Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) pidieron ayer al Senado "reciclar" la denominada Ley Televisa, para limitar la rectoría del Estado, ignorar las decisiones de la Corte y priorizar el criterio del dinero para obtener concesiones.
Durante la reunión con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el asesor jurídico de la CIRT, Gerardo Soria Gutiérrez, aseguró que ni los diputados ni los senadores están obligados a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que determinó la inconstitucionalidad de la última reforma legal.
"Vale la pena mencionar que el Poder Legislativo no fue ni es ni puede ser sujeto de una condena para acatar el fallo de la Suprema Corte, atendiendo el principio de división de poderes.
"Si llegarán a existir coincidencias o no entre e pensamiento de los señores ministros y el pensamiento político de los diputados y senadores, ello no implica automáticamente que eso deba llevar también a confirmar lo dicho por los señores ministros durante sus exposiciones", dijo Soria.
El asesor de la CIRT demandó a los senadores que la nueva reforma tenga una exhaustiva exposición de motivos, para que la Corte encuentre respaldadas las razones por las que se realizará la nueva legislación.
Contra rectoría del Estado
A pesar de la deliberación de la Corte y de los pronunciamientos de los legisladores de todos los partidos, el asesor de la CIRT pidió que la nueva ley establezca el criterio económico, como el determinante para la entrega de concesiones.
"Es claro que, en el caso de la radio y la televisión, no deben ser determinantes los factores económicos. Que deben mantenerse mecanismos como la licitación pública, como un procedimiento que permita valorar las solicitudes recibidas, de tal forma que el factor económico no sea el único que determine quién recibirá la concesión.
"Sin embargo, pasado este primer filtro y cuando todas las propuestas sean viables, el factor económico deberá servir como criterio de desempate para tener la certeza de que ha quedado en buenas manos", expresó.
Demandó a los senadores que la reforma cuide que las facultades de las autoridades no excedan.
"Que las facultades sean claras a fin de evitar actos arbitrarios; que se acoten las facultades discrecionales y que las que se confieren al Estado no inhiban el quehacer de los sectores social y privado.
"En resumen, creemos que la rectoría del Estado no es predominio absoluto para oprimir al individuo", detalló Soria Gutiérrez.
Durante la reunión con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el asesor jurídico de la CIRT, Gerardo Soria Gutiérrez, aseguró que ni los diputados ni los senadores están obligados a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que determinó la inconstitucionalidad de la última reforma legal.
"Vale la pena mencionar que el Poder Legislativo no fue ni es ni puede ser sujeto de una condena para acatar el fallo de la Suprema Corte, atendiendo el principio de división de poderes.
"Si llegarán a existir coincidencias o no entre e pensamiento de los señores ministros y el pensamiento político de los diputados y senadores, ello no implica automáticamente que eso deba llevar también a confirmar lo dicho por los señores ministros durante sus exposiciones", dijo Soria.
El asesor de la CIRT demandó a los senadores que la nueva reforma tenga una exhaustiva exposición de motivos, para que la Corte encuentre respaldadas las razones por las que se realizará la nueva legislación.
Contra rectoría del Estado
A pesar de la deliberación de la Corte y de los pronunciamientos de los legisladores de todos los partidos, el asesor de la CIRT pidió que la nueva ley establezca el criterio económico, como el determinante para la entrega de concesiones.
"Es claro que, en el caso de la radio y la televisión, no deben ser determinantes los factores económicos. Que deben mantenerse mecanismos como la licitación pública, como un procedimiento que permita valorar las solicitudes recibidas, de tal forma que el factor económico no sea el único que determine quién recibirá la concesión.
"Sin embargo, pasado este primer filtro y cuando todas las propuestas sean viables, el factor económico deberá servir como criterio de desempate para tener la certeza de que ha quedado en buenas manos", expresó.
Demandó a los senadores que la reforma cuide que las facultades de las autoridades no excedan.
"Que las facultades sean claras a fin de evitar actos arbitrarios; que se acoten las facultades discrecionales y que las que se confieren al Estado no inhiban el quehacer de los sectores social y privado.
"En resumen, creemos que la rectoría del Estado no es predominio absoluto para oprimir al individuo", detalló Soria Gutiérrez.
Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 31 de octubre.
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