El Congreso de la Unión condenó enérgicamente el atentado ocurrido el pasado 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, mediante la suscripción de un punto de acuerdo.
En este sentido, la Cámara Alta pidió a las autoridades federales y estatales que se halle y condene a los responsables, por lo cual solicitó que se busquen mecanismos de coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Por otro lado, la Cámara de Diputados calificó como un “acto terrorista” perpetrado por organizaciones delictivas el ataque en el estado de Michoacán y en el acuerdo coinciden en establecer mecanismos, a la vez que se juzgue y condene a los responsables.
Los comparan con ETA
El Senado exhortó a las autoridades del estado y federales a que investiguen los atentados y se halle a los culpables. Mediante un punto de acuerdo, el pleno pidió a las autoridades que entablen mecanismos de
coordinación y colaboración para identificar a los responsables de “estos condenables acontecimientos, capturarlos y presentarlos ante las autoridades competentes para que sean juzgados”.
El senador José Guillermo Anaya (PAN) propuso modificaciones a los códigos penales para que, entre otras medidas, se garantice el daño material o moral de una víctima de delito, mientras que el legislador Carlos Navarrete (PRD), dijo este atentado es igual a los cometidos por ETA y las FARC, y los grupos delictivos han llegado al límite afectando a la población civil, por ello refrendó el compromiso de cerrar filas contra la delincuencia organizada.
El sistema falló
La Cámara Baja consideró que estos actos configuran un “acto terrorista” y a través de un acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política se pronunciaron en contra de los actos de violencia en distintas entidades.
Emilio Gamboa, coordinadorde la diputación priísta, puntualizó: “Estoy muy inconforme por la forma en que se ha trabajado en materia de seguridad pública… El sistema de inteligencia política del país está fallando”, mientras que Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que el Presidente debe revisar si los encargados de la seguridad y procuración de justicia funcionen antes de que “antes de que le llegue a él la lumbre”.
En este sentido, la Cámara Alta pidió a las autoridades federales y estatales que se halle y condene a los responsables, por lo cual solicitó que se busquen mecanismos de coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Por otro lado, la Cámara de Diputados calificó como un “acto terrorista” perpetrado por organizaciones delictivas el ataque en el estado de Michoacán y en el acuerdo coinciden en establecer mecanismos, a la vez que se juzgue y condene a los responsables.
Los comparan con ETA
El Senado exhortó a las autoridades del estado y federales a que investiguen los atentados y se halle a los culpables. Mediante un punto de acuerdo, el pleno pidió a las autoridades que entablen mecanismos de
coordinación y colaboración para identificar a los responsables de “estos condenables acontecimientos, capturarlos y presentarlos ante las autoridades competentes para que sean juzgados”.
El senador José Guillermo Anaya (PAN) propuso modificaciones a los códigos penales para que, entre otras medidas, se garantice el daño material o moral de una víctima de delito, mientras que el legislador Carlos Navarrete (PRD), dijo este atentado es igual a los cometidos por ETA y las FARC, y los grupos delictivos han llegado al límite afectando a la población civil, por ello refrendó el compromiso de cerrar filas contra la delincuencia organizada.
El sistema falló
La Cámara Baja consideró que estos actos configuran un “acto terrorista” y a través de un acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política se pronunciaron en contra de los actos de violencia en distintas entidades.
Emilio Gamboa, coordinadorde la diputación priísta, puntualizó: “Estoy muy inconforme por la forma en que se ha trabajado en materia de seguridad pública… El sistema de inteligencia política del país está fallando”, mientras que Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que el Presidente debe revisar si los encargados de la seguridad y procuración de justicia funcionen antes de que “antes de que le llegue a él la lumbre”.
Mauricio Rubí y Rolando Ramos, El Economista, 19 de septiembre.
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