Álamos, Son., 26 de septiembre. La reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores para discutir temas centrales, como la seguridad pública, osciló entre las coincidencias discursivas y las diferencias que, en el plano privado, se expresaron sobre las acciones y las reformas legales correspondientes. Hubo confluencia –se resume en el pronunciamiento leído por el mandatario sonorense Eduardo Bours– en cerrar filas para atender la urgente exigencia ciudadana, pero sin vulnerar instituciones y con respeto al federalismo.
En el pronunciamiento se enfatizó que deben iniciarse a la brevedad posible “operativos conjuntos entre las entidades del país. Para tal efecto se crearán de inmediato Unidades Regionales de Operativos Conjuntos”.
Previo a la plenaria pública, los mandatarios se reunieron en privado aunque sin la presencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ni el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ahí, los gobernadores definieron las directrices de lo que debería contener la ley del sistema general de seguridad. El recelo de los mandatarios se centró fundamentalmente en las pretensiones del Ejecutivo federal de concentrar en las policías, las atribuciones de investigación y en la proporción del incremento de recursos que recibiría el gobierno federal y los estatales en caso de aprobarse el paquete presupuestal.
El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza resumiría, en entrevista, las diferencias en el orden presupuestal del ámbito de seguridad: el gobierno federal pretende un aumento de 39 por ciento para su presupuesto en este rubro, en contraste con el 10 por ciento que se tiene proyectado para los ejecutivos estatales.
En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard quien –también en entrevista– planteó que la mayor parte de los recursos para ese rubro se canalizan a las instancias federales y no a las entidades. Cauto en su relación con el presidente Felipe Calderón matizó lo que desde su administración se concibe como el cierre de filas. “Sí, hay que cerrar filas con la seguridad de la gente”.
La Conago resumió así el reclamo: “Solicitamos a la Cámara de Diputados que los presupuestos destinados a la seguridad pública de las entidades federativas se incrementen en igual proporción al crecimiento que registre el presupuesto destinado para esos fines a la federación”.
Al término de la reunión, en entrevista, se cuestionó a Mouriño si no había un reproche implícito en el pronunciamiento de la Conago sobre seguridad: “Me parece que los gobiernos estatales plantean sus necesidades, al igual que lo hacen otros sectores. Ahora tendrán que ser los legisladores quienes decidan los ajustes”.
Mouriño apuntó que en dicho paquete se han incrementado los recursos a seguridad de manera “significativa” tanto para el ámbito federal como para los estados y municipios. Luego deslizó que corresponde a los gobiernos estatales y municipales asignarle una mayor prioridad presupuestal a este rubro.
El pronunciamiento de los gobernadores planteado ante Mouriño y García Luna osciló entre el cierre de filas con Calderón y los reproches sobre la instrumentación de las acciones acordadas. En el pronunciamiento, se plantea “la firme decisión de cerrar filas con el Presidente en el esfuerzo de aglutinar toda la capacidad, el peso y el trabajo institucional a favor de esa urgente e importante exigencia ciudadana”.
El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás consideró que las diferencias “son normales” con el Ejecutivo Federal, pero en lo esencial estamos unidos, acotó.
En el pronunciamiento se enfatizó que deben iniciarse a la brevedad posible “operativos conjuntos entre las entidades del país. Para tal efecto se crearán de inmediato Unidades Regionales de Operativos Conjuntos”.
Previo a la plenaria pública, los mandatarios se reunieron en privado aunque sin la presencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ni el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ahí, los gobernadores definieron las directrices de lo que debería contener la ley del sistema general de seguridad. El recelo de los mandatarios se centró fundamentalmente en las pretensiones del Ejecutivo federal de concentrar en las policías, las atribuciones de investigación y en la proporción del incremento de recursos que recibiría el gobierno federal y los estatales en caso de aprobarse el paquete presupuestal.
El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza resumiría, en entrevista, las diferencias en el orden presupuestal del ámbito de seguridad: el gobierno federal pretende un aumento de 39 por ciento para su presupuesto en este rubro, en contraste con el 10 por ciento que se tiene proyectado para los ejecutivos estatales.
En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard quien –también en entrevista– planteó que la mayor parte de los recursos para ese rubro se canalizan a las instancias federales y no a las entidades. Cauto en su relación con el presidente Felipe Calderón matizó lo que desde su administración se concibe como el cierre de filas. “Sí, hay que cerrar filas con la seguridad de la gente”.
La Conago resumió así el reclamo: “Solicitamos a la Cámara de Diputados que los presupuestos destinados a la seguridad pública de las entidades federativas se incrementen en igual proporción al crecimiento que registre el presupuesto destinado para esos fines a la federación”.
Al término de la reunión, en entrevista, se cuestionó a Mouriño si no había un reproche implícito en el pronunciamiento de la Conago sobre seguridad: “Me parece que los gobiernos estatales plantean sus necesidades, al igual que lo hacen otros sectores. Ahora tendrán que ser los legisladores quienes decidan los ajustes”.
Mouriño apuntó que en dicho paquete se han incrementado los recursos a seguridad de manera “significativa” tanto para el ámbito federal como para los estados y municipios. Luego deslizó que corresponde a los gobiernos estatales y municipales asignarle una mayor prioridad presupuestal a este rubro.
El pronunciamiento de los gobernadores planteado ante Mouriño y García Luna osciló entre el cierre de filas con Calderón y los reproches sobre la instrumentación de las acciones acordadas. En el pronunciamiento, se plantea “la firme decisión de cerrar filas con el Presidente en el esfuerzo de aglutinar toda la capacidad, el peso y el trabajo institucional a favor de esa urgente e importante exigencia ciudadana”.
El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás consideró que las diferencias “son normales” con el Ejecutivo Federal, pero en lo esencial estamos unidos, acotó.
Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de septiembre.
0 Responses to "Con diferencias en privado, la Conago se une para el combate a inseguridad"
Publicar un comentario