La Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) llevó al Senado de la República sus propuestas de reformas legislativas, entre las que destacan la apertura a la inversión extranjera directa en empresas con redes de telecomunicaciones fijas.
Asimismo, entre las propuestas destaca una regulación asimétrica clara para los operadores dominantes, y que sean sujetos de esta condición todos aquellos que tengan más de 45% de líneas fijas o móviles.
En una reunión con el Grupo Plural para la revisión de las leyes de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, Alejandro Puente, presidente de la Canitec, propuso establecer la obligación para el gobierno de crear una política pública de largo plazo para el desarrollo de la banda ancha, la cual se debe revisar cada dos años.
En México, una renta mensual de acceso de banda ancha cuesta alrededor de 30 dólares, que equivale a un acceso de velocidad de un megabit por segundo (mbps).
Por ese mismo precio, en Estados Unidos el usuario tiene una velocidad de 30 mbps, es decir, un dólar por megabit.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Suecia la renta mensual cuesta poco más de 10 dólares.
Alejandro Navarrete, también de la Canitec, señaló que la política de banda ancha que se propone debe incluir que los operadores de telecomunicaciones dispongan de la infraestructura de las entidades gubernamentales.
En este sentido, manifestó, la legislación en materia de telecomunicaciones debe prever la participación de entidades paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que hagan disponible su infraestructura de manera no discriminatoria y a precios razonables.
Alejandro Navarrete agregó que estas entidades paraestatales deben tener una regulación especial y ofrecer tarifas basadas en condiciones internacionales, y no en las que cobra Teléfonos de México (Telmex), y mucho menos fijarlas de manera arbitraria.
Por otra parte, Alejandro Puente, titular de la Canitec, destacó que Telmex debe entrar al mercado de televisión, pero no ahorita, pues lo único que provocaría es ampliar su dominio en este segmento.
Solicitó a los legisladores que no se permita la eliminación del candado que tiene la empresa en su título de concesión para no ofrecer servicios de video.
“Telmex es dominante en la mayoría de los mercados de telecomunicaciones que participa, pero no ha cumplido con la regulación impuesta e incumple sistemáticamente con su título de concesión, además de que tiene vinculación con numerosos anunciantes nacionales”, sostuvo.
En tanto, dijo que se debe establecer en ley que por lo menos 80% de la publicidad que se transmite en los sistemas de cable se produzca en México.
Asimismo, propuso que los operadores de televisión restringida tengan la obligación de retransmitir la programación de las televisoras locales.
Antes, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) manifestó que sí debe permitir la inversión extranjera directa a las redes fijas.
Asimismo, poner a disposición de los operadores una mayor parte del espectro radioeléctrico y que el Presidente de la República cree un reglamento de interconexión.
Asimismo, entre las propuestas destaca una regulación asimétrica clara para los operadores dominantes, y que sean sujetos de esta condición todos aquellos que tengan más de 45% de líneas fijas o móviles.
En una reunión con el Grupo Plural para la revisión de las leyes de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, Alejandro Puente, presidente de la Canitec, propuso establecer la obligación para el gobierno de crear una política pública de largo plazo para el desarrollo de la banda ancha, la cual se debe revisar cada dos años.
En México, una renta mensual de acceso de banda ancha cuesta alrededor de 30 dólares, que equivale a un acceso de velocidad de un megabit por segundo (mbps).
Por ese mismo precio, en Estados Unidos el usuario tiene una velocidad de 30 mbps, es decir, un dólar por megabit.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Suecia la renta mensual cuesta poco más de 10 dólares.
Alejandro Navarrete, también de la Canitec, señaló que la política de banda ancha que se propone debe incluir que los operadores de telecomunicaciones dispongan de la infraestructura de las entidades gubernamentales.
En este sentido, manifestó, la legislación en materia de telecomunicaciones debe prever la participación de entidades paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que hagan disponible su infraestructura de manera no discriminatoria y a precios razonables.
Alejandro Navarrete agregó que estas entidades paraestatales deben tener una regulación especial y ofrecer tarifas basadas en condiciones internacionales, y no en las que cobra Teléfonos de México (Telmex), y mucho menos fijarlas de manera arbitraria.
Por otra parte, Alejandro Puente, titular de la Canitec, destacó que Telmex debe entrar al mercado de televisión, pero no ahorita, pues lo único que provocaría es ampliar su dominio en este segmento.
Solicitó a los legisladores que no se permita la eliminación del candado que tiene la empresa en su título de concesión para no ofrecer servicios de video.
“Telmex es dominante en la mayoría de los mercados de telecomunicaciones que participa, pero no ha cumplido con la regulación impuesta e incumple sistemáticamente con su título de concesión, además de que tiene vinculación con numerosos anunciantes nacionales”, sostuvo.
En tanto, dijo que se debe establecer en ley que por lo menos 80% de la publicidad que se transmite en los sistemas de cable se produzca en México.
Asimismo, propuso que los operadores de televisión restringida tengan la obligación de retransmitir la programación de las televisoras locales.
Antes, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) manifestó que sí debe permitir la inversión extranjera directa a las redes fijas.
Asimismo, poner a disposición de los operadores una mayor parte del espectro radioeléctrico y que el Presidente de la República cree un reglamento de interconexión.
Nota de Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 18 de octubre.
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