En su segundo Informe de gobierno, Felipe Calderón Hinojosa sólo destinó tres páginas para la temática de los derechos humanos, con lo que muestra el nivel de importancia que la actual administración otorga a esas garantías, consideraron organizaciones defensoras de éstas. “Con el número de páginas (la administración federal) refleja el lugar que en la política real hoy juega el tema, un lugar marginal.”
La Red Todos los Derechos para Todos (RTDT) –que agrupa a más de 50 organizaciones civiles– criticó que los planes de seguridad no se basen en el tema de derechos humanos y, al igual que Amnistía Internacional, aseguró que el gobierno calderonista pone por encima una concepción de seguridad que obliga a restringir y limitar las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la RTDT, subrayó que el gobierno mexicano “no tiene aprecio, respeto ni voluntad de garantizar los derechos humanos, y, por el contrario, en torno a la seguridad pública el Estado mantiene una visión autoritaria de la seguridad en la que no estamos de acuerdo”.
Organizaciones agrupadas en la RTDT, como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, manifestaron en un documento que en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el tema de los derechos humanos estuvo ausente casi por completo, lo que resulta “preocupante” y demuestra el “marcado desdén” por la materia en el actual gobierno, que concibe a la seguridad como “un instrumento de limitación de derechos”.
Cortez agregó que el informe calderonista resalta la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos, apenas publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, acotó, para la emisión del mismo la administración federal “no convocó a ningún proceso social de participación, no hay acuerdos ni consenso social o con organismos civiles; se trata de un programa más de buenas intenciones que de acciones de política efectiva”.
La Red Todos los Derechos para Todos (RTDT) –que agrupa a más de 50 organizaciones civiles– criticó que los planes de seguridad no se basen en el tema de derechos humanos y, al igual que Amnistía Internacional, aseguró que el gobierno calderonista pone por encima una concepción de seguridad que obliga a restringir y limitar las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la RTDT, subrayó que el gobierno mexicano “no tiene aprecio, respeto ni voluntad de garantizar los derechos humanos, y, por el contrario, en torno a la seguridad pública el Estado mantiene una visión autoritaria de la seguridad en la que no estamos de acuerdo”.
Organizaciones agrupadas en la RTDT, como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, manifestaron en un documento que en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el tema de los derechos humanos estuvo ausente casi por completo, lo que resulta “preocupante” y demuestra el “marcado desdén” por la materia en el actual gobierno, que concibe a la seguridad como “un instrumento de limitación de derechos”.
Cortez agregó que el informe calderonista resalta la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos, apenas publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, acotó, para la emisión del mismo la administración federal “no convocó a ningún proceso social de participación, no hay acuerdos ni consenso social o con organismos civiles; se trata de un programa más de buenas intenciones que de acciones de política efectiva”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 3 de septiembre.
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