Acusan sometimiento de CFC en multa a Telcel

Organismos sociales en pro del consumidor exigieron públicamente la restitución del presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, en el caso de la megamulta impuesta a Telcel.

Los dirigentes de Al Consumidor, El Barzón, El Poder del Consumidor y Oxfam México aseguraron que la destitución de Pérez Motta no sólo es ilegal sino una señal de sometimiento de la CFC al poder de los grandes monopolios.

El pasado 23 de junio, decidió destituir al presidente del organismo del caso Telcel, lo que le impide participar en la votación del recurso de reconsideración promovido por la empresa para impugnar la multa impuesta por casi 12 mil millones de pesos.

“Esta recusación del presidente comisionado daña directamente a los consumidores, los cuales hemos pagado alrededor de 32 mil millones de pesos por redondeo en el cobro de tarifas celulares entre otros costos y ahora con esta limitante pretenden ayudar para que se revoque la multa impuesta a Telcel por casi 12 mil millones de pesos”, afirmó Adriana Labardini presidenta de Al Consumidor.

Explicó que como organizaciones civiles no cuentan con los recursos legales para proceder judicialmente en contra de esta actuación de los comisionados, pues sería necesario que la CFC determinara sanciones por prácticas monopólicas absolutas a las empresas para poder ejercer una demanda judicial colectiva.

“Pero si los mismos comisionados de estos organismos realizan este tipo de prácticas para evitar las sanciones, pues los consumidores tenemos muy poca oportunidad de defendernos”, indicó Labardini.

Por su parte, Alfonso Ramirez Cuellar, exigió una declaración pública del Presidente de la República y los secretarios de Economía y Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la CFC para garantizar que sólo se defenderá el interés público.

Dolores Rojas, gerente de campañas de Oxfam México, aseguró que es sin duda una perversidad e ilegalidad pretender capturar a la autoridad, pero aún lo es más que los servidores públicos se dejen capturar cuando se les confió con mayores facultades.

“La reforma a la Ley Federal de Competencia, se logró a pesar de la presión de las empresas sobre los legisladores, y si bien representa un avance, también es cierto que se quedó muy corta”, dijo Rojas.

México • Susana Mendieta, Milenio, 19 de julio.