La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentará hoy una iniciativa para crear un marco normativo que regule cómo se produce, se distribuye y se debe controlar la publicidad oficial, con la finalidad de terminar con la falta de transparencia sobre el manejo del presupuesto que las instituciones del Estado destinan a la propaganda oficial, hecho que facilita la presión política y las prácticas de corrupción.
Esta iniciativa, que presentará Carlos Sotelo García y que fue elaborada conjuntamente con la diputada federal del mismo partido, Valentina Batres, considera que en los años recientes han trascendido las presiones a medios de comunicación y a periodistas, ejercidas mediante la asignación o el retiro de propaganda oficial en nuestro país.
Si en los sexenios priístas apenas se documentaron los casos de Excélsior, Proceso y El Diario de Irapuato, entre los medios a los que se buscó controlar con el retiro de publicidad oficial, en la alternancia panista ya se tiene una larga lista de medios a los que el Estado ha castigado de esa forma, como Canal 40, Radio Monitor, Crónica de Mexicali, Cuarto Poder, Consensos de Radio Korita, El Sur, Proceso, El Norte, La Jornada San Luis, El Financiero, A.M. y Al Día, entre otros.
En todos los casos, el retiro de la publicidad oficial ha respondido a una sanción por la opinión o crítica que se emite en esos medios, acto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado “censura sutil” o “censura indirecta”, pues el manejo discrecional de la publicidad oficial restringe la libertad de expresión y vulnera la construcción de una democracia sólida y plural.
“Creemos que el Estado debe asumir un papel activo para asegurar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación, sin desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno. Sólo así se garantizará un debate amplio, robusto y realmente democrático, y propiciará mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opinión”, sostuvo Valentina Batres.
Función de interés público
Con esto se pretende regular la publicidad del Estado, considerado éste en su más amplia acepción: los tres poderes y los órganos autónomos, en los niveles federal, estatal y municipal, así como determinar los contenidos de la publicidad oficial, tomando en cuenta que debe cumplir una función de interés público.
Además, indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo porcentajes por tipo de medio de comunicación: electrónico –televisión, radio e Internet–, impreso –diarios y revistas– y otros, como los de impacto comunitario –folletos, volantes, carteles y espectaculares–, considerando su cobertura y características de la audiencia.
También determinar tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicable a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o auditorio mayor.
Establecer un cuerpo ciudadano honorario que vigilará el cumplimiento de las normas de distribución de la publicidad, el cual propondrá la aplicación de estímulos a medios de contenido cultural y comunitario.
Además de proponer la aplicación de sanciones para los servidores públicos que incumplan las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial, que irán desde la suspensión del servidor público, hasta el pago de la publicidad no asignada indebidamente y la inhabilitación hasta por tres años del funcionario en caso de reincidencia.
La inicativa de los legisladores del partido del sol azteca, que será presentada hoy, propone que 45 por ciento de los fondos que se destinan para comunicación social sean para medios electrónicos, 45 por ciento para los impresos y 10 por ciento para otro tipo de instrumentos de difusión, para con ello evitar que algunos medios concentren 60, 70 o hasta 80 por ciento del gasto público, sin ningún criterio objetivo sino con plena discrecionalidad.
Esta iniciativa, que presentará Carlos Sotelo García y que fue elaborada conjuntamente con la diputada federal del mismo partido, Valentina Batres, considera que en los años recientes han trascendido las presiones a medios de comunicación y a periodistas, ejercidas mediante la asignación o el retiro de propaganda oficial en nuestro país.
Si en los sexenios priístas apenas se documentaron los casos de Excélsior, Proceso y El Diario de Irapuato, entre los medios a los que se buscó controlar con el retiro de publicidad oficial, en la alternancia panista ya se tiene una larga lista de medios a los que el Estado ha castigado de esa forma, como Canal 40, Radio Monitor, Crónica de Mexicali, Cuarto Poder, Consensos de Radio Korita, El Sur, Proceso, El Norte, La Jornada San Luis, El Financiero, A.M. y Al Día, entre otros.
En todos los casos, el retiro de la publicidad oficial ha respondido a una sanción por la opinión o crítica que se emite en esos medios, acto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado “censura sutil” o “censura indirecta”, pues el manejo discrecional de la publicidad oficial restringe la libertad de expresión y vulnera la construcción de una democracia sólida y plural.
“Creemos que el Estado debe asumir un papel activo para asegurar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación, sin desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno. Sólo así se garantizará un debate amplio, robusto y realmente democrático, y propiciará mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opinión”, sostuvo Valentina Batres.
Función de interés público
Con esto se pretende regular la publicidad del Estado, considerado éste en su más amplia acepción: los tres poderes y los órganos autónomos, en los niveles federal, estatal y municipal, así como determinar los contenidos de la publicidad oficial, tomando en cuenta que debe cumplir una función de interés público.
Además, indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo porcentajes por tipo de medio de comunicación: electrónico –televisión, radio e Internet–, impreso –diarios y revistas– y otros, como los de impacto comunitario –folletos, volantes, carteles y espectaculares–, considerando su cobertura y características de la audiencia.
También determinar tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicable a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o auditorio mayor.
Establecer un cuerpo ciudadano honorario que vigilará el cumplimiento de las normas de distribución de la publicidad, el cual propondrá la aplicación de estímulos a medios de contenido cultural y comunitario.
Además de proponer la aplicación de sanciones para los servidores públicos que incumplan las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial, que irán desde la suspensión del servidor público, hasta el pago de la publicidad no asignada indebidamente y la inhabilitación hasta por tres años del funcionario en caso de reincidencia.
La inicativa de los legisladores del partido del sol azteca, que será presentada hoy, propone que 45 por ciento de los fondos que se destinan para comunicación social sean para medios electrónicos, 45 por ciento para los impresos y 10 por ciento para otro tipo de instrumentos de difusión, para con ello evitar que algunos medios concentren 60, 70 o hasta 80 por ciento del gasto público, sin ningún criterio objetivo sino con plena discrecionalidad.
Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 23 de octubre.
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