Acota la Corte el fuero militar

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia resolvió que integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones a derechos humanos deben ser juzgados en tribunales civiles, y no militares.

Adoptó así un criterio de aplicación en casos futuros: "Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar".

Al analizar la sentencia de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la llamada "guerra sucia", el Alto Tribunal también modificó un antiguo criterio y determinó que todos los jueces y magistrados del país, sin excepción, están obligados a corroborar que las leyes que apliquen se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que antes era exclusivo del Poder Judicial federal.

Lo resuelto en torno al fuero militar, fue explicado así por el ministro Arturo Zaldívar: "Siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado sus derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la jurisdicción será del fuero común, porque hay una decisión de la Corte Interamericana que, hemos decidido, nos obliga y nos vincula".

El precepto fue aprobado por los 10 ministros asistentes al pleno —Margarita Luna Ramos, quien era la ponente del proyecto, está en una comisión internacional—, aunque tres de ellos: Salvador Aguirre, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar expresaron reservas, con las que sólo contribuyeron a la confusión del dictamen.

Desde el principio Aguirre sostuvo que la Corte no debía pronunciarse sobre el tema: "¿Qué vela tenemos en este entierro? Es una orden al Legislativo de producir un cambio al artículo 57 del Código de Justicia Militar, ¿Qué estamos haciendo? Metiéndonos en lo que no nos incumbe".

Sin embargo, José Ramón Cossío —quien asumió el proyecto ante la ausencia de Luna—, reviró: "No creo que el único destinatario de esta resolución sea el legislador, también nosotros somos destinatarios".

Al final, pese a las salvedades de algunos, se decidió de manera unánime que en expedientes futuros todos los juzgadores del país deben replicar o estar en contra de los lineamientos establecidos en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el que se señala que en casos de delitos en los cuales concurran militares y civiles, "los primeros serán juzgados por la justicia militar".

Lo anterior, coincidió la mayoría, también es acorde con la reciente reforma al artículo primero de la Carta Magna, el cual dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con tratados internacionales, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".

Sin embargo, la determinación de la Corte tiene limitaciones, como lo admitió Guillermo Ortiz Mayagoitia: "De aquí en adelante esta Suprema Corte está dispuesta a interpretar el tema en los términos que propone la sentencia de la Corte Interamericana…, es simplemente un compromiso moral".

Para que los efectos sean totales y como lo urgieron los integrantes del Pleno, el Congreso de la Unión deberá reformar el citado artículo 57, porque, como lo refirió la CIDH, es incompatible con los estándares internacionales en derechos humanos y la Convención Americana.

En el ámbito judicial, para convertir este criterio en jurisprudencia obligatoria para todos los juzgadores mexicanos —incluso los militares—, la SCJN acordó reasumir la competencia de casos en los que haya conflicto entre tribunales militares o civiles y resolverlos de acuerdo con lo votado ayer, lo que podría llevar varios meses.

Ampliación. La determinación de que todos los juzgadores puedan interpretar y aplicar la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos fue apoyada por siete ministros, con la negativa de Aguirre, Pardo y Aguilar.

"Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas como mejor se respeten los derechos humanos, de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los tratados", resumió el ministro-presidente, Juan Silva Meza.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 13 de julio.