Finanzas, punto débil del PRI rumbo a 2009

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrancará el proceso electoral intermedio de 2009 con un gran capital político; sin embargo, las finanzas pueden ser su talón de Aquiles.

Actualmente gobierna 18 estados, es mayoría en 19 congresos locales; de los mil 118 diputados estatales, 423 son priístas, además tiene a su cargo 902 municipios de los 2 mil 457, y gobierna en 20 de las 32 capitales de las entidades del país. En total, más de 59 millones de mexicanos son gobernados por el PRI (56% de la población: 103 millones 263 mil 388, de acuerdo con el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005).

En 2007, el Revolucionario Institucional destinó al pago de obligaciones fiscales, reducción del pasivo histórico y de campaña 2006, pago de las multas del Instituto Federal Electoral (IFE), 34.7% de sus egresos y calcula que al acabar 2008 habrá de representar 30.5% de su financiamiento público para actividades ordinarias.

El Programa de Trabajo 2008 del PRI, del que este diario tiene copia, advierte que “las finanzas de ese partido se encuentran en una época de gran precariedad”.

Destaca las multas impuestas por el ejercicio de sus recursos en 2003 y 2006 que se han pagado en los dos últimos años.

Información del IFE destaca que durante 2007 el PRI recibió recursos públicos por 518 millones 668 mil pesos y para este año 508 millones 694 mil pesos para sus actividades ordinarias permanentes.

El documento priísta advierte:

“La consecuente reducción del monto de prerrogativas producto de los resultados electorales de 2006 y la existencia de pasivos y otras ineludibles obligaciones de pago han comprometido severamente las disponibilidades de recursos para la actividad política y electoral.

“Baste mencionar que durante 2007, el monto que se tuvo que destinar al pago de obligaciones fiscales, reducción del pasivo histórico y de campaña 2006 y pago de las multas del IFE, representaron 34.7% del total de los egresos, y en 2008 habrán de representar 30.5% del ya disminuido financiamiento público para actividades ordinarias que se reciba del IFE”.


Van tras más cuotas y aportaciones

El documento priísta agrega que la situación financiera obliga al Partido Revolucionario Institucional a hacer “un severo esfuerzo” de racionalidad y austeridad en el gasto, y a desarrollar de manera intensiva una estrategia amplia de captación de cuotas y aportaciones, así como una política sistemática de autofinanciamiento.

Recuerda que las reformas a la legislación electoral señalan una tendencia decidida para que los partidos políticos desarrollen sus actividades sujetos prácticamente a los recursos obtenidos por prerrogativas públicas, limitándose “severamente” la posibilidad de obtener financiamiento privado.

Esgrime: “Puesto que la legislación vigente hasta 2007 permitía a los partidos políticos obtener financiamiento privado hasta por un monto prácticamente igual al obtenido por financiamiento público; mientras que ahora, solamente es posible la obtención de financiamiento privado anual por un monto equivalente a 10% del tope establecido para los gastos de campaña de la elección presidencial inmediata anterior.

“Esto es, la suma de cuotas, aportaciones, de candidatos a sus campañas, así como lo obtenido por las diversas actividades de autofinanciamiento, no podrá exceder tal monto en su conjunto, que para el año en curso representa un máximo de 65.1 millones de pesos”.

Recalca que la precariedad es resultado de las multas impuestas por la autoridad electoral y de la reducción de su financiamiento público derivado de los logros electorales de la elección federal intermedia de 2003 y la presidencial de 2006.

Asienta que la presidencia del CEN del PRI ha instituido a la Secretaría de Finanzas para que diseñe y aplique un programa que garantice la adecuada administración de las prerrogativas que otorga el IFE así como la debida comprobación de sus aplicaciones ante los órganos competentes de ese partido y la propia fiscalización del órgano electoral.

En cuanto a las aportaciones que el CEN hace a los comités directivos estatales y a las organizaciones afines a ese instituto, su análisis subraya que será necesario establecer convenios que precisen los objetivos, metas y el destino de los recursos, que se apeguen a las modalidades para su comprobación.
Francisco Reséndiz, El Universal, 23 de septiembre.

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