme perversidad”, le replicó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Jiménez Macías.
A su vez, el perredista Graco Ramírez aseveró: “ojalá podamos trabajar con ustedes el plan B, porque no habrá 2 por ciento”, y censuró que el gobierno federal haya emprendido una campaña intimidatoria para presionar al Congreso a que se apruebe ese incremento “disfrazado” al IVA.
Durante su comparencia ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, con motivo de la glosa del tercer Informe presidencial, Cordero defendió con todo, pese a las críticas, ese impuesto general al consumo de 2 puntos porcentuales, denominado “contribución contra la pobreza”.
A nombre de la fracción del PRI, el senador Adolfo Toledo Infanzón señaló que no se valen “los chantajes con los que se intenta presionar al Congreso para que apruebe sin discusión el paquete económico, argumentando la urgencia de atender a los pobres”.
Advirtió que no se vale entrar en justificaciones, “comparando los pobres que provocó la crisis de 1995 con los que han fabricado en los últimos años”, ya que recientemente “la población en pobreza aumentó 5.1 millones, pese a que desde (el sexenio de Vicente) Fox han tenido los más grandes recursos”.
No es concebible, recalcó Toledo Infanzón, que se destine tanto dinero a la publicidad gubernamental, cuando día a día crece el número de pobres.
En respuesta, el titular de Sedeso sostuvo que la crisis de 1995 generó 18 millones de pobres más, y en los últimos dos años sólo 5.1 millones: “gracias a la oportunidad y pertinencia de las políticas anticíclicas del gobierno federal evitamos una caída” similar a la de hace 14 años.
“No especulen”, porque los “datos que está presentando corresponden a una encuesta de entre agosto y noviembre de 2008, cuando el gobierno federal decía que tendríamos un catarrito”, le dijo el también senador priísta Rogelio Rueda.
Advirtió que los efectos de la crisis aún no se han evaluado y el Banco Mundial afirmó que habría otros 10 millones de personas en situación precaria.
Cordero respondió que “para la Sedeso esta crisis no fue nunca un catarrito”, y que se actuó “de la manera más oportuna”.
Insistió en las “bondades” del aumento de 2 por ciento, con el que se generarán, detalló, 71 mil millones de pesos, de los cuales “20 mil millones van en automático a los estados y municipios, otros 20 mil millones a Oportunidades, 4 mil 800 millones al Programa Alimentario, 11 mil millones al Seguro Popular, 139 millones al Programa Verde-Escolares Indígenas, 145 millones al Programa Caravana de Salud, 71 millones a Jornaleros Agrícolas y lo demás a otros”.
El funcionario garantizó a los senadores que los recursos recaudados por medio de ese impuesto se aplicarán de forma transparente, y aseguró que los programas sociales tienen seis vertientes de blindaje y cuentan con beneficiarios localizados.
En cuanto a las críticas que le formularon por el uso electoral de la política social, aseguró: “no es el gobierno federal el eslabón débil” en la utilización partidista de los recursos contra la pobreza, sino los gobiernos estatales.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 25 de septiembre.
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