El boom petrolero ha permitido al Gobierno del Presidente venezolano, Hugo Chávez, disponer de recursos suficientes para controlar una cantidad de sectores que hasta hace menos de dos años estaban en manos del sector privado.
El Estado maneja hoy la principal telefónica del país, monopoliza la electricidad y la industria siderúrgica, compró la mayoría accionaria de los negocios petroleros de la Faja del Orinoco y ha adquirido compañías de gas y plantas lecheras.
Además, pronto controlará 25 por ciento del mercado bancario con la compra del Banco de Venezuela y dominará la producción de cemento.
Especialistas calculan que el Estado ha gastado cerca de 20 mil millones de dólares en la ola de nacionalizaciones emprendida desde febrero de 2007, con la toma de la CANTV (Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela) y con las cementeras.
"Aunque ha habido hermetismo en algunas negociaciones y falta por resolver algunos casos, la cifra se acerca a los 20 mil millones de dólares", asegura el economista Orlando Ochoa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.
Sus estimaciones coinciden con la firma especializada Ecoanalítica. Hasta ahora no hay datos oficiales por parte del Gobierno.
La cifra podría llegar incluso a equipararse a la deuda exterior, de 27 mil 953 millones de dólares en 2007.
Además, el Presidente Hugo Chávez anunció que el Estado asumirá toda la distribución mayorista de combustibles, en la que participan "intermediarios capitalistas", mediante una ley que podría aprobar el Parlamento la próxima semana.
En varias ocasiones, Chávez ha amenazado con tomar empresas alimenticias y supermercados, para lo cual ya tiene luz verde gracias a un paquete de 26 leyes recién aprobadas a fines de julio.
Por otra parte, durante el actual Gobierno, el número de empleados públicos ha pasado de un millón 348 mil en 1999 a dos millones 64 mil en julio de este año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE).
De acuerdo a cálculos de la prensa local, el Estado sumó 36 mil 100 trabajadores con las nacionalizaciones entre enero de 2007 y agosto de 2008, una cifra que llega a 41 mil 400 con las cementeras.
Aunque en las empresas afectadas no se ha registrado una estampida de empleados, los cuadros gerenciales y profesionales tienden a buscar oportunidades en compañías privadas o fuera del país.
"El temor de purgas políticas, la imposición de ponerse la camiseta roja y (...) solicitarle a los empleados públicos un día de salario para la campaña electoral del partido de Gobierno, hace que se vayan generando problemas en las unidades de mantenimiento, servicios y operaciones", consideró Ochoa.
El Estado maneja hoy la principal telefónica del país, monopoliza la electricidad y la industria siderúrgica, compró la mayoría accionaria de los negocios petroleros de la Faja del Orinoco y ha adquirido compañías de gas y plantas lecheras.
Además, pronto controlará 25 por ciento del mercado bancario con la compra del Banco de Venezuela y dominará la producción de cemento.
Especialistas calculan que el Estado ha gastado cerca de 20 mil millones de dólares en la ola de nacionalizaciones emprendida desde febrero de 2007, con la toma de la CANTV (Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela) y con las cementeras.
"Aunque ha habido hermetismo en algunas negociaciones y falta por resolver algunos casos, la cifra se acerca a los 20 mil millones de dólares", asegura el economista Orlando Ochoa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.
Sus estimaciones coinciden con la firma especializada Ecoanalítica. Hasta ahora no hay datos oficiales por parte del Gobierno.
La cifra podría llegar incluso a equipararse a la deuda exterior, de 27 mil 953 millones de dólares en 2007.
Además, el Presidente Hugo Chávez anunció que el Estado asumirá toda la distribución mayorista de combustibles, en la que participan "intermediarios capitalistas", mediante una ley que podría aprobar el Parlamento la próxima semana.
En varias ocasiones, Chávez ha amenazado con tomar empresas alimenticias y supermercados, para lo cual ya tiene luz verde gracias a un paquete de 26 leyes recién aprobadas a fines de julio.
Por otra parte, durante el actual Gobierno, el número de empleados públicos ha pasado de un millón 348 mil en 1999 a dos millones 64 mil en julio de este año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE).
De acuerdo a cálculos de la prensa local, el Estado sumó 36 mil 100 trabajadores con las nacionalizaciones entre enero de 2007 y agosto de 2008, una cifra que llega a 41 mil 400 con las cementeras.
Aunque en las empresas afectadas no se ha registrado una estampida de empleados, los cuadros gerenciales y profesionales tienden a buscar oportunidades en compañías privadas o fuera del país.
"El temor de purgas políticas, la imposición de ponerse la camiseta roja y (...) solicitarle a los empleados públicos un día de salario para la campaña electoral del partido de Gobierno, hace que se vayan generando problemas en las unidades de mantenimiento, servicios y operaciones", consideró Ochoa.
Cristina Marcano, corresponsal, Reforma, 31 de agosto.
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