A más de dos meses que el Instituto Federal Electoral (IFE) remitiera los primeros oficios a consorcios de radio y televisión, solicitándoles información relacionada con 281 mil espots no reportados por partidos y coaliciones políticas, solamente se ha recibido 30 por ciento de la documentación. Por ello, la Comisión de Fiscalización enviará nuevos “oficios de insistencia”, como paso previo a una solicitud de apoyo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordene a las empresas hacer entrega de los datos requeridos.
Durante una reunión de la citada comisión, también se dejó entrever la inviabilidad que por ahora tiene la solicitud de confronta pública de la información relacionada con los promocionales no reportados por la coalición Por el Bien de Todos, misma que fue solicitada por el Partido de la Revolución Democrática. El presidente de la comisión, Andrés Albo, comentó que esta imposibilidad obedece al procedimiento que se lleva en ese órgano electoral y a la etapa en que se encuentra.
La reunión de este lunes evidenció la tensiones existentes en el IFE, reflejadas en una intensa discusión entre el propio Albo y el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien le había reclamado al primero sus comparaciones recientes entre los casos Amigos de Fox y Pemexgate, con los espots no reportados y los montos presuntamente involucrados.
Ante la discusión, el resto de los consejeros asistentes a la reunión solicitaron dar por terminado el debate sobre un tema que no estaba agendado, y se reanudó ya sin la presencia de Gómez Alcántar.
Al término del encuentro, Albo explicó que se había retomado su propuesta de buscar el apoyo de los magistrados para obligar a la entrega de información por parte de las empresas de radio y televisión. Dijo que en una primera etapa –que comenzó en agosto pasado– se remitieron alrededor de 850 oficios solicitando información a las empresas sobre los espots no reportados por los partidos que aparecían en el monitoreo realizado por el instituto.
Indicó que ya han comenzado a remitir una segunda tanda de oficios, en este caso de “insistencia”, a efecto de que les sea enviada la información, pues hasta el momento sólo la han recibido en 30 por ciento de los casos. El plazo de respuesta fijado para esta segunda etapa es de cinco días.
Albo explicó que, en caso de no recibir respuesta, se solicitaría a los magistrados su intervención para tener una medida judicial de apremio que precipite la entrega de esos datos. Reconoció que entre los integrantes de la comisión se pidió concretar cuál sería el mecanismo jurídico para realizar esta petición.
Hasta ahora los consorcios de radio y televisión han incumplido los convenios firmados por el IFE durante la campaña electoral para enviar la información relacionada con la publicidad política. Posteriormente, la mayor parte no ha remitido estos datos en el contexto de los procedimientos oficiosos iniciados por la autoridad electoral.
Durante una reunión de la citada comisión, también se dejó entrever la inviabilidad que por ahora tiene la solicitud de confronta pública de la información relacionada con los promocionales no reportados por la coalición Por el Bien de Todos, misma que fue solicitada por el Partido de la Revolución Democrática. El presidente de la comisión, Andrés Albo, comentó que esta imposibilidad obedece al procedimiento que se lleva en ese órgano electoral y a la etapa en que se encuentra.
La reunión de este lunes evidenció la tensiones existentes en el IFE, reflejadas en una intensa discusión entre el propio Albo y el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien le había reclamado al primero sus comparaciones recientes entre los casos Amigos de Fox y Pemexgate, con los espots no reportados y los montos presuntamente involucrados.
Ante la discusión, el resto de los consejeros asistentes a la reunión solicitaron dar por terminado el debate sobre un tema que no estaba agendado, y se reanudó ya sin la presencia de Gómez Alcántar.
Al término del encuentro, Albo explicó que se había retomado su propuesta de buscar el apoyo de los magistrados para obligar a la entrega de información por parte de las empresas de radio y televisión. Dijo que en una primera etapa –que comenzó en agosto pasado– se remitieron alrededor de 850 oficios solicitando información a las empresas sobre los espots no reportados por los partidos que aparecían en el monitoreo realizado por el instituto.
Indicó que ya han comenzado a remitir una segunda tanda de oficios, en este caso de “insistencia”, a efecto de que les sea enviada la información, pues hasta el momento sólo la han recibido en 30 por ciento de los casos. El plazo de respuesta fijado para esta segunda etapa es de cinco días.
Albo explicó que, en caso de no recibir respuesta, se solicitaría a los magistrados su intervención para tener una medida judicial de apremio que precipite la entrega de esos datos. Reconoció que entre los integrantes de la comisión se pidió concretar cuál sería el mecanismo jurídico para realizar esta petición.
Hasta ahora los consorcios de radio y televisión han incumplido los convenios firmados por el IFE durante la campaña electoral para enviar la información relacionada con la publicidad política. Posteriormente, la mayor parte no ha remitido estos datos en el contexto de los procedimientos oficiosos iniciados por la autoridad electoral.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de octubre.
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