En la reforma sobre la ley de medios se plantea establecer en la Constitución la rectoría del Estado en materia de radio y televisión, porque hasta ahora no lo está de manera explícita ni se precisa como facultad del Congreso regular su funcionamiento.
Se considera insuficiente la fracción XVII del artículo 73 de la Carta Magna que faculta al Poder Legislativo para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación” debido a que esta redacción proviene de 1917, “cuando las telecomunicaciones no existían y no las comprende”.
Hasta ahora, según documento elaborado por especialistas, entregado con sello de reservado a senadores, tampoco basta con que sea la Ley de Radio y Televisión la que especifique que “corresponde a la nación el dominio directo del espacio territorial y, en consecuencia, del medio que se propagan las ondas electromagnéticas”.
Para los expertos consultados por el Senado es indispensable incorporar a la Constitución los principios bajo los que deberá guiarse la rectoría del Estado en materia de medios de electrónicos, establecer la facultad del Congreso para regularlos, así como la creación de un organismo autónomo que se encargue de ello.
Se considera necesario hacerlo porque se trata de “fenómenos cruciales para la democracia y la autonomía del Estado”.
Según dicho texto, al que tuvo acceso este diario, “sería un desperdicio que no se aprovechase la ocasión para reparar entuertos cometidos desde que comenzaron a operar en México los medios electrónicos”.
Explica que la Ley de Radio y Televisión la derivaron de los artículos 27 y 48 de la Constitución, que sólo hablan “del espacio situado sobre el territorio nacional”, cuyo dominio corresponderá a la nación y dependerá de la Federación, “para eludir la cuestión del contenido de las emisiones y otorgar potestades supremas al Ejecutivo en este campo”.
Dentro de este contexto, juzga que sería insuficiente, para los propósitos que el país demanda, modificar únicamente las leyes ordinarias, la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones.
Según el estudio, sólo a través de una reforma constitucional se podrá reestablecer la autoridad estatal en el otorgamiento de nuevos espacios tecnológicos y de concesiones, de ahí que recomiende no atenerse nada más a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Interrogado respecto al documento obtenido por EL UNIVERSAL, Porfirio Muñoz Ledo, asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, coincide en que debe tomarse esa medida.
Muñoz Ledo anticipa que habría una cascada de amparos si sólo se modifican las leyes secundarias.
Además, le parecería ilógico que si para un caso particular como es la difusión de la propaganda de los partidos en los medios electrónicos, se tomó la decisión de reformar la Constitución, no se hiciera lo correspondiente tratándose de la regulación completa de la radio y televisión en el territorio nacional.
Emilio Rabasa, quien también es asesor de esa comisión, comparte la opinión, pero sin perder de vista que la última palabra la tienen los legisladores que en este tiempo están dedicados a escuchar posiciones de radiodifusores, grupos especializados y sociedad en general.
En junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que la nueva ley de medios tenía artículos contrarios a la Carta Magna.
Desde septiembre, una vez que recibieron todo el expediente, los senadores crearon un grupo plural para revisarlo, escuchar las propuestas de los involucrados en el tema y preparar las iniciativas, con el fin de agotar este asunto en un plazo de seis meses.
En el documento elaborado por expertos, por lógica constitucional, sugiere concentrar las modificaciones en un solo artículo, pero diferenciar conceptual y normativamente el derecho a la información de la libertad de expresión.
Propone que el artículo sexto concentre todas las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión y de prensa, y que el séptimo esté encabezado por el derecho a la información y regule lo concerniente a medios electrónicos.
Se considera insuficiente la fracción XVII del artículo 73 de la Carta Magna que faculta al Poder Legislativo para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación” debido a que esta redacción proviene de 1917, “cuando las telecomunicaciones no existían y no las comprende”.
Hasta ahora, según documento elaborado por especialistas, entregado con sello de reservado a senadores, tampoco basta con que sea la Ley de Radio y Televisión la que especifique que “corresponde a la nación el dominio directo del espacio territorial y, en consecuencia, del medio que se propagan las ondas electromagnéticas”.
Para los expertos consultados por el Senado es indispensable incorporar a la Constitución los principios bajo los que deberá guiarse la rectoría del Estado en materia de medios de electrónicos, establecer la facultad del Congreso para regularlos, así como la creación de un organismo autónomo que se encargue de ello.
Se considera necesario hacerlo porque se trata de “fenómenos cruciales para la democracia y la autonomía del Estado”.
Según dicho texto, al que tuvo acceso este diario, “sería un desperdicio que no se aprovechase la ocasión para reparar entuertos cometidos desde que comenzaron a operar en México los medios electrónicos”.
Explica que la Ley de Radio y Televisión la derivaron de los artículos 27 y 48 de la Constitución, que sólo hablan “del espacio situado sobre el territorio nacional”, cuyo dominio corresponderá a la nación y dependerá de la Federación, “para eludir la cuestión del contenido de las emisiones y otorgar potestades supremas al Ejecutivo en este campo”.
Dentro de este contexto, juzga que sería insuficiente, para los propósitos que el país demanda, modificar únicamente las leyes ordinarias, la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones.
Según el estudio, sólo a través de una reforma constitucional se podrá reestablecer la autoridad estatal en el otorgamiento de nuevos espacios tecnológicos y de concesiones, de ahí que recomiende no atenerse nada más a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Interrogado respecto al documento obtenido por EL UNIVERSAL, Porfirio Muñoz Ledo, asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, coincide en que debe tomarse esa medida.
Muñoz Ledo anticipa que habría una cascada de amparos si sólo se modifican las leyes secundarias.
Además, le parecería ilógico que si para un caso particular como es la difusión de la propaganda de los partidos en los medios electrónicos, se tomó la decisión de reformar la Constitución, no se hiciera lo correspondiente tratándose de la regulación completa de la radio y televisión en el territorio nacional.
Emilio Rabasa, quien también es asesor de esa comisión, comparte la opinión, pero sin perder de vista que la última palabra la tienen los legisladores que en este tiempo están dedicados a escuchar posiciones de radiodifusores, grupos especializados y sociedad en general.
En junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que la nueva ley de medios tenía artículos contrarios a la Carta Magna.
Desde septiembre, una vez que recibieron todo el expediente, los senadores crearon un grupo plural para revisarlo, escuchar las propuestas de los involucrados en el tema y preparar las iniciativas, con el fin de agotar este asunto en un plazo de seis meses.
En el documento elaborado por expertos, por lógica constitucional, sugiere concentrar las modificaciones en un solo artículo, pero diferenciar conceptual y normativamente el derecho a la información de la libertad de expresión.
Propone que el artículo sexto concentre todas las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión y de prensa, y que el séptimo esté encabezado por el derecho a la información y regule lo concerniente a medios electrónicos.
Nota de Arturo Zárate, El Universal, 29 de octubre.
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