Muy pocos puntos en común contienen el pliego petitorio entregado ayer por ciudadanos organizados a los jefes del Ejecutivo federal y local, Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, y los compromisos asumidos en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 21 de agosto.
El único planteamiento en que coinciden es en el diseño de programas educativos, deportivos, culturales y familiares para promover la cultura de la legalidad.
El documento presentado por organizadores de la marcha Iluminemos México plantea a estados y al Distrito Federal que contará con programas de reconversión productiva para combatir el cultivo de enervantes, lo cual no figura en acuerdos a los que llegaron autoridades federales, estatales y los tres poderes de gobierno.
Aunque tampoco se coincide en el diseño de políticas que eviten la criminalización de los jóvenes y la pobreza, en el listado de compromisos asumidos por las autoridades en el Consejo se hace referencia al desarrollo de programas por entidad que incorporen el componente social.
En el caso del sistema de inteligencia con información delictiva independiente al sistema policiaco, que propusieron los representantes de la marcha Iluminemos México, el Consejo recoge la propuesta a medias con la consolidación del Sistema Único de Información Criminal.
Pero algunos planteamientos, como retirar de forma definitiva el transporte público ilegal, particularmente los taxis, no figuran en las acciones que realizarán autoridades e integrantes del Consejo.
Igual ocurre con propuestas como promulgar una ley general de participación social que incluya lo referente a seguridad pública y justicia penal, o bien sistemas de profesionalización de magistrados y jueces, y la participación ciudadana en el diseño de la nueva ley del sistema nacional de seguridad pública.
El único planteamiento en que coinciden es en el diseño de programas educativos, deportivos, culturales y familiares para promover la cultura de la legalidad.
El documento presentado por organizadores de la marcha Iluminemos México plantea a estados y al Distrito Federal que contará con programas de reconversión productiva para combatir el cultivo de enervantes, lo cual no figura en acuerdos a los que llegaron autoridades federales, estatales y los tres poderes de gobierno.
Aunque tampoco se coincide en el diseño de políticas que eviten la criminalización de los jóvenes y la pobreza, en el listado de compromisos asumidos por las autoridades en el Consejo se hace referencia al desarrollo de programas por entidad que incorporen el componente social.
En el caso del sistema de inteligencia con información delictiva independiente al sistema policiaco, que propusieron los representantes de la marcha Iluminemos México, el Consejo recoge la propuesta a medias con la consolidación del Sistema Único de Información Criminal.
Pero algunos planteamientos, como retirar de forma definitiva el transporte público ilegal, particularmente los taxis, no figuran en las acciones que realizarán autoridades e integrantes del Consejo.
Igual ocurre con propuestas como promulgar una ley general de participación social que incluya lo referente a seguridad pública y justicia penal, o bien sistemas de profesionalización de magistrados y jueces, y la participación ciudadana en el diseño de la nueva ley del sistema nacional de seguridad pública.
Mónica Archundia, El Universal, 1° de septiembre.
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