Luis H. Álvarez, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se dijo ayer en contra de que las frecuencias del espectro radioeléctrico sean entregadas con criterios económicos o por presiones políticas.
Al reunirse con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado, el funcionario aseguró que es responsabilidad del Estado administrar un bien público.
"Estamos convencidos de que el espectro radioeléctrico es un bien nacional y de que el otorgamiento de frecuencias debe ser conforme al uso social.
"Esa decisión no puede ser objeto de presiones ni voluntades políticas, así como tampoco debe dejarse el otorgamiento de frecuencias al mejor postor", dijo.
Álvarez es el primer funcionario del Gobierno de Felipe Calderón en fijar una posición frente al análisis de la nueva reforma en materia de medios electrónicos.
Frente a legisladores de todos los partidos, el comisionado pidió al Congreso garantizar procesos justos, y transparentes para la asignación y operación de las frecuencias, a través de una legislación adecuada.
Propuso que los medios indígenas sean reconocidos como medios públicos, con función social y con acceso a la convergencia digital, con el fin de transformar las radios de las comunidades en redes públicas de telecomunicaciones.
"Las leyes deben considerar y tomar en cuenta las garantías constitucionales que asisten a los pueblos indígenas, no puede ni debe haber omisión en un tema que toca las fibras más sensibles de la justicia social".
Álvarez demandó que los trámites para obtener permisos de operación sean claros y precisos, que no intervengan solicitudes de opinión y que, en caso de negativa, se dé respuesta en tiempo y forma.
Propuso que los medios de radiodifusión, públicos y privados, observen el carácter multiétnico y pluricultural del País, para que se abran los espacios en la programación.
Asimismo, aseguró que los medios de comunicación deben acatar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tanto en contenidos como en el manejo de las frecuencias.
El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, Carlos Sotelo, señaló que los legisladores están dispuestos a elaborar una legislación que garantice que las comunidades indígenas puedan operar sus propios medios.
El senador Marko Cortés, del PAN, señaló que el Estado mexicano está obligado a cumplir lo establecido en el artículo 2 de la Constitución y con ello reconocer las necesidades de los pueblos indígenas.
Pablo Gómez, senador del PRD, llamó a trabajar en el tema relacionado con el financiamiento de los medios no públicos, con el fin de evitar que se conviertan en rehenes de las presiones comerciales.
Al reunirse con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado, el funcionario aseguró que es responsabilidad del Estado administrar un bien público.
"Estamos convencidos de que el espectro radioeléctrico es un bien nacional y de que el otorgamiento de frecuencias debe ser conforme al uso social.
"Esa decisión no puede ser objeto de presiones ni voluntades políticas, así como tampoco debe dejarse el otorgamiento de frecuencias al mejor postor", dijo.
Álvarez es el primer funcionario del Gobierno de Felipe Calderón en fijar una posición frente al análisis de la nueva reforma en materia de medios electrónicos.
Frente a legisladores de todos los partidos, el comisionado pidió al Congreso garantizar procesos justos, y transparentes para la asignación y operación de las frecuencias, a través de una legislación adecuada.
Propuso que los medios indígenas sean reconocidos como medios públicos, con función social y con acceso a la convergencia digital, con el fin de transformar las radios de las comunidades en redes públicas de telecomunicaciones.
"Las leyes deben considerar y tomar en cuenta las garantías constitucionales que asisten a los pueblos indígenas, no puede ni debe haber omisión en un tema que toca las fibras más sensibles de la justicia social".
Álvarez demandó que los trámites para obtener permisos de operación sean claros y precisos, que no intervengan solicitudes de opinión y que, en caso de negativa, se dé respuesta en tiempo y forma.
Propuso que los medios de radiodifusión, públicos y privados, observen el carácter multiétnico y pluricultural del País, para que se abran los espacios en la programación.
Asimismo, aseguró que los medios de comunicación deben acatar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tanto en contenidos como en el manejo de las frecuencias.
El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, Carlos Sotelo, señaló que los legisladores están dispuestos a elaborar una legislación que garantice que las comunidades indígenas puedan operar sus propios medios.
El senador Marko Cortés, del PAN, señaló que el Estado mexicano está obligado a cumplir lo establecido en el artículo 2 de la Constitución y con ello reconocer las necesidades de los pueblos indígenas.
Pablo Gómez, senador del PRD, llamó a trabajar en el tema relacionado con el financiamiento de los medios no públicos, con el fin de evitar que se conviertan en rehenes de las presiones comerciales.
Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 25 de octubre.
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