El senador Carlos Sotelo y la diputada Valentina Batres explicaron que la intención es regular el gasto oficial en medios de comunicación electrónicos, escritos y de otras características, como los anuncios espectaculares.
La propuesta perredista, que busca evitar la discriminación de medios que mantienen una actitud crítica con gobiernos o partidos políticos, establece criterios para la distribución de la publicidad, para lo que será necesario crear un padrón de medios, que incluya tanto información como los niveles de audiencia o el tiraje de las publicaciones.
Para la contratación de espacios en los medios se deberá tomar en cuenta el tipo de medio, la cobertura y características de la audiencia.
La iniciativa propone dividir la publicidad a nivel nacional en 45 por ciento para medios electrónicos -radio, televisión e Internet-, 45 por ciento para medios escritos -diarios y revistas- y 10 por ciento restante para espectaculares, folletos, volantes y carteles.
En el primer caso, 20 por ciento será destinado a la televisión, 20 por ciento a la radio y el 5 por ciento restante a Internet.
"Es un asunto de equidad. La ley regula al Estado y la discrecionalidad con la que hoy utiliza el gasto público para la publicidad oficial en los medios, que hoy se usa como si fueran fondos de un partido político.
"En la actualidad existen medios que, por alguna razón, tienen acceso hasta 80 por ciento de los recursos, lo que demuestra que las decisiones son discrecionales", dijo Sotelo.
Batres explicó que habrá sanciones para los servidores públicos que no cumplan con el nuevo marco legal, que podrán ir desde la suspensión de labores y el pago de la publicidad asignada indebidamente, hasta la inhabilitación del responsable.
"En el caso de los medios electrónicos, el Estado deberá privilegiar no el canal de televisión o a la empresa, sino el programa, porque se trata de que los mensajes realmente lleguen a la ciudadanía.
"Es indispensable dejar claro que esta iniciativa no pretende regular los medios de comunicación, sino el gasto que ejerce el Estado en los contratos de publicidad y que hasta ahora carecen de transparencia", precisó la diputada.
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