Un ejemplo de lo anterior fue un caso ocurrido de manera reciente en Cancún, Quintana Roo, donde quedó sin sanción penal el argentino Raúl Luis Martins Coggiola –presunto ex colaborador de la dictadura de su país– quien controlaba en esa ciudad una red de prostitución, afirmó.
De hecho, abundó, pudo regresar a Argentina pese a que enfrentó diversos cargos penales por corrupción de menores en el centro nocturno The One.
En entrevista con La Jornada, agregó: “además de que existen fronteras tan tenues entre los delitos de tráfico de indocumentados, prostitución y lenocinio, respecto del de trata de blancas, también hay un problema de falta de la aplicación de la ley, principalmente en los estados de la República”.
Criticó la falta de capacitación de los policías investigadores y de los agentes del Ministerio Público estatales y federales, quienes muchas veces confunden los tipos penales relacionados con delitos sexuales.
“Ni la policía investiga bien, pues termina por decir: ‘este un caso más de prostitución’; ni los agentes del Ministerio Público hacen bien su trabajo, y desconocen los tipos penales relacionados con la trata de blancas.”
Explicó que este problema de capacitación entre agentes ministeriales y policías de los tres niveles de gobierno obedece a que es muy reciente la legislación penal que engloba los casos de trata de personas como delito.
“El delito de trata de blancas se ha inscrito recientemente en la legislación mexicana y en otros cuatro países del hemisferio sur de América.
“En diciembre de 2000 se firmó, en la ciudad de Palermo, la Convención Nacional sobre la Delincuencia Organizada, y a raíz de ésta se suscribió el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.
“En México, el delito de trata de blancas se tipificó en los códigos penales apenas en 2007. No existía antes en nuestra legislación esta conducta delictiva.
“Antes, desde 1931, se describían conductas como el lenocinio, pero no estaba penalizada la trata de personas”, indicó Sánchez Carreño.
Refirió que el desconocimiento de los tipos penales sobre estas actividades delictivas ha permitido la impunidad de quienes explotan personas con fines sexuales o laborales, incluidos menores de edad.
El caso de Raúl Luis Martins es emblemático, pues demuestra los grados de desconocimiento de la autoridad sobre el tema de la trata de blancas, insistió el funcionario de la CNDH.
En diciembre pasado, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún cerró las investigaciones por el caso de supuesta corrupción de menores de edad en el centro nocturno The One, propiedad del supuesto ex espía argentino, el cual fue clausurado en marzo de 2007.
Pese a la publicación en diversos medios de comunicación de testimonios de mujeres y ex trabajadores del centro nocturno de que en ese lugar operaba un centro de prostitución de menores de edad, la indagatoria abierta el año pasado por la PGR se fue al archivo.
De su lado, Dolores Muñoz Cano, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indicó que otro aspecto que influye en la impunidad de los delitos de trata de personas y explotación sexual infantil es la falta de transparencia con la que las autoridades ministeriales y judiciales se conducen respecto de esos ilícitos.
En entrevista con este diario, la académica expresó estar decepcionada por la falta de investigación de estudiantes y especialistas sobre temas de trata de blancas y delitos sexuales.
“Acabo de tener una gran decepción en la universidad, porque un alumno estaba haciendo su doctorado con el tema de la explotación sexual infantil, y de pronto lo dejó, simplemente porque no hay fuentes de información, no hay datos, las procuradurías niegan la información que documente este tipo de casos”, señaló.
Agregó que el tema de la trata de personas con fines sexuales data de principios del siglo XX.
“Era tal la cantidad de mujeres que traficaban en Europa hacia América, o de Asia a Europa, que tuvieron que firmarse instrumentos jurídicos internacionales; hoy el fenómeno subsiste, sigue creciendo, tanto en contra de niños y niñas como de jovencitas.
“Hay incluso muchos robos y secuestros de menores de edad y nunca más se vuelve a saber de ellos; esos plagios son para explotarlos sexualmente o con el fin de extirpar sus órganos y después venderlos”, aseveró.
Alfredo Méndez, La Jornada, 1° de septiembre.
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