Deudos de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) muertos en diversos operativos reclamaron al presidente Felipe Calderón apoyo para los agentes en seguros de vida, armamento, salarios y prestaciones. “Los agarran atados de manos; los mandan al matadero, esa es la verdad”, señaló en entrevista Ivonne Ramos, hermana de Juan Alberto Ramos Martínez, elemento fallecido en un accidente de carretera.
Al final de la ceremonia de entrega de reconocimientos en las instalaciones de la PFP, esta mujer y algunas viudas hablaron con Calderón cuando éste se acercó a saludarlas y le expusieron las “injusticias” y las violaciones a los derechos de los uniformados.
Ramos, quien fue la que más alzó la voz ante el Presidente, explicó que le pidió que “no nos violen nuestras garantías, que nos den toda la seguridad en el seguro que corresponde a la corporación, porque hay muchas negligencias”. La respuesta de Calderón, según explicó, fue que tomará cartas en el asunto.
Indicó que su familiar murió en un accidente en la autopista del Sol cuando protegía un vehículo, pero hasta ahora a su cuñada no le han dado el seguro de vida completo. La viuda, Guadalupe Muñoz Guijarro, explicó: “nada más me acerqué con el señor (Genaro) García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal) para pedirle por mi esposo. Él luchó mucho por la policía, pero no me dieron el seguro completo, me dieron 40 meses, siendo que estaba asegurado por 108”.
La señora Ramos Martínez se preguntó: “¿cómo quieren una policía que garantice la seguridad del pueblo si no hay garantías para ellos mismos; por eso le pedimos al señor Presidente que intervenga ante estas circunstancias; no es justo”.
Sobre las armas de que disponen los policías, dijo: “los mandan realmente a enfrentar a la delincuencia atados de manos. Necesitan dotarlos de buen armamento, ya que los chalecos antibalas están caducos”. Además, se quejó de que reciben sueldos de “lástima, para lo que se arriesgan”.
Pidió que se verifique el reglamento de la PFP, porque hay muchas “incongruencias”. Mencionó que algunos uniformados viven en Puebla y los envían a trabajar a Sinaloa, y sólo les dan un día de descanso, lo que les impide ver a sus familiares.
Mientras llamaba a gritos a los policías que se encontraban ahí a sacar “las agallas para defender a la corporación”, Selene Virues, viuda de Fabián Mario Martínez Torres, se quejó llorando con la prensa de que a su esposo lo mataron en San Luis Potosí, porque no les permitían portar armas, siendo que días antes ya se había presentado un ataque similar en Michoacán. Y se quejó de que Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP, le negó la posibilidad de reconocerle a su esposo el grado que obtendría en un mes.
Una historia similar fue la que Angélica Ontiveros contó a los reporteros después de que el presidente Calderón abandonó la explanada donde se realizó el acto. Acompañada de sus dos hijos menores de edad, quienes no contuvieron el llanto cuando ella habló sobre su padre, la mujer narró que su esposo falleció recientemente durante un enfrentamiento con narcotraficantes.
Según Ontiveros, su esposo fue uno de los participantes en el concurso de ascensos por oposición, y antes de que fuera asesinado a manos de un grupo de sicarios, había sido notificado de que sería ascendido de rango, de oficial a subinspector.
No obstante, el primer pago del seguro mensual que amparará la manutención de los hijos de este elemento federal caído en cumplimiento de su deber –hasta que cumplan la mayoría de edad– le llegó a Angélica con el tabulador salarial de oficial, no de subinspector. “Lo que estoy pidiendo es que por la memoria de mi marido le reconozcan el grado que obtuvo por méritos propios, y que entonces nos otorguen lo que nos corresponde por ley”, indicó la mujer en tono molesto.
Al final de la ceremonia de entrega de reconocimientos en las instalaciones de la PFP, esta mujer y algunas viudas hablaron con Calderón cuando éste se acercó a saludarlas y le expusieron las “injusticias” y las violaciones a los derechos de los uniformados.
Ramos, quien fue la que más alzó la voz ante el Presidente, explicó que le pidió que “no nos violen nuestras garantías, que nos den toda la seguridad en el seguro que corresponde a la corporación, porque hay muchas negligencias”. La respuesta de Calderón, según explicó, fue que tomará cartas en el asunto.
Indicó que su familiar murió en un accidente en la autopista del Sol cuando protegía un vehículo, pero hasta ahora a su cuñada no le han dado el seguro de vida completo. La viuda, Guadalupe Muñoz Guijarro, explicó: “nada más me acerqué con el señor (Genaro) García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal) para pedirle por mi esposo. Él luchó mucho por la policía, pero no me dieron el seguro completo, me dieron 40 meses, siendo que estaba asegurado por 108”.
La señora Ramos Martínez se preguntó: “¿cómo quieren una policía que garantice la seguridad del pueblo si no hay garantías para ellos mismos; por eso le pedimos al señor Presidente que intervenga ante estas circunstancias; no es justo”.
Sobre las armas de que disponen los policías, dijo: “los mandan realmente a enfrentar a la delincuencia atados de manos. Necesitan dotarlos de buen armamento, ya que los chalecos antibalas están caducos”. Además, se quejó de que reciben sueldos de “lástima, para lo que se arriesgan”.
Pidió que se verifique el reglamento de la PFP, porque hay muchas “incongruencias”. Mencionó que algunos uniformados viven en Puebla y los envían a trabajar a Sinaloa, y sólo les dan un día de descanso, lo que les impide ver a sus familiares.
Mientras llamaba a gritos a los policías que se encontraban ahí a sacar “las agallas para defender a la corporación”, Selene Virues, viuda de Fabián Mario Martínez Torres, se quejó llorando con la prensa de que a su esposo lo mataron en San Luis Potosí, porque no les permitían portar armas, siendo que días antes ya se había presentado un ataque similar en Michoacán. Y se quejó de que Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP, le negó la posibilidad de reconocerle a su esposo el grado que obtendría en un mes.
Una historia similar fue la que Angélica Ontiveros contó a los reporteros después de que el presidente Calderón abandonó la explanada donde se realizó el acto. Acompañada de sus dos hijos menores de edad, quienes no contuvieron el llanto cuando ella habló sobre su padre, la mujer narró que su esposo falleció recientemente durante un enfrentamiento con narcotraficantes.
Según Ontiveros, su esposo fue uno de los participantes en el concurso de ascensos por oposición, y antes de que fuera asesinado a manos de un grupo de sicarios, había sido notificado de que sería ascendido de rango, de oficial a subinspector.
No obstante, el primer pago del seguro mensual que amparará la manutención de los hijos de este elemento federal caído en cumplimiento de su deber –hasta que cumplan la mayoría de edad– le llegó a Angélica con el tabulador salarial de oficial, no de subinspector. “Lo que estoy pidiendo es que por la memoria de mi marido le reconozcan el grado que obtuvo por méritos propios, y que entonces nos otorguen lo que nos corresponde por ley”, indicó la mujer en tono molesto.
Claudia Herrera y Alfredo Méndez, La Jornada, 9 de septiembre.
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