Las primeras expectativas giraban en torno a si el discurso presidencial retomaría los que previamente habían pronunciado los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación. No fue así. También se pensó que haría referencia a la recién aprobada reforma electoral. Tampoco. Sin embargo, hubo sorpresas, particularmente en lo que se refiere a la renovación de los títulos de concesión, a la falta de menciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el “no” a la toma de instalaciones. A continuación, los sesenta comentarios, 55.04% de los 109 sistematizados, desglosados subtemáticamente para facilitar la lectura y consulta de los interesados.
Puntos de partida y de llegada.
Hay mucha expectativa por el discurso que mañana pronunciará el presidente Felipe Calderón durante la tradicional comida nacional de radio y televisión. Aunque es tiempo de definiciones en diversos rubros relacionados con el sector, es previsible que el jefe del Ejecutivo no haga grandes pronunciamientos sobre los temas relevantes: radio digital terrestre, integración de la Cofetel, contraprestación o no para que Telmex entre a la televisión de paga, posición del gobierno sobre la reforma de medios, tercera cadena de televisión, etcétera
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 9 de octubre.
La política del gobierno de Felipe Calderón parece encontrarse en el documento “Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social”, que recién publicó el Banco Mundial que lleva Robert Zoellick, ex representante comercial de EU. El documento de 119 páginas gira en torno a la “captura del Estado” generado bajo el régimen del PRI, los “intereses creados” y “elites económicas y políticas”, que con “monopolios” que impiden el crecimiento y culmina con la transición democrática.
La similitud entre esos conceptos con el discurso presidencial que escucharán hoy los empresarios de la radio y televisión, encabezados por Enrique Pereda no es coincidencia, pues en el texto del BM coordinado por Yasuhiko Matsuda figuran analistas (Sergio Aguayo, Jorge Alcocer) priistas y ex priistas (Emilio Gamboa, José Ángel Gurría, Genaro Borrego), zedillistas (Juan Salgado) y personajes afines o integrados al gobierno actual como Germán Martínez, Eduardo Sojo, Dionisio Pérez Jácome, Miguel Ángel Yunes y Juan Molinar.
Así que nadie se sorprenda este día en la comida de la CIRT sí Calderón omite el tono conciliador de Luis Téllez y evoca el documento referido del BM, que enfila contra Emilio Azcárraga y Carlos Slim, al urgir acotar “conductas anticompetitivas” como la llamada Ley Televisa, que define como una empresa “propiedad de una de las familias más poderosas de México”, y determina a Telmex como un “monopolio” para el que trabajó Pedro Cerisola, previo a encabezar la SCT en el régimen de Vicente Fox.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 10 de octubre.
El mensaje de Felipe Calderón ante los miembros de la CIRT no deja lugar a dudas de que está de acuerdo con el Congreso. Certeza jurídica, ofrece su gobierno, pero sin que los poderes mediáticos quieran gobernar a su modo.
Por eso el mensaje, muy directo, de que no permitirá otro Chiquihuitazo.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 11 de octubre.
Nada bien debe haber caído a los legisladores de oposición el anuncio hecho ayer por el presidente Felipe Calderón, en el sentido de que las concesiones serán renovadas.
Habrá de todo: algunos dirán que fue un “albazo” del Presidente, otros dirán que no respetó el proceso legislativo.
Y otros, más mesurados, opinarán que la decisión del Ejecutivo no se contrapone en nada a las facultades que tiene el Congreso de legislar.
Pero de que habrá reacciones, las habrá.
Pepe Grillo, Crónica, 11 de octubre.
El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.
Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el Presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral —en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación— y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.
El Presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional —y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano— Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Los concesionarios no le reprocharon nada al mandatario y escogieron a los legisladores, en particular a los integrantes del Senado, como los nuevos villanos de la telenovela nacional. Ocultaron sus intereses económicos y aseguraron, a través de sus locutores estrellas, que lo que les indignaba, hasta casi la histeria, era la libertad de expresión amenazada, según ellos, por los cambios legales. La polvareda que levantaron en sus espacios no pudo ocultar la verdad: un poder fáctico desafiando a uno constitucional, utilizando para ello un bien público que opera bajo el régimen de concesión.
Por todo eso, creció la expectativa en torno a la intervención de Felipe Calderón al término de la comida de la Semana de la Radio y la Televisión. Calderón Hinojosa y Enrique Pereda, presidente en turno de la CIRT, emitieron discursos protocolarios, con frases de cajón y los obligados intercambios de piropos. El mensaje es que ni concesionarios ni funcionarios quieren, por ahora, escalar el diferendo. La discusión sobre la ley de medios es inminente y no es prudente romper lanzas antes de sentarse a la mesa.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de octubre.
En la comida del presidente Calderón, el miércoles pasado, con los concesionarios de radio y televisión, se esperaba una fuerte controversia. Existía la idea de que, después de los evidentes distanciamientos que se habían dado entre los medios electrónicos y los legisladores, por la reforma electoral, que obviamente fue avalada o cuando menos contó con el visto bueno del Ejecutivo, en ese encuentro, el primero público del Presidente con los empresarios del sector, podrían surgir definiciones importantes.
Ocurrió y no de esa manera. No hubo ninguna confrontación pública, pero tampoco acuerdos notables. Muchos concesionarios, sobre todo propietarios de frecuencias de amplitud modulada, una tecnología evidentemente ya sobrepasada, que esperaban que se les otorgaran en automático concesiones de frecuencia modulada, fueron quienes, sobre todo, quedaron descontentos. Y es que el presidente Calderón, en su discurso (creo que conscientemente austero, preciso, casi sin giros retóricos), estableció compromisos y sobre todo reglas del juego. Y no asumió los acuerdos que algunos concesionarios esperaban.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Los consorcios han buscado el tradicional arbitraje del Ejecutivo, como en los viejos tiempos. Pensaron primero que Felipe Calderón era ajeno a la reforma electoral y podría poner las cosas en su lugar. Situación absurda, desde luego. Pero es cierto que Calderón es un importante fiel de la balanza en este jaloneo, primero porque, como “líder nato” del partido más fuerte, puede dar la instrucción a sus bancadas de no ir más allá de ciertos límites. Y porque incluso si ésta se aprobara con una mayoría de la oposición, podría vetarla, aunque ello le quitaría bonos al sugerir debilidad a los grandes poderes. En ese enrarecido ambiente se celebró la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en cuya clausura el invitado de honor suele ser el Presidente de la República. Esa en la que, hace cinco años, por el mero capricho de Marta Sahagún, salió de la manga presidencial el famoso “decretazo” que redujo los tiempos oficiales, que hoy son de nuevo manzana de la discordia. El “decretazo” fue una de las primeras y más claras señales de la sumisión de la “pareja presidencial” a los consorcios mediáticos, pues pasó por alto al grupo de trabajo reunido en Gobernación y que por meses había estado trabajando para promover y proponer una reforma con el fin de abrir y pluralizar el sistema de medios.
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
El discurso de Felipe Calderón ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el miércoles pasado, resultó tal y como se esperaba: ambiguo, para no comprometer posiciones claras, y omiso, para eludir asuntos políticamente “complicados”. Aunque hubo quien tenía expectativas sobre la posibilidad de algún anuncio espectacular nada de eso se produjo; Calderón prefirió refugiarse en el viejo recurso de los políticos mexicanos cuando quieren diferir o no enfrentar la solución de problemas: la ambigüedad y la omisión.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
El gobierno acudió a la reunión anual de los radiodifusores con claro propósito de serenar sus ánimos, alebrestados por la reforma electoral, y también para prometer lo que no está en condiciones de ofrecer, el refrendo automático de las concesiones. El presidente Calderón hizo suyo un falso argumento de los propietarios de los medios electrónicos, cuando se condolió de la "incertidumbre y zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación". Debería ocurrir al contrario: las concesiones se otorgan por un periodo establecido, no ad perpetuam, precisamente para generar certidumbre. Los titulares de la concesión deben saber de antemano qué ocurrirá con su estación: dejarán de ser concesionarios en la fecha indicada. Pero como hasta ahora ha ocurrido la prórroga automática, en clara infracción a las reglas de competencia que deberían operar en ése como en otros mercados, los radiodifusores creen posible todavía rescatar ese principio de perpetuidad que dejó sin vigor la sentencia de la Suprema Corte y que el Senado de la República debe traducir a un nuevo marco legal.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
La libertad de expresión.
Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido con la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma —por ejemplo, por parte de Televisión Azteca— hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.
Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Insistió, y probablemente fue lo más acertado, en que no habrá ningún menoscabo a la libertad de expresión, que ya había sido amenazada con la reforma electoral, y que vuelve a estarlo por algunas de las iniciativas de la ley de medios que se está discutiendo en el Congreso, sobre todo por esa propuesta que plantea la existencia de una suerte de “consejo de notables” que analizarían los contenidos de los medios, una especie de consejo de censura con nombre políticamente correcto, mas inadmisible en el contexto en que se está planteando. El tema de los contenidos, sin embargo, estuvo muy presente en los debates: hablaron de ellos el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna. Felipe Calderón, a cambio de garantizar la libertad de expresión, pidió explícitamente responsabilidad en el uso de los medios, calificados como un bien social
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Finalmente, Calderón vino a calmar las aguas, enviando un mensaje tranquilizador, de apoyo y protección del Ejecutivo a la industria mediática. Reiteró su pleno compromiso con la libertad de expresión, siempre y cuando sea acompañada de responsabilidad y respeto, lo que suena a jalón de orejas por lo ocurrido recientemente. Pero de lo cual se infiere también que la ley de medios, felizmente, no intentará el control de contenidos, si bien además exhortó a mejorar el componente formativo de la programación. Una especie de punto intermedio entre lo dicho por Téllez y Ramírez Acuña.
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
AUNQUE EN LA semana nacional de la radio y TV que organizó la CIRT que preside Enrique Pereda no hubo pronunciamientos importantes, el discurso de Felipe Calderón convocando al gremio a ejercer la libertad de expresión de forma responsable, ha motivado todo género de interpretaciones. Se cree que con los empresarios de la radio no hay problema, no así con las televisoras en donde el ejecutivo buscaría hilar más delgado. De hecho SCT de Luis Téllez mantiene el tema de nuevas concesiones en una especie de impasse. Por eso hay quien habla de un doble discurso, dada la posición crítica del Congreso. Según esto, el Legislativo no ha quitado el dedo del renglón para empujar nuevos concesionarios frente a Televisa de Emilio Azcárraga y TV Azteca de Ricardo Salinas. Incluso habría avances consistentes para modificar la Ley de Telecomunicaciones con iniciativas muy concretas que buscarían disminuir la influencia de Televisa, estableciendo topes hasta del 30 por ciento a su participación de mercado. Esto obligaría a la compañía líder a deshacerse de algunos activos. Incluso se aprovecharía de paso para igualmente propiciar una división de Telmex de Carlos Slim a fin de acrecentar la competencia en telefonía. Como ve el tema podría dar mucho más de que hablar.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 15 de octubre.
La transición a la radio digital.
Del contenido del discurso del Presidente queda claro que, según él, una cosa es la radio y otra la televisión. A los primeros les ofreció “hacer todo lo que está a su alcance” para resolver la desventaja de las estaciones de AM, es decir, darles una frecuencia de FM, además de acelerar la digitalización de la radio. Con ellos, pues, no hay bronca.
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Ante los dueños de la radio Calderón se cansó de enviar guiños de cariño, apoyo y la cereza de los apoyos tecnológicos-digitales para los radiodifusores aunque con el recordatorio de que asuman el papel que les confiere ser permisionarios y concesionarios de un servicio de interés público y de carácter social, así que porfa, ejerzan la libertad de expresión, la cual mi administración promete respetar, con responsabilidad (léase como que si me buscan, me encuentran) y puntualizó que la labor de la radio y la televisión será clave en la aplicación de una estrategia nacional de seguridad (aunque en mi gabinete lo que falta es... estrategia) y ya encarrerados, nunca más permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio y/o televisión (aunque seamos más tolerantes con las travesuras explosivas)... Nunca más dijo. Famous last words?
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el Presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de Amplitud Modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Con la televisión, a la que reconoció por su papel histórico, no hubo mayor ofrecimiento y sí, en cambio, una respetuosa solicitud de apoyar y anteponer los intereses de la nación y el interés público a los del entretenimiento, ya que la industria de radio y televisión tienen una responsabilidad social también, es decir: pórtense bien y la fiesta va en paz
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Calderón en una mano con su canasta de zanahorias mientras la otra la escondía. Con los radiodifusores simpatía a secas y paz. Con Televisa y Tv Azteca... es harina de otro costal, my friend. Marcó una indudable raya. Algo así que como quieran, quiero... o... no.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
Calderón recordó a los concesionarios el mensaje que hace un año, antes de asumir la Presidencia, les dirigió en Cancún. Su política de radiodifusión y telecomunicaciones "estaría guiada por tres Cs: cobertura, convergencia y competencia". Reconoció que "la tecnología se desarrolla más rápido que la normatividad y las políticas públicas" y se comprometió a tomar medidas para acelerar y regular el tan demorado proceso de transición digital de la radio.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
Con respecto al controvertido tema de entregar frecuencias de FM a los actuales propietarios de estaciones de AM, fue mucho más cauteloso. Dijo que reconocía el esfuerzo de familias que habían entregado toda su vida a la industria y, sobre todo, a los pequeños radiodifusores (por alguna razón prácticamente no habló de la televisión en particular) que cubren las zonas más marginales del país. Lo que dijo fue que instruía al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, para que estableciera, de acuerdo con la industria, los mecanismos con el fin de avanzar en el proceso de digitalización del espectro, pero no fue más allá. Dicen algunos propietarios muy importantes, de frecuencias de amplitud modulada, que existe desde fines de la administración de Vicente Fox un compromiso gubernamental de entregar 400 frecuencias de FM a esos mismos dueños. Si entendí bien el mensaje presidencial, esas concesiones no serán entregadas en automático, quizá porque distorsionarían en forma completa el mercado, y también porque consolidarían la concentración de algunos concesionarios en detrimento de otros. En realidad, no tendría que haber sorpresas, como el presidente Calderón dijo, pues su estrategia para el sector está basada en una conjunción de tres ces: “cobertura, convergencia y competencia”. Las ideas presentadas en el discurso pasan por esos tres capítulos: garantizar y apoyar la más amplia cobertura nacional, establecer mecanismos para coadyuvar a la convergencia tecnológica y garantizar la competencia, y ello implica, quizá, una redistribución de jugadores. Una redistribución que no será forzada, pero tampoco automática, si nos atenemos a esa declaración de que van a refrendar las concesiones de “quienes hayan cumplido con la ley”.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Pese a su inclinación a decir barbaridades, Vicente Fox tenía la cualidad de fijar posiciones claras ante muchos asuntos. Por ejemplo, cuando se le preguntó si ejercería las facultades del Poder Ejecutivo en el caso de la toma violenta del Canal 40 por parte de Televisión Azteca, soltó su célebre “¿Y yo por qué?”, una toma de postura tan clara y contundente como impugnable. Cuando una periodista lo abordó y se identificó como reportera del IMER, Fox respondió: “¿Y eso qué es?”, tras lo cual quedó clara la suerte que correría ese instituto en su sexenio.
No es el caso de Calderón a quien, hasta ahora, no se le conocen posiciones claras sobre el tema de la comunicación. Su planteamiento de las tres “C” (“cobertura, convergencia y competencia”), que repite incesantemente, no pasa de ser un esquema mientras no se le dote de objetivos claros y acciones precisas.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
Calderón se citó a sí mismo recordando que hace un año ofreció que su política en esta materia incluiría cobertura, convergencia y competencia. No ha avanzado un milímetro en esos aspectos y por ello no pudo anunciar medidas específicas al respecto, sino sólo que se "está trabajando". No pudo por ello responder al pedido específico de la cámara de la industria, que demanda antes que la definición sobre los estándares para pasar a la digitalización el que se autoricen los combos, es decir, el otorgamiento de concesiones de frecuencia modulada a los radiodifusores que sólo cuentan con amplitud modulada. Calderón ni siquiera se dio por enterado de ese pedido específico y urgente.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
La renovación de las concesiones.
El presidente de la República se refirió también a la incertidumbre en los concesionarios al ver que se acerca el vencimiento de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación. No dejen de preocuparse, perdón, "no deben de preocuparse", les dijo, y agregó que también le había encomendado al secretario Téllez que, junto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino, a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones y estaremos atentos a que lo hagan a partir del cumplimiento de la ley y de su compromiso con México.
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 11 de octubre.
La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el Presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.
Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes, el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Claro que insistió en que ocurrirá "en el marco de la ley" y que se trataría de "armonizar el cumplimiento de la ley" con las aspiraciones de los radiodifusores, pero quizá el presidente Calderón asumió un compromiso que no está facultado para cumplir o los concesionarios esperan que lo haga sin el preámbulo jurídico. La sentencia de la Suprema Corte relativa a las reformas a la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones eliminó el refrendo automático, por lo que la nueva formulación de la ley deberá colocar a los actuales concesionarios en el mismo plano que otros peticionarios de concesiones. Calderón no puede ofrecer nada distinto de eso. Si lo hizo para congraciarse con su auditorio, al que halagó hasta decir que son promotores del apego a la legalidad, cuando los concesionarios del duopolio televisivo la violan minuto a minuto, quizá los frustrará llegado el momento de la renovación.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 12 de octubre.
Pero aparte de ambiguo, el discurso de Calderón fue errático. Ofreció a los concesionarios: “He instruido... al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, para que junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones...”. Probablemente sus asesores no le informaron que el camino para renovar concesiones no lo tienen que definir la SCT y la CIRT porque ya lo está en la Ley Federal de Radio y Televisión. Fue establecido con las modificaciones que la Suprema Corte de Justicia realizó a esa ley en mayo de este año y consiste en que una vez terminadas las concesiones los titulares de éstas tendrán que participar en un proceso de licitación, junto con otros aspirantes, en el cual tendrán preferencia sobre terceros, pero donde existe la posibilidad de que no se les renueven si se presentan mejores propuestas. Es grave que se exhorte a la SCT y a la CIRT para tomar acuerdos sobre la renovación de concesiones cuando ambas, simplemente, deberían acatar la ley.
Otros temas relevantes quedaron fuera del discurso de Calderón, por ejemplo, la postura de la Presidencia respecto al tema de la reforma electoral, y la definición de una política precisa sobre la radio digital y de las estaciones de AM.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
El presidente Calderón siguió la línea trazada por su secretario. Dijo: “Sé que existe una legítima preocupación por la incertidumbre y la zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación… Por eso les digo que no deben preocuparse”.
Pero, en principio, un régimen de concesiones no debería generar incertidumbre económica para sus beneficiarios, ese rasgo debe estar explícitamente considerado en sus planes de negocio y las expectativas de rentabilidad y, si se opera conforme a la ley no debería haber problema para continuarlas. Esa ley debe, sin embargo, ofrecer condiciones similares para los concesionarios que ya existen y los nuevos entrantes y no ser una barrera a la entrada que provoque situaciones de privilegio.
León Bendesky, La Jornada, 15 de octubre.
La declaración del Presidente ha sido vista por algunos críticos como una declaración pública de que el gobierno violará la decisión de la Suprema Corte de Justicia que obliga a una licitación al vencimiento de cada concesión. Pero los propios fallos de los ministros parecen abrir el camino para el anuncio que el Presidente hizo este 10 de octubre. Efectivamente, en su fallo sobre el artículo 17-G de la Ley de Radio y Televisión, la Corte determinó que la "subasta pública" no debe ser el criterio de definición de la licitación por frecuencias. Esto nos regresa al tiempo en que el presidente de la República tomaba decisiones discrecionales para asignar frecuencias. Y eso es probablemente lo que vamos a ver en los próximos años. El Presidente va a escoger a quiénes les refrenda las frecuencias y a quiénes no.
Es una lástima que estemos regresando a una situación en que la industria depende nuevamente de la buena voluntad del Presidente para sobrevivir. Es una pena que la radio y la televisión deban quedar bien con la autoridad en turno. Pero las decisiones de la Suprema Corte son incontrovertibles.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 15 de octubre.
¿Qué es lo que quiso decir el presidente Calderón con eso que “junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión” se definirá “el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones...”? ¿Que no acaso dichos procedimientos corresponde establecerlos única y exclusivamente a la SCT, con base en la sentencia de la Corte? Como afirma el colega Fernando Mejía Barquera (Milenio, 13 de octubre), “es grave que se exhorte a la SCT y a la CIRT para tomar acuerdos sobre la renovación de concesiones cuando ambas, simplemente, deberían acatar la ley”.
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 16 de octubre.
Tanto Téllez el lunes como Calderón el miércoles se proclamaron, a la vieja usanza, gestores de la radiodifusión concesionada: "He instruido al secretario Téllez -dijo el Presidente a los radiodifusores, 'para que no se preocupen'- para que junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones". Ese mejor camino no tiene que definirlo su colaborador con los sujetos regulados sino el Congreso de la Unión, por lo cual Calderón no estaba en condiciones de ofrecer seguridades al respecto, salvo la observancia del principio de competencia, en que los interesados pujen en igualdad de circunstancias por las frecuencias licitadas.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
¿Quién renueva los títulos de concesión?
Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.
Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “c”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
De destacar fue la referencia en por lo menos dos ocasiones que hizo el presidente Calderón de dar instrucciones al secretario Luis Téllez para que atienda asuntos de la industria, sin mencionar a la Cofetel, a quien hasta la fecha le toca operar los temas de la radio y la televisión, según la ley vigente (mientras dure), o sea, que no quede duda de quién manda en estos temas para Calderón.
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Ante el golpe a la certidumbre abierto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Radio y Televisión de declarar inconstitucional la renovación automática de las concesiones, el Presidente dijo: "No deben preocuparse... He instruido también al secretario Téllez para que, junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones".
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
A PESAR de que todo fue diplomática tersura en la comida entre Felipe Calderón y los concesionarios de radio y televisión, hubo alguien que salió con los pelos de punta.
ESE ALGUIEN FUE Héctor Osuna, el tan cuestionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien se sigue aferrando al hueso... perdón, al puesto, hasta con las uñas.
LA TEMBLORINA de Osuna obedecía a que el presidente Felipe Calderón fue muy, pero muy clarito al puntualizar que el otorgamiento y refrendo de las concesiones es competencia, única y exclusivamente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza Luis Téllez.
ESA ACLARACIÓN ante los empresarios radiofónicos y televisivos le pega de lleno al titular de la Cofetel que ya se andaba promocionando como el santo al que había que hincársele en materia de concesiones.
PERO POR la cara que traía ayer Osuna, una de dos: o le cayó mal la comida o lo indigestó el discurso presidencial.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 11 de octubre.
Quizá lo más importante del discurso presidencial fue el compromiso, ese sí explícito, de que se trabajará con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (no nombró en ningún momento a la Comisión Federal de Telecomunicaciones) en la renovación de todas las concesiones de los empresarios que “hayan cumplido con la ley”.
Según algunos, podrá resultar innecesaria esa condición, pero resulta clave para entender cuál es el verdadero compromiso presidencial en el tema. En otras palabras y como se confirmó en el resto del discurso, ninguno de los compromisos que asumió el Ejecutivo se dio sin pedir una contraparte a los concesionarios.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
No a la toma de instalaciones.
Y si de apapachos se trata, el michoacano se reunió con la cúpula “defensora de la libertad de expresión” agrupada en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), a la que reiteró su compromiso de “triple C”: cobertura, convergencia y competencia (sin tercera cadena de televisión, obvio es).
A ellos dijo también que “en mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley”, de tal suerte que “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 11 de octubre.
Al final no hubo confrontación. El Presidente no llegó al Hotel Camino Real ayer para regañar a los concesionarios de radio y televisión, como lo hizo un día antes el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuando les exigió mejorar los contenidos. Por el contrario, Calderón se mostró conciliador. Ofreció lo que podía: por ejemplo, evitar las tomas violentas de emisoras -como las que ocurrieron el año pasado en Oaxaca- y cerrar las estaciones pirata. Pero se abstuvo de tocar los temas que pudieran haber resultado controvertidos, como las enmiendas a los artículos constitucionales que tocan el proceso electoral o la nueva Ley de Radio y Televisión que ya se discute en el Senado.
Las cicatrices de la confrontación eran, sin embargo, visibles. El presidente del Senado, Santiago Creel, no estaba en el presídium como correspondía. La representación del Senado la llevaba su correligionario José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva. Por otra parte, no había en el presídium ningún diputado.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusoras comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Conciliador, aseguró que la libertad de expresión debe ir de la mano con el respeto hacia los demás. Reiteró que su gobierno será respetuoso de la ley, y hará que se respete.
—Ya no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio ilícito en el país.
Más de uno se cuestiona a quién iba dirigido el mensaje.
Unos dicen, por ejemplo, que pudo haber sido a los integrantes y simpatizantes de la APPO, en Oaxaca, o bien, el caso de Televisión Azteca en contra de CNI Canal 40.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 11 de octubre.
Pero, como siempre, uno es el dicho y otro el hecho, porque si el inquilino de Los Pinos fuera congruente, de tiempo atrás hubiera procedido en contra del grupo, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, que violentamente secuestró las instalaciones del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite y se apropió ilegalmente de la concesión, aunque bien podría revirar: “¡y yo por qué!”
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 11 de octubre.
El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de cinco años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.
Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aún no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.
Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
A contrapelo de las interpretaciones que se están haciendo, lo cierto es que cuando el presidente Felipe Calderón habló de no permitir “nunca más” la toma de instalaciones de medios electrónicos, se refería a las realizadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la capital de la entidad federativa mixteca
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 11 de octubre.
El fantasma del Chiquihuite y Oaxaca esbozaba una interesante sonrisa. En momentos donde la presente administración pide billete, mucho billete para combatir a la organizada delincuencia... y a los inequívocos movimientos sociales que llegarán a su punto de ebullición en este sexenio. Y Felipe lo sabe.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
El presidente Calderón se refirió al tema de las estaciones pirata que invaden frecuencias y no se ajustan a las reglas que se imponen a los concesionarios legítimos. "Los primeros meses de mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley".
Dijo también: "Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos. Nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país". Entre las personas del presídium que aplaudían estaba Mary Aguirre, dueña de dos de las emisoras oaxaqueñas tomadas por la APPO el año pasado ante la pasividad de las autoridades federales.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
En otra parte de su discurso, Calderón afirmó que su gobierno ha tomado acciones para proteger a la industria de la radiodifusión; recordó que en los primeros meses se ha cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y anunció que van a clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley. Los malosos interpretaron que se refería las estaciones "Radio AMLO", otros comentaron que a las del EPR, a las del EZLN, en fin. El primer mandatario también advirtió que su gobierno "no permitirá que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país..." Tal advertencia arrancó aplausos de los concesionarios de la radio y la televisión, pero también generó cierta suspicacia entre los asistentes, quienes se preguntaban: ¿se refirió al EPR, al EZLN y a otros grupitos subversivos, o fue el clásico "te lo digo, Juana, para lo entiendas, Chana".
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 11 de octubre.
Y arrancó un fuerte aplauso su promesa de que ya no se tolerarán tomas violentas de estaciones mediáticas. ¿Se refería exclusivamente a lo ocurrido en Oaxaca con la APPO o pensaba también en la famosa “toma del Chiquihuite”? Ésa, a la que Fox dio su visto bueno y de la que después se quiso desentender, dejando en claro que él, de jefe de Estado, nada. Unos sólo entendieron Oaxaca, otros sólo el Chiquihuite. ¿Pensaba Felipe en ambos? Calderón habló también de una mayor competencia en el ramo, animando a los posibles afectados a aceptar el reto, lo cual sugiere que la ley de medios sí avanzará por esa ruta. Lo que queda en veremos es hasta dónde lo hará. El tono del discurso de Felipe fue esencialmente conciliatorio, pero vale la pena considerar la observación de Sergio Sarmiento: “(Calderón) se llevó un cerrado aplauso de los concesionarios. Pero, cuidado, porque ese no es el termómetro del ánimo de los radiodifusores” (11/X/07).
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
El 27 de diciembre de 2002, Felipe Calderón era el líder de los diputados del PAN. No dijo nada especial en aquellas fechas sobre la toma de la planta transmisora de CNI/Canal 40 por parte de una banda de pistoleros de Tv Azteca. Lo hace cinco años después, el miércoles 10 de octubre de 2007, al expresar como Presidente de la República: “No permitiremos nunca más una toma violenta de instalaciones de medios electrónicos”.
Qué bueno que lo haya dicho, porque su gobierno puede, todavía, colaborar en la reparación del agravio. Los asesores del Presidente deben conocer bien la historia, saber que el Chiquihuitazo físico fue seguido por un Chiquihuitazo técnico, con una triste colaboración de Los Pinos, por acción, y de Bucareli, por omisión.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de octubre.
En su discurso del miércoles, Calderón pronunció frases como ésta: “Ya no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”. ¿A quién estaba dirigido el mensaje? Sólo Calderón y sus colaboradores más cercanos lo saben. Por eso se ha interpretado de varias formas. Los concesionarios, aparentemente, entendieron que a la APPO y por eso se levantaron para aplaudir. Otros han señalado que el destinatario fue Tv Azteca. Y también hay quien piensa que fue para los dos. En el caso de la APPO, las estaciones tomadas ya fueron devueltas a sus respectivos concesionarios. Pero en el Canal 40 eso no ha ocurrido. El Ejecutivo tiene facultades para efectuar la devolución y no lo ha hecho. Cierto, las cosas sucedieron en el sexenio pasado, pero la irregularidad jurídica en que opera el 40 sigue vigente. Que el Ejecutivo actual no ejerza sus facultades en este caso es también una forma de decir: “¿Y yo por qué?”.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
Otra seguridad, ésa sí a su alcance, anunció Calderón a los radiodifusores, en un ambiente si no fúnebre sí requerido del entusiasmo que mostró la otra estrella de la comida anual, la cantante regia Alicia Villarreal. "Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos: nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país". La vehemencia presidencial no se refería, por supuesto, a la usurpación del Canal 40 de televisión, iniciada materialmente con el asalto a sus instalaciones en el Cerro del Chiquihuite y continuada después con la ocupación de la señal. Es cierto que el caso se encuentra sub judice, es decir, sujeto al arbitrio judicial, pero también lo es que formalmente el concesionario no revocado ha ofrecido información suficiente a la autoridad (tanto bajo al gobierno de Fox como al actual) como para provocar una visita de inspección que determine si quien transmite está dotado del título administrativo vigente que le permita hacerlo. El canal pirata operado por TV Azteca sólo permanece al aire por la cómplice lenidad cotidiana de la autoridad, que contradice la proclama de apego a la ley emitida por Calderón.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
Su anuncio, la semana pasada como hace un año, se refirió a la toma de estaciones comerciales en Oaxaca por miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ellos sí obligados a acatar la ley que infringe Ricardo Salinas Pliego. La decisión gubernamental de "proteger a la industria de la radiodifusión" incluye la persecución a lo que desde la perspectiva oficial es piratería (otra piratería en todo caso, digo por mi parte): "en los primeros meses de mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley".
Entre ellas se encuentran dos estaciones poblanas silenciadas apenas el 1o. y 2 de octubre, en la capital misma y en Xaltepec, municipio de Palmar de Bravo. Inspectores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aseguraron a la brava sus equipos.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
El discurso de Enrique Pereda.
La cámara chachalaca de radio y televisión ya no dijo ayer ni pío respecto a las supuestas pretensiones dictatoriales que primero el Senado, y luego los diputados federales y estatales aprobaron para suprimir el negocio de la propaganda electoral pagada. Reunidos los principales dirigentes de la radiodifusión con el licenciado FC (que ha hecho saber que apoya las medidas tomadas por los legisladores) no aprovecharon el momento para lanzar discursos incendiarios ni retomar la heroica defensa de la libertad de expresión que en otros momentos habían difundido incluso en golpista cadena nacional. El discurso del dirigente formal de la citada cámara (los que mandan son los dueños de las empresas más importantes, pero ponen por delante a algún personaje de segundo o tercer nivel para que haga lo que le ordenen esos poderosos de verdad) fue sedoso, lleno de peticiones para que el gremio sea ayudado en cuanto a actualizaciones tecnológicas y renovación de concesiones. ¡Oh, sí, gracias anticipadas, bondadoso señor Presidente!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 11 de octubre.
Sentimientos encontrados provocó entre los industriales de la Radio y la Televisión el presidente Felipe Calderón con su discurso, en el que les ofreció su respaldo para la modernización tecnológica y se comprometió a garantizar la libertad de expresión, tanto como a evitar la toma violenta de estaciones de Radio y Televisión. Sin embargo entre los radiodifusores había enojo porque ni siquiera mencionó el tema que les preocupa: el de los combos
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 11 de octubre.
Las ausencias en el discurso.
Ausentes del discurso de Calderón estuvieron las enmiendas constitucionales a las reglas electorales que dentro de poco llegarán al escritorio del Presidente para su firma y publicación. Tampoco mencionó la nueva Ley de Radio y Televisión que ya está considerando el Senado y que reemplazará a la que apenas se promulgó el año pasado. ¿Para qué tratarlas? La reforma electoral ya está aprobada y el Presidente no tiene facultades para echarla para atrás y la Ley de Radio y Televisión es por el momento responsabilidad del Congreso.
El Presidente conciliador al final se llevó un cerrado aplauso de los concesionarios. Pero cuidado porque eso no es termómetro del ánimo de los radiodifusores. El aplauso es la norma en una industria que sabe que depende de la buena voluntad del Ejecutivo, especialmente ahora que la Suprema Corte de Justicia ha cancelado los artículos de la Ley de Radio y Televisión que daban más independencia a los concesionarios.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
¿Qué es lo que no dijo el presidente Calderón? Mucho; entre otros aspectos, lo siguiente: a) qué sucederá con la integración de la Cofetel, luego de que la Corte le puso en bandeja de plata la renovación total del pleno, independientemente del curso que tienen los amparos promovidos por Rafael del Villar y Gonzalo Martínez, y b) cuál será la posición del gobierno en torno de la reforma al marco legal de los medios que se prepara en la Cámara de Senadores.
Tampoco quiso decir: c) qué sucederá con la tan prometida transición analógico-digital de la radio y las acciones para apoyar a los concesionarios y permisionarios de emisoras de AM (que desde hace años exigen sus canales “combo” de FM); d) si se le quitará o no el candado que tiene Telmex en su título de concesión para ofrecer servicio de televisión restringida, y e) cuáles son las metas y los tiempos para hacer realidad sus reiteradas y bien intencionadas, pero hasta huecas tres “c” de competencia, convergencia y cobertura
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 16 de octubre.
Comentarios finales.
El Presidente se mostró conciliador, incluso generoso. Reiteró que impulsará la fórmula de las tres “c”; cobertura, convergencia y competencia para el desarrollo de la industria. Ofreció concretar la transición digital que tanto preocupa a las estaciones de Amplitud Modulada, establecer procedimientos claros para la renovación de concesiones e impedir la toma violenta de estaciones de radio y televisión en cualquier plaza de la República.
La tersura de los discursos no debe engañarnos. La tensión continuará hasta que salga la ley de medios. Los concesionarios saben que el Ejecutivo no podrá vetar la reforma electoral porque incluye cambios al texto de la Constitución; pero sí, llegado el momento, podrá hacerlo con la ley de medios, que pude ser aprobada por las bancadas del PRD y el PRI, incluso sin los votos del PAN. Pero si el contenido no les conviene o afecta sus planes de negocio, los grandes concesionarios podrán pedir a la casa presidencial el favor de vetar la ley. De manera que su futuro está en manos de Calderón, como en la campaña del 2006 la victoria del panista estuvo en sus manos. Vueltas que da la vida.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de octubre.
Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.
No tenía por qué ser agresivo. Pero el Presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante de él sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Fue una comida muy interesante —en el marco de la 49 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, organizada por cámara que agrupa a los concesionarios de esos medios— en la que el presidente Calderón envió un mensaje a los concesionarios: —Asuman el papel que les confiere ser concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 11 de octubre.
Si el presidente Calderón fue claro en su discurso, la relación con los medios electrónicos (e insisto, llamó la atención que no hiciera casi referencia a las dos grandes televisoras, como si allí hubiera un capítulo aparte en la agenda gubernamental) se regirá por esos principios de cobertura, convergencia y competencia y, en un marco de quid pro quo o, en un tono mucho más popular, será dando y dando.
El discurso presidencial podrá haber gustado o no a algunos concesionarios, pero de lo que no cabe duda es que estableció, para el resto del sexenio, las reglas de un juego, de una relación, que apenas comienza.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Con mucho dinero de por medio, mucha presión y mucha corrupción, se le arrebató la concesión al único concesionario de la señal de Canal 40, Javier Moreno Valle. Hoy, con tortuosas resoluciones jurídicas agarradas de alfileres, Tv Azteca usurpa esa frecuencia.
Si las palabras del miércoles 10 de octubre quieren decir que hay un compromiso del gobierno federal para ayudar a restituir aquello de lo que alguien ha sido desposeído, Felipe Calderón está en aptitud de tomar las decisiones pertinentes para corregir una alteración del orden público.
No se trata de que el Ejecutivo transforme el vergonzoso “¿Y yo por qué?”, de Fox, en un acto restaurador igual de irresponsable. No. Se trata de recuperar el principio de equidad. De que la Presidencia de la República apoye las acciones para que se dé a cada quien lo que es suyo. Sin dañar a nadie.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de octubre.
Puntos de partida y de llegada.
Hay mucha expectativa por el discurso que mañana pronunciará el presidente Felipe Calderón durante la tradicional comida nacional de radio y televisión. Aunque es tiempo de definiciones en diversos rubros relacionados con el sector, es previsible que el jefe del Ejecutivo no haga grandes pronunciamientos sobre los temas relevantes: radio digital terrestre, integración de la Cofetel, contraprestación o no para que Telmex entre a la televisión de paga, posición del gobierno sobre la reforma de medios, tercera cadena de televisión, etcétera
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 9 de octubre.
La política del gobierno de Felipe Calderón parece encontrarse en el documento “Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social”, que recién publicó el Banco Mundial que lleva Robert Zoellick, ex representante comercial de EU. El documento de 119 páginas gira en torno a la “captura del Estado” generado bajo el régimen del PRI, los “intereses creados” y “elites económicas y políticas”, que con “monopolios” que impiden el crecimiento y culmina con la transición democrática.
La similitud entre esos conceptos con el discurso presidencial que escucharán hoy los empresarios de la radio y televisión, encabezados por Enrique Pereda no es coincidencia, pues en el texto del BM coordinado por Yasuhiko Matsuda figuran analistas (Sergio Aguayo, Jorge Alcocer) priistas y ex priistas (Emilio Gamboa, José Ángel Gurría, Genaro Borrego), zedillistas (Juan Salgado) y personajes afines o integrados al gobierno actual como Germán Martínez, Eduardo Sojo, Dionisio Pérez Jácome, Miguel Ángel Yunes y Juan Molinar.
Así que nadie se sorprenda este día en la comida de la CIRT sí Calderón omite el tono conciliador de Luis Téllez y evoca el documento referido del BM, que enfila contra Emilio Azcárraga y Carlos Slim, al urgir acotar “conductas anticompetitivas” como la llamada Ley Televisa, que define como una empresa “propiedad de una de las familias más poderosas de México”, y determina a Telmex como un “monopolio” para el que trabajó Pedro Cerisola, previo a encabezar la SCT en el régimen de Vicente Fox.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 10 de octubre.
El mensaje de Felipe Calderón ante los miembros de la CIRT no deja lugar a dudas de que está de acuerdo con el Congreso. Certeza jurídica, ofrece su gobierno, pero sin que los poderes mediáticos quieran gobernar a su modo.
Por eso el mensaje, muy directo, de que no permitirá otro Chiquihuitazo.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 11 de octubre.
Nada bien debe haber caído a los legisladores de oposición el anuncio hecho ayer por el presidente Felipe Calderón, en el sentido de que las concesiones serán renovadas.
Habrá de todo: algunos dirán que fue un “albazo” del Presidente, otros dirán que no respetó el proceso legislativo.
Y otros, más mesurados, opinarán que la decisión del Ejecutivo no se contrapone en nada a las facultades que tiene el Congreso de legislar.
Pero de que habrá reacciones, las habrá.
Pepe Grillo, Crónica, 11 de octubre.
El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.
Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el Presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral —en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación— y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.
El Presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional —y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano— Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Los concesionarios no le reprocharon nada al mandatario y escogieron a los legisladores, en particular a los integrantes del Senado, como los nuevos villanos de la telenovela nacional. Ocultaron sus intereses económicos y aseguraron, a través de sus locutores estrellas, que lo que les indignaba, hasta casi la histeria, era la libertad de expresión amenazada, según ellos, por los cambios legales. La polvareda que levantaron en sus espacios no pudo ocultar la verdad: un poder fáctico desafiando a uno constitucional, utilizando para ello un bien público que opera bajo el régimen de concesión.
Por todo eso, creció la expectativa en torno a la intervención de Felipe Calderón al término de la comida de la Semana de la Radio y la Televisión. Calderón Hinojosa y Enrique Pereda, presidente en turno de la CIRT, emitieron discursos protocolarios, con frases de cajón y los obligados intercambios de piropos. El mensaje es que ni concesionarios ni funcionarios quieren, por ahora, escalar el diferendo. La discusión sobre la ley de medios es inminente y no es prudente romper lanzas antes de sentarse a la mesa.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de octubre.
En la comida del presidente Calderón, el miércoles pasado, con los concesionarios de radio y televisión, se esperaba una fuerte controversia. Existía la idea de que, después de los evidentes distanciamientos que se habían dado entre los medios electrónicos y los legisladores, por la reforma electoral, que obviamente fue avalada o cuando menos contó con el visto bueno del Ejecutivo, en ese encuentro, el primero público del Presidente con los empresarios del sector, podrían surgir definiciones importantes.
Ocurrió y no de esa manera. No hubo ninguna confrontación pública, pero tampoco acuerdos notables. Muchos concesionarios, sobre todo propietarios de frecuencias de amplitud modulada, una tecnología evidentemente ya sobrepasada, que esperaban que se les otorgaran en automático concesiones de frecuencia modulada, fueron quienes, sobre todo, quedaron descontentos. Y es que el presidente Calderón, en su discurso (creo que conscientemente austero, preciso, casi sin giros retóricos), estableció compromisos y sobre todo reglas del juego. Y no asumió los acuerdos que algunos concesionarios esperaban.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Los consorcios han buscado el tradicional arbitraje del Ejecutivo, como en los viejos tiempos. Pensaron primero que Felipe Calderón era ajeno a la reforma electoral y podría poner las cosas en su lugar. Situación absurda, desde luego. Pero es cierto que Calderón es un importante fiel de la balanza en este jaloneo, primero porque, como “líder nato” del partido más fuerte, puede dar la instrucción a sus bancadas de no ir más allá de ciertos límites. Y porque incluso si ésta se aprobara con una mayoría de la oposición, podría vetarla, aunque ello le quitaría bonos al sugerir debilidad a los grandes poderes. En ese enrarecido ambiente se celebró la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en cuya clausura el invitado de honor suele ser el Presidente de la República. Esa en la que, hace cinco años, por el mero capricho de Marta Sahagún, salió de la manga presidencial el famoso “decretazo” que redujo los tiempos oficiales, que hoy son de nuevo manzana de la discordia. El “decretazo” fue una de las primeras y más claras señales de la sumisión de la “pareja presidencial” a los consorcios mediáticos, pues pasó por alto al grupo de trabajo reunido en Gobernación y que por meses había estado trabajando para promover y proponer una reforma con el fin de abrir y pluralizar el sistema de medios.
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
El discurso de Felipe Calderón ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el miércoles pasado, resultó tal y como se esperaba: ambiguo, para no comprometer posiciones claras, y omiso, para eludir asuntos políticamente “complicados”. Aunque hubo quien tenía expectativas sobre la posibilidad de algún anuncio espectacular nada de eso se produjo; Calderón prefirió refugiarse en el viejo recurso de los políticos mexicanos cuando quieren diferir o no enfrentar la solución de problemas: la ambigüedad y la omisión.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
El gobierno acudió a la reunión anual de los radiodifusores con claro propósito de serenar sus ánimos, alebrestados por la reforma electoral, y también para prometer lo que no está en condiciones de ofrecer, el refrendo automático de las concesiones. El presidente Calderón hizo suyo un falso argumento de los propietarios de los medios electrónicos, cuando se condolió de la "incertidumbre y zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación". Debería ocurrir al contrario: las concesiones se otorgan por un periodo establecido, no ad perpetuam, precisamente para generar certidumbre. Los titulares de la concesión deben saber de antemano qué ocurrirá con su estación: dejarán de ser concesionarios en la fecha indicada. Pero como hasta ahora ha ocurrido la prórroga automática, en clara infracción a las reglas de competencia que deberían operar en ése como en otros mercados, los radiodifusores creen posible todavía rescatar ese principio de perpetuidad que dejó sin vigor la sentencia de la Suprema Corte y que el Senado de la República debe traducir a un nuevo marco legal.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
La libertad de expresión.
Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido con la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma —por ejemplo, por parte de Televisión Azteca— hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.
Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Insistió, y probablemente fue lo más acertado, en que no habrá ningún menoscabo a la libertad de expresión, que ya había sido amenazada con la reforma electoral, y que vuelve a estarlo por algunas de las iniciativas de la ley de medios que se está discutiendo en el Congreso, sobre todo por esa propuesta que plantea la existencia de una suerte de “consejo de notables” que analizarían los contenidos de los medios, una especie de consejo de censura con nombre políticamente correcto, mas inadmisible en el contexto en que se está planteando. El tema de los contenidos, sin embargo, estuvo muy presente en los debates: hablaron de ellos el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna. Felipe Calderón, a cambio de garantizar la libertad de expresión, pidió explícitamente responsabilidad en el uso de los medios, calificados como un bien social
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Finalmente, Calderón vino a calmar las aguas, enviando un mensaje tranquilizador, de apoyo y protección del Ejecutivo a la industria mediática. Reiteró su pleno compromiso con la libertad de expresión, siempre y cuando sea acompañada de responsabilidad y respeto, lo que suena a jalón de orejas por lo ocurrido recientemente. Pero de lo cual se infiere también que la ley de medios, felizmente, no intentará el control de contenidos, si bien además exhortó a mejorar el componente formativo de la programación. Una especie de punto intermedio entre lo dicho por Téllez y Ramírez Acuña.
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
AUNQUE EN LA semana nacional de la radio y TV que organizó la CIRT que preside Enrique Pereda no hubo pronunciamientos importantes, el discurso de Felipe Calderón convocando al gremio a ejercer la libertad de expresión de forma responsable, ha motivado todo género de interpretaciones. Se cree que con los empresarios de la radio no hay problema, no así con las televisoras en donde el ejecutivo buscaría hilar más delgado. De hecho SCT de Luis Téllez mantiene el tema de nuevas concesiones en una especie de impasse. Por eso hay quien habla de un doble discurso, dada la posición crítica del Congreso. Según esto, el Legislativo no ha quitado el dedo del renglón para empujar nuevos concesionarios frente a Televisa de Emilio Azcárraga y TV Azteca de Ricardo Salinas. Incluso habría avances consistentes para modificar la Ley de Telecomunicaciones con iniciativas muy concretas que buscarían disminuir la influencia de Televisa, estableciendo topes hasta del 30 por ciento a su participación de mercado. Esto obligaría a la compañía líder a deshacerse de algunos activos. Incluso se aprovecharía de paso para igualmente propiciar una división de Telmex de Carlos Slim a fin de acrecentar la competencia en telefonía. Como ve el tema podría dar mucho más de que hablar.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 15 de octubre.
La transición a la radio digital.
Del contenido del discurso del Presidente queda claro que, según él, una cosa es la radio y otra la televisión. A los primeros les ofreció “hacer todo lo que está a su alcance” para resolver la desventaja de las estaciones de AM, es decir, darles una frecuencia de FM, además de acelerar la digitalización de la radio. Con ellos, pues, no hay bronca.
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Ante los dueños de la radio Calderón se cansó de enviar guiños de cariño, apoyo y la cereza de los apoyos tecnológicos-digitales para los radiodifusores aunque con el recordatorio de que asuman el papel que les confiere ser permisionarios y concesionarios de un servicio de interés público y de carácter social, así que porfa, ejerzan la libertad de expresión, la cual mi administración promete respetar, con responsabilidad (léase como que si me buscan, me encuentran) y puntualizó que la labor de la radio y la televisión será clave en la aplicación de una estrategia nacional de seguridad (aunque en mi gabinete lo que falta es... estrategia) y ya encarrerados, nunca más permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio y/o televisión (aunque seamos más tolerantes con las travesuras explosivas)... Nunca más dijo. Famous last words?
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el Presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de Amplitud Modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Con la televisión, a la que reconoció por su papel histórico, no hubo mayor ofrecimiento y sí, en cambio, una respetuosa solicitud de apoyar y anteponer los intereses de la nación y el interés público a los del entretenimiento, ya que la industria de radio y televisión tienen una responsabilidad social también, es decir: pórtense bien y la fiesta va en paz
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Calderón en una mano con su canasta de zanahorias mientras la otra la escondía. Con los radiodifusores simpatía a secas y paz. Con Televisa y Tv Azteca... es harina de otro costal, my friend. Marcó una indudable raya. Algo así que como quieran, quiero... o... no.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
Calderón recordó a los concesionarios el mensaje que hace un año, antes de asumir la Presidencia, les dirigió en Cancún. Su política de radiodifusión y telecomunicaciones "estaría guiada por tres Cs: cobertura, convergencia y competencia". Reconoció que "la tecnología se desarrolla más rápido que la normatividad y las políticas públicas" y se comprometió a tomar medidas para acelerar y regular el tan demorado proceso de transición digital de la radio.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
Con respecto al controvertido tema de entregar frecuencias de FM a los actuales propietarios de estaciones de AM, fue mucho más cauteloso. Dijo que reconocía el esfuerzo de familias que habían entregado toda su vida a la industria y, sobre todo, a los pequeños radiodifusores (por alguna razón prácticamente no habló de la televisión en particular) que cubren las zonas más marginales del país. Lo que dijo fue que instruía al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, para que estableciera, de acuerdo con la industria, los mecanismos con el fin de avanzar en el proceso de digitalización del espectro, pero no fue más allá. Dicen algunos propietarios muy importantes, de frecuencias de amplitud modulada, que existe desde fines de la administración de Vicente Fox un compromiso gubernamental de entregar 400 frecuencias de FM a esos mismos dueños. Si entendí bien el mensaje presidencial, esas concesiones no serán entregadas en automático, quizá porque distorsionarían en forma completa el mercado, y también porque consolidarían la concentración de algunos concesionarios en detrimento de otros. En realidad, no tendría que haber sorpresas, como el presidente Calderón dijo, pues su estrategia para el sector está basada en una conjunción de tres ces: “cobertura, convergencia y competencia”. Las ideas presentadas en el discurso pasan por esos tres capítulos: garantizar y apoyar la más amplia cobertura nacional, establecer mecanismos para coadyuvar a la convergencia tecnológica y garantizar la competencia, y ello implica, quizá, una redistribución de jugadores. Una redistribución que no será forzada, pero tampoco automática, si nos atenemos a esa declaración de que van a refrendar las concesiones de “quienes hayan cumplido con la ley”.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Pese a su inclinación a decir barbaridades, Vicente Fox tenía la cualidad de fijar posiciones claras ante muchos asuntos. Por ejemplo, cuando se le preguntó si ejercería las facultades del Poder Ejecutivo en el caso de la toma violenta del Canal 40 por parte de Televisión Azteca, soltó su célebre “¿Y yo por qué?”, una toma de postura tan clara y contundente como impugnable. Cuando una periodista lo abordó y se identificó como reportera del IMER, Fox respondió: “¿Y eso qué es?”, tras lo cual quedó clara la suerte que correría ese instituto en su sexenio.
No es el caso de Calderón a quien, hasta ahora, no se le conocen posiciones claras sobre el tema de la comunicación. Su planteamiento de las tres “C” (“cobertura, convergencia y competencia”), que repite incesantemente, no pasa de ser un esquema mientras no se le dote de objetivos claros y acciones precisas.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
Calderón se citó a sí mismo recordando que hace un año ofreció que su política en esta materia incluiría cobertura, convergencia y competencia. No ha avanzado un milímetro en esos aspectos y por ello no pudo anunciar medidas específicas al respecto, sino sólo que se "está trabajando". No pudo por ello responder al pedido específico de la cámara de la industria, que demanda antes que la definición sobre los estándares para pasar a la digitalización el que se autoricen los combos, es decir, el otorgamiento de concesiones de frecuencia modulada a los radiodifusores que sólo cuentan con amplitud modulada. Calderón ni siquiera se dio por enterado de ese pedido específico y urgente.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
La renovación de las concesiones.
El presidente de la República se refirió también a la incertidumbre en los concesionarios al ver que se acerca el vencimiento de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación. No dejen de preocuparse, perdón, "no deben de preocuparse", les dijo, y agregó que también le había encomendado al secretario Téllez que, junto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino, a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones y estaremos atentos a que lo hagan a partir del cumplimiento de la ley y de su compromiso con México.
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 11 de octubre.
La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el Presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.
Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes, el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Claro que insistió en que ocurrirá "en el marco de la ley" y que se trataría de "armonizar el cumplimiento de la ley" con las aspiraciones de los radiodifusores, pero quizá el presidente Calderón asumió un compromiso que no está facultado para cumplir o los concesionarios esperan que lo haga sin el preámbulo jurídico. La sentencia de la Suprema Corte relativa a las reformas a la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones eliminó el refrendo automático, por lo que la nueva formulación de la ley deberá colocar a los actuales concesionarios en el mismo plano que otros peticionarios de concesiones. Calderón no puede ofrecer nada distinto de eso. Si lo hizo para congraciarse con su auditorio, al que halagó hasta decir que son promotores del apego a la legalidad, cuando los concesionarios del duopolio televisivo la violan minuto a minuto, quizá los frustrará llegado el momento de la renovación.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 12 de octubre.
Pero aparte de ambiguo, el discurso de Calderón fue errático. Ofreció a los concesionarios: “He instruido... al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, para que junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones...”. Probablemente sus asesores no le informaron que el camino para renovar concesiones no lo tienen que definir la SCT y la CIRT porque ya lo está en la Ley Federal de Radio y Televisión. Fue establecido con las modificaciones que la Suprema Corte de Justicia realizó a esa ley en mayo de este año y consiste en que una vez terminadas las concesiones los titulares de éstas tendrán que participar en un proceso de licitación, junto con otros aspirantes, en el cual tendrán preferencia sobre terceros, pero donde existe la posibilidad de que no se les renueven si se presentan mejores propuestas. Es grave que se exhorte a la SCT y a la CIRT para tomar acuerdos sobre la renovación de concesiones cuando ambas, simplemente, deberían acatar la ley.
Otros temas relevantes quedaron fuera del discurso de Calderón, por ejemplo, la postura de la Presidencia respecto al tema de la reforma electoral, y la definición de una política precisa sobre la radio digital y de las estaciones de AM.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
El presidente Calderón siguió la línea trazada por su secretario. Dijo: “Sé que existe una legítima preocupación por la incertidumbre y la zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación… Por eso les digo que no deben preocuparse”.
Pero, en principio, un régimen de concesiones no debería generar incertidumbre económica para sus beneficiarios, ese rasgo debe estar explícitamente considerado en sus planes de negocio y las expectativas de rentabilidad y, si se opera conforme a la ley no debería haber problema para continuarlas. Esa ley debe, sin embargo, ofrecer condiciones similares para los concesionarios que ya existen y los nuevos entrantes y no ser una barrera a la entrada que provoque situaciones de privilegio.
León Bendesky, La Jornada, 15 de octubre.
La declaración del Presidente ha sido vista por algunos críticos como una declaración pública de que el gobierno violará la decisión de la Suprema Corte de Justicia que obliga a una licitación al vencimiento de cada concesión. Pero los propios fallos de los ministros parecen abrir el camino para el anuncio que el Presidente hizo este 10 de octubre. Efectivamente, en su fallo sobre el artículo 17-G de la Ley de Radio y Televisión, la Corte determinó que la "subasta pública" no debe ser el criterio de definición de la licitación por frecuencias. Esto nos regresa al tiempo en que el presidente de la República tomaba decisiones discrecionales para asignar frecuencias. Y eso es probablemente lo que vamos a ver en los próximos años. El Presidente va a escoger a quiénes les refrenda las frecuencias y a quiénes no.
Es una lástima que estemos regresando a una situación en que la industria depende nuevamente de la buena voluntad del Presidente para sobrevivir. Es una pena que la radio y la televisión deban quedar bien con la autoridad en turno. Pero las decisiones de la Suprema Corte son incontrovertibles.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 15 de octubre.
¿Qué es lo que quiso decir el presidente Calderón con eso que “junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión” se definirá “el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones...”? ¿Que no acaso dichos procedimientos corresponde establecerlos única y exclusivamente a la SCT, con base en la sentencia de la Corte? Como afirma el colega Fernando Mejía Barquera (Milenio, 13 de octubre), “es grave que se exhorte a la SCT y a la CIRT para tomar acuerdos sobre la renovación de concesiones cuando ambas, simplemente, deberían acatar la ley”.
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 16 de octubre.
Tanto Téllez el lunes como Calderón el miércoles se proclamaron, a la vieja usanza, gestores de la radiodifusión concesionada: "He instruido al secretario Téllez -dijo el Presidente a los radiodifusores, 'para que no se preocupen'- para que junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones". Ese mejor camino no tiene que definirlo su colaborador con los sujetos regulados sino el Congreso de la Unión, por lo cual Calderón no estaba en condiciones de ofrecer seguridades al respecto, salvo la observancia del principio de competencia, en que los interesados pujen en igualdad de circunstancias por las frecuencias licitadas.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
¿Quién renueva los títulos de concesión?
Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.
Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “c”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
De destacar fue la referencia en por lo menos dos ocasiones que hizo el presidente Calderón de dar instrucciones al secretario Luis Téllez para que atienda asuntos de la industria, sin mencionar a la Cofetel, a quien hasta la fecha le toca operar los temas de la radio y la televisión, según la ley vigente (mientras dure), o sea, que no quede duda de quién manda en estos temas para Calderón.
Jorge Álvarez, Excélsior, 11 de octubre.
Ante el golpe a la certidumbre abierto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Radio y Televisión de declarar inconstitucional la renovación automática de las concesiones, el Presidente dijo: "No deben preocuparse... He instruido también al secretario Téllez para que, junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, defina el mejor camino a fin de que en el marco de la ley se establezcan procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones".
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
A PESAR de que todo fue diplomática tersura en la comida entre Felipe Calderón y los concesionarios de radio y televisión, hubo alguien que salió con los pelos de punta.
ESE ALGUIEN FUE Héctor Osuna, el tan cuestionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien se sigue aferrando al hueso... perdón, al puesto, hasta con las uñas.
LA TEMBLORINA de Osuna obedecía a que el presidente Felipe Calderón fue muy, pero muy clarito al puntualizar que el otorgamiento y refrendo de las concesiones es competencia, única y exclusivamente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza Luis Téllez.
ESA ACLARACIÓN ante los empresarios radiofónicos y televisivos le pega de lleno al titular de la Cofetel que ya se andaba promocionando como el santo al que había que hincársele en materia de concesiones.
PERO POR la cara que traía ayer Osuna, una de dos: o le cayó mal la comida o lo indigestó el discurso presidencial.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 11 de octubre.
Quizá lo más importante del discurso presidencial fue el compromiso, ese sí explícito, de que se trabajará con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (no nombró en ningún momento a la Comisión Federal de Telecomunicaciones) en la renovación de todas las concesiones de los empresarios que “hayan cumplido con la ley”.
Según algunos, podrá resultar innecesaria esa condición, pero resulta clave para entender cuál es el verdadero compromiso presidencial en el tema. En otras palabras y como se confirmó en el resto del discurso, ninguno de los compromisos que asumió el Ejecutivo se dio sin pedir una contraparte a los concesionarios.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
No a la toma de instalaciones.
Y si de apapachos se trata, el michoacano se reunió con la cúpula “defensora de la libertad de expresión” agrupada en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), a la que reiteró su compromiso de “triple C”: cobertura, convergencia y competencia (sin tercera cadena de televisión, obvio es).
A ellos dijo también que “en mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley”, de tal suerte que “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 11 de octubre.
Al final no hubo confrontación. El Presidente no llegó al Hotel Camino Real ayer para regañar a los concesionarios de radio y televisión, como lo hizo un día antes el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuando les exigió mejorar los contenidos. Por el contrario, Calderón se mostró conciliador. Ofreció lo que podía: por ejemplo, evitar las tomas violentas de emisoras -como las que ocurrieron el año pasado en Oaxaca- y cerrar las estaciones pirata. Pero se abstuvo de tocar los temas que pudieran haber resultado controvertidos, como las enmiendas a los artículos constitucionales que tocan el proceso electoral o la nueva Ley de Radio y Televisión que ya se discute en el Senado.
Las cicatrices de la confrontación eran, sin embargo, visibles. El presidente del Senado, Santiago Creel, no estaba en el presídium como correspondía. La representación del Senado la llevaba su correligionario José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva. Por otra parte, no había en el presídium ningún diputado.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusoras comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Conciliador, aseguró que la libertad de expresión debe ir de la mano con el respeto hacia los demás. Reiteró que su gobierno será respetuoso de la ley, y hará que se respete.
—Ya no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio ilícito en el país.
Más de uno se cuestiona a quién iba dirigido el mensaje.
Unos dicen, por ejemplo, que pudo haber sido a los integrantes y simpatizantes de la APPO, en Oaxaca, o bien, el caso de Televisión Azteca en contra de CNI Canal 40.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 11 de octubre.
Pero, como siempre, uno es el dicho y otro el hecho, porque si el inquilino de Los Pinos fuera congruente, de tiempo atrás hubiera procedido en contra del grupo, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, que violentamente secuestró las instalaciones del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite y se apropió ilegalmente de la concesión, aunque bien podría revirar: “¡y yo por qué!”
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 11 de octubre.
El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de cinco años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.
Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aún no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.
Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
A contrapelo de las interpretaciones que se están haciendo, lo cierto es que cuando el presidente Felipe Calderón habló de no permitir “nunca más” la toma de instalaciones de medios electrónicos, se refería a las realizadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la capital de la entidad federativa mixteca
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 11 de octubre.
El fantasma del Chiquihuite y Oaxaca esbozaba una interesante sonrisa. En momentos donde la presente administración pide billete, mucho billete para combatir a la organizada delincuencia... y a los inequívocos movimientos sociales que llegarán a su punto de ebullición en este sexenio. Y Felipe lo sabe.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de octubre.
El presidente Calderón se refirió al tema de las estaciones pirata que invaden frecuencias y no se ajustan a las reglas que se imponen a los concesionarios legítimos. "Los primeros meses de mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley".
Dijo también: "Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos. Nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país". Entre las personas del presídium que aplaudían estaba Mary Aguirre, dueña de dos de las emisoras oaxaqueñas tomadas por la APPO el año pasado ante la pasividad de las autoridades federales.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
En otra parte de su discurso, Calderón afirmó que su gobierno ha tomado acciones para proteger a la industria de la radiodifusión; recordó que en los primeros meses se ha cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y anunció que van a clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley. Los malosos interpretaron que se refería las estaciones "Radio AMLO", otros comentaron que a las del EPR, a las del EZLN, en fin. El primer mandatario también advirtió que su gobierno "no permitirá que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos; nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país..." Tal advertencia arrancó aplausos de los concesionarios de la radio y la televisión, pero también generó cierta suspicacia entre los asistentes, quienes se preguntaban: ¿se refirió al EPR, al EZLN y a otros grupitos subversivos, o fue el clásico "te lo digo, Juana, para lo entiendas, Chana".
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 11 de octubre.
Y arrancó un fuerte aplauso su promesa de que ya no se tolerarán tomas violentas de estaciones mediáticas. ¿Se refería exclusivamente a lo ocurrido en Oaxaca con la APPO o pensaba también en la famosa “toma del Chiquihuite”? Ésa, a la que Fox dio su visto bueno y de la que después se quiso desentender, dejando en claro que él, de jefe de Estado, nada. Unos sólo entendieron Oaxaca, otros sólo el Chiquihuite. ¿Pensaba Felipe en ambos? Calderón habló también de una mayor competencia en el ramo, animando a los posibles afectados a aceptar el reto, lo cual sugiere que la ley de medios sí avanzará por esa ruta. Lo que queda en veremos es hasta dónde lo hará. El tono del discurso de Felipe fue esencialmente conciliatorio, pero vale la pena considerar la observación de Sergio Sarmiento: “(Calderón) se llevó un cerrado aplauso de los concesionarios. Pero, cuidado, porque ese no es el termómetro del ánimo de los radiodifusores” (11/X/07).
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de octubre.
El 27 de diciembre de 2002, Felipe Calderón era el líder de los diputados del PAN. No dijo nada especial en aquellas fechas sobre la toma de la planta transmisora de CNI/Canal 40 por parte de una banda de pistoleros de Tv Azteca. Lo hace cinco años después, el miércoles 10 de octubre de 2007, al expresar como Presidente de la República: “No permitiremos nunca más una toma violenta de instalaciones de medios electrónicos”.
Qué bueno que lo haya dicho, porque su gobierno puede, todavía, colaborar en la reparación del agravio. Los asesores del Presidente deben conocer bien la historia, saber que el Chiquihuitazo físico fue seguido por un Chiquihuitazo técnico, con una triste colaboración de Los Pinos, por acción, y de Bucareli, por omisión.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de octubre.
En su discurso del miércoles, Calderón pronunció frases como ésta: “Ya no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”. ¿A quién estaba dirigido el mensaje? Sólo Calderón y sus colaboradores más cercanos lo saben. Por eso se ha interpretado de varias formas. Los concesionarios, aparentemente, entendieron que a la APPO y por eso se levantaron para aplaudir. Otros han señalado que el destinatario fue Tv Azteca. Y también hay quien piensa que fue para los dos. En el caso de la APPO, las estaciones tomadas ya fueron devueltas a sus respectivos concesionarios. Pero en el Canal 40 eso no ha ocurrido. El Ejecutivo tiene facultades para efectuar la devolución y no lo ha hecho. Cierto, las cosas sucedieron en el sexenio pasado, pero la irregularidad jurídica en que opera el 40 sigue vigente. Que el Ejecutivo actual no ejerza sus facultades en este caso es también una forma de decir: “¿Y yo por qué?”.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 13 de octubre.
Otra seguridad, ésa sí a su alcance, anunció Calderón a los radiodifusores, en un ambiente si no fúnebre sí requerido del entusiasmo que mostró la otra estrella de la comida anual, la cantante regia Alicia Villarreal. "Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos: nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país". La vehemencia presidencial no se refería, por supuesto, a la usurpación del Canal 40 de televisión, iniciada materialmente con el asalto a sus instalaciones en el Cerro del Chiquihuite y continuada después con la ocupación de la señal. Es cierto que el caso se encuentra sub judice, es decir, sujeto al arbitrio judicial, pero también lo es que formalmente el concesionario no revocado ha ofrecido información suficiente a la autoridad (tanto bajo al gobierno de Fox como al actual) como para provocar una visita de inspección que determine si quien transmite está dotado del título administrativo vigente que le permita hacerlo. El canal pirata operado por TV Azteca sólo permanece al aire por la cómplice lenidad cotidiana de la autoridad, que contradice la proclama de apego a la ley emitida por Calderón.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
Su anuncio, la semana pasada como hace un año, se refirió a la toma de estaciones comerciales en Oaxaca por miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ellos sí obligados a acatar la ley que infringe Ricardo Salinas Pliego. La decisión gubernamental de "proteger a la industria de la radiodifusión" incluye la persecución a lo que desde la perspectiva oficial es piratería (otra piratería en todo caso, digo por mi parte): "en los primeros meses de mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no están registradas y no cumplen con la ley".
Entre ellas se encuentran dos estaciones poblanas silenciadas apenas el 1o. y 2 de octubre, en la capital misma y en Xaltepec, municipio de Palmar de Bravo. Inspectores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aseguraron a la brava sus equipos.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 16 de octubre.
El discurso de Enrique Pereda.
La cámara chachalaca de radio y televisión ya no dijo ayer ni pío respecto a las supuestas pretensiones dictatoriales que primero el Senado, y luego los diputados federales y estatales aprobaron para suprimir el negocio de la propaganda electoral pagada. Reunidos los principales dirigentes de la radiodifusión con el licenciado FC (que ha hecho saber que apoya las medidas tomadas por los legisladores) no aprovecharon el momento para lanzar discursos incendiarios ni retomar la heroica defensa de la libertad de expresión que en otros momentos habían difundido incluso en golpista cadena nacional. El discurso del dirigente formal de la citada cámara (los que mandan son los dueños de las empresas más importantes, pero ponen por delante a algún personaje de segundo o tercer nivel para que haga lo que le ordenen esos poderosos de verdad) fue sedoso, lleno de peticiones para que el gremio sea ayudado en cuanto a actualizaciones tecnológicas y renovación de concesiones. ¡Oh, sí, gracias anticipadas, bondadoso señor Presidente!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 11 de octubre.
Sentimientos encontrados provocó entre los industriales de la Radio y la Televisión el presidente Felipe Calderón con su discurso, en el que les ofreció su respaldo para la modernización tecnológica y se comprometió a garantizar la libertad de expresión, tanto como a evitar la toma violenta de estaciones de Radio y Televisión. Sin embargo entre los radiodifusores había enojo porque ni siquiera mencionó el tema que les preocupa: el de los combos
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 11 de octubre.
Las ausencias en el discurso.
Ausentes del discurso de Calderón estuvieron las enmiendas constitucionales a las reglas electorales que dentro de poco llegarán al escritorio del Presidente para su firma y publicación. Tampoco mencionó la nueva Ley de Radio y Televisión que ya está considerando el Senado y que reemplazará a la que apenas se promulgó el año pasado. ¿Para qué tratarlas? La reforma electoral ya está aprobada y el Presidente no tiene facultades para echarla para atrás y la Ley de Radio y Televisión es por el momento responsabilidad del Congreso.
El Presidente conciliador al final se llevó un cerrado aplauso de los concesionarios. Pero cuidado porque eso no es termómetro del ánimo de los radiodifusores. El aplauso es la norma en una industria que sabe que depende de la buena voluntad del Ejecutivo, especialmente ahora que la Suprema Corte de Justicia ha cancelado los artículos de la Ley de Radio y Televisión que daban más independencia a los concesionarios.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 11 de octubre.
¿Qué es lo que no dijo el presidente Calderón? Mucho; entre otros aspectos, lo siguiente: a) qué sucederá con la integración de la Cofetel, luego de que la Corte le puso en bandeja de plata la renovación total del pleno, independientemente del curso que tienen los amparos promovidos por Rafael del Villar y Gonzalo Martínez, y b) cuál será la posición del gobierno en torno de la reforma al marco legal de los medios que se prepara en la Cámara de Senadores.
Tampoco quiso decir: c) qué sucederá con la tan prometida transición analógico-digital de la radio y las acciones para apoyar a los concesionarios y permisionarios de emisoras de AM (que desde hace años exigen sus canales “combo” de FM); d) si se le quitará o no el candado que tiene Telmex en su título de concesión para ofrecer servicio de televisión restringida, y e) cuáles son las metas y los tiempos para hacer realidad sus reiteradas y bien intencionadas, pero hasta huecas tres “c” de competencia, convergencia y cobertura
Gabriel Sosa Plata, “Telecom y medios”, El Universal, 16 de octubre.
Comentarios finales.
El Presidente se mostró conciliador, incluso generoso. Reiteró que impulsará la fórmula de las tres “c”; cobertura, convergencia y competencia para el desarrollo de la industria. Ofreció concretar la transición digital que tanto preocupa a las estaciones de Amplitud Modulada, establecer procedimientos claros para la renovación de concesiones e impedir la toma violenta de estaciones de radio y televisión en cualquier plaza de la República.
La tersura de los discursos no debe engañarnos. La tensión continuará hasta que salga la ley de medios. Los concesionarios saben que el Ejecutivo no podrá vetar la reforma electoral porque incluye cambios al texto de la Constitución; pero sí, llegado el momento, podrá hacerlo con la ley de medios, que pude ser aprobada por las bancadas del PRD y el PRI, incluso sin los votos del PAN. Pero si el contenido no les conviene o afecta sus planes de negocio, los grandes concesionarios podrán pedir a la casa presidencial el favor de vetar la ley. De manera que su futuro está en manos de Calderón, como en la campaña del 2006 la victoria del panista estuvo en sus manos. Vueltas que da la vida.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de octubre.
Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.
No tenía por qué ser agresivo. Pero el Presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante de él sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y poder”, Crónica, 11 de octubre.
Fue una comida muy interesante —en el marco de la 49 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, organizada por cámara que agrupa a los concesionarios de esos medios— en la que el presidente Calderón envió un mensaje a los concesionarios: —Asuman el papel que les confiere ser concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 11 de octubre.
Si el presidente Calderón fue claro en su discurso, la relación con los medios electrónicos (e insisto, llamó la atención que no hiciera casi referencia a las dos grandes televisoras, como si allí hubiera un capítulo aparte en la agenda gubernamental) se regirá por esos principios de cobertura, convergencia y competencia y, en un marco de quid pro quo o, en un tono mucho más popular, será dando y dando.
El discurso presidencial podrá haber gustado o no a algunos concesionarios, pero de lo que no cabe duda es que estableció, para el resto del sexenio, las reglas de un juego, de una relación, que apenas comienza.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de octubre.
Con mucho dinero de por medio, mucha presión y mucha corrupción, se le arrebató la concesión al único concesionario de la señal de Canal 40, Javier Moreno Valle. Hoy, con tortuosas resoluciones jurídicas agarradas de alfileres, Tv Azteca usurpa esa frecuencia.
Si las palabras del miércoles 10 de octubre quieren decir que hay un compromiso del gobierno federal para ayudar a restituir aquello de lo que alguien ha sido desposeído, Felipe Calderón está en aptitud de tomar las decisiones pertinentes para corregir una alteración del orden público.
No se trata de que el Ejecutivo transforme el vergonzoso “¿Y yo por qué?”, de Fox, en un acto restaurador igual de irresponsable. No. Se trata de recuperar el principio de equidad. De que la Presidencia de la República apoye las acciones para que se dé a cada quien lo que es suyo. Sin dañar a nadie.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de octubre.
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