CARACAS.- Poco después de que los venezolanos rechazaran la reforma constitucional socialista propuesta por el Presidente Hugo Chávez, el país se llenó de espectaculares con la frase "Por ahora".
El 2 de diciembre de 2007, el Mandatario utilizó esas mismas palabras, con las que en 1992 reconoció el fracaso de su intentona golpista, para admitir su derrota en el referendo, dejando ver que no se daría por vencido.
Nueve meses después, la Oposición lo acusa de imponer su proyecto con la aprobación de un paquete de 26 leyes que decretó el 31 de julio, cuando vencían sus poderes especiales para legislar.
"Si la Constitución hubiera sido modificada en diciembre, las leyes serían inobjetables, pero eso no sucedió, lo que las hace inconstitucionales", señaló el líder izquierdista Teodoro Petkoff.
El vicepresidente Ramón Carrizales reconoció que muchas de estas leyes promulgadas estaban a la espera de la reforma.
"Lamentablemente no se dio, y entonces tuvimos que sentarnos a reformularlas para que se mantuvieran con estricto apego a la Constitución", aseveró.
Los rectores de las principales universidades del país hicieron una declaración conjunta en la que afirman que las nuevas leyes acentúan el intervencionismo exacerbado del Estado en la economía, quebrantan el principio constitucional de descentralización, alteran el diseño de las Fuerzas Armadas y amenazan derechos fundamentales.
La Constitución prohíbe volver a presentar una reforma rechazada en el mismo periodo constitucional, por lo que los académicos señalan que se trata de un "contrabando".
Milicias bolivarianas
La nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional , que altera el texto promulgado por la Asamblea en 2005, copia la propuesta de la reforma al calificarla como bolivariana.
"Bolivariano para los venezolanos ya no tiene nada que ver con Bolívar. Para todos es sinónimo de chavismo. El matiz político es claro", señaló el abogado Gustavo Linares.
Pero lo más grave, afirmó, es la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, que dependerá de Chávez.
Este decreto incorpora la milicia como complemento del Ejército, la Aviación, la Armada (ahora Marina de Guerra) y la Guardia Nacional.
"Se trata de la creación del Ejército privado del Presidente, de la base legal de una guardia pretoriana que está en formación. La Constitución precisa cuatro componentes y cualquier fuerza extra es inconstitucional", apuntó Linares, quien también alertó que ya se puede hablar de amenaza de guerra civil en términos serios.
Expropiación express
"El Ejecutivo está tratando de estrangularnos al establecer una serie de instrumentos legales que sólo servirán para acabar con la inversión que aún existe", advierte Eduardo Gómez, presidente de la Confederación de Industriales (Conindustria).
Gómez recordó que el sector industrial ya se ha reducido 40 por ciento en el último decenio.
Las leyes que más afectan el sector privado son la de Seguridad Alimentaria y la de Acceso a los Bienes y Servicios.
La primera permite al Gobierno restringir o prohibir la importación, exportación, distribución, intercambio o comercialización de determinados alimentos, productos, rubros e insumos agrícolas, o la prestación de determinados servicios para el agro y su industria.
También prevé que el Ejecutivo podrá asumir actividades de distribución e intercambio de productos.
El Ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, declaró que con esta norma el Gobierno venezolano espera captar un cuarto del mercado de alimentos procesados en los próximos cuatro años.
Estas disposiciones se refuerzan con la expropiación, prevista en la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios.
"Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio y transporte de alimentos y bienes de primera necesidad", establece uno de sus artículos.
Esta ley también incorpora graves sanciones, como multas millonarias, cierre de empresas y prisión de hasta 10 años.
Otro decreto, el de Economía Popular, incorpora términos como Empresas de Producción Social, trueque y un modelo socioproductivo comunitario.
Critican centralismo
La Oposición asegura que otras dos leyes están destinadas a imponer el centralismo, lo que contradice la disposición constitucional que define a Venezuela como un Estado federal descentralizado.
Según Petkoff, la Ley de Administración Pública revive el concepto de autoridades regionales designadas por el Presidente, planteadas en la reforma como vicepresidencias, que se superpondrían a Gobernadores y Alcaldes.
Estas autoridades tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada.
Petkoff agregó que la Comisión de Planificación Centralizada (CPC), decretada por Chávez en junio de 2007, trazará los planes de desarrollo y no el Consejo Federal de Gobierno, como estipula la Constitución.
Las normas de la discordia
De las 26 disposiciones decretadas por Chávez, seis crean polémica.
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
· Crea una milicia bajo el mando del Presidente y la nombra Bolivariana.
Ley de Administración Pública
· Permite al Presidente designar autoridades regionales.
Ley de Creación del Fondo Social, para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional
· Los excedentes de las empresas estatales y las industrias básicas serán manejados por el Comité Central de Planificación, creado por Chávez.
Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
· Permite al Gobierno restringir o prohibir la producción o comercialización de insumos agrícolas.
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
· Permite la expropiación de los bienes en las cadenas comerciales.
Ley de Economía Popular
· Empodera los consejos comunales, impulsa trueques y la producción comunal.
El 2 de diciembre de 2007, el Mandatario utilizó esas mismas palabras, con las que en 1992 reconoció el fracaso de su intentona golpista, para admitir su derrota en el referendo, dejando ver que no se daría por vencido.
Nueve meses después, la Oposición lo acusa de imponer su proyecto con la aprobación de un paquete de 26 leyes que decretó el 31 de julio, cuando vencían sus poderes especiales para legislar.
"Si la Constitución hubiera sido modificada en diciembre, las leyes serían inobjetables, pero eso no sucedió, lo que las hace inconstitucionales", señaló el líder izquierdista Teodoro Petkoff.
El vicepresidente Ramón Carrizales reconoció que muchas de estas leyes promulgadas estaban a la espera de la reforma.
"Lamentablemente no se dio, y entonces tuvimos que sentarnos a reformularlas para que se mantuvieran con estricto apego a la Constitución", aseveró.
Los rectores de las principales universidades del país hicieron una declaración conjunta en la que afirman que las nuevas leyes acentúan el intervencionismo exacerbado del Estado en la economía, quebrantan el principio constitucional de descentralización, alteran el diseño de las Fuerzas Armadas y amenazan derechos fundamentales.
La Constitución prohíbe volver a presentar una reforma rechazada en el mismo periodo constitucional, por lo que los académicos señalan que se trata de un "contrabando".
Milicias bolivarianas
La nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional , que altera el texto promulgado por la Asamblea en 2005, copia la propuesta de la reforma al calificarla como bolivariana.
"Bolivariano para los venezolanos ya no tiene nada que ver con Bolívar. Para todos es sinónimo de chavismo. El matiz político es claro", señaló el abogado Gustavo Linares.
Pero lo más grave, afirmó, es la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, que dependerá de Chávez.
Este decreto incorpora la milicia como complemento del Ejército, la Aviación, la Armada (ahora Marina de Guerra) y la Guardia Nacional.
"Se trata de la creación del Ejército privado del Presidente, de la base legal de una guardia pretoriana que está en formación. La Constitución precisa cuatro componentes y cualquier fuerza extra es inconstitucional", apuntó Linares, quien también alertó que ya se puede hablar de amenaza de guerra civil en términos serios.
Expropiación express
"El Ejecutivo está tratando de estrangularnos al establecer una serie de instrumentos legales que sólo servirán para acabar con la inversión que aún existe", advierte Eduardo Gómez, presidente de la Confederación de Industriales (Conindustria).
Gómez recordó que el sector industrial ya se ha reducido 40 por ciento en el último decenio.
Las leyes que más afectan el sector privado son la de Seguridad Alimentaria y la de Acceso a los Bienes y Servicios.
La primera permite al Gobierno restringir o prohibir la importación, exportación, distribución, intercambio o comercialización de determinados alimentos, productos, rubros e insumos agrícolas, o la prestación de determinados servicios para el agro y su industria.
También prevé que el Ejecutivo podrá asumir actividades de distribución e intercambio de productos.
El Ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, declaró que con esta norma el Gobierno venezolano espera captar un cuarto del mercado de alimentos procesados en los próximos cuatro años.
Estas disposiciones se refuerzan con la expropiación, prevista en la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios.
"Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio y transporte de alimentos y bienes de primera necesidad", establece uno de sus artículos.
Esta ley también incorpora graves sanciones, como multas millonarias, cierre de empresas y prisión de hasta 10 años.
Otro decreto, el de Economía Popular, incorpora términos como Empresas de Producción Social, trueque y un modelo socioproductivo comunitario.
Critican centralismo
La Oposición asegura que otras dos leyes están destinadas a imponer el centralismo, lo que contradice la disposición constitucional que define a Venezuela como un Estado federal descentralizado.
Según Petkoff, la Ley de Administración Pública revive el concepto de autoridades regionales designadas por el Presidente, planteadas en la reforma como vicepresidencias, que se superpondrían a Gobernadores y Alcaldes.
Estas autoridades tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada.
Petkoff agregó que la Comisión de Planificación Centralizada (CPC), decretada por Chávez en junio de 2007, trazará los planes de desarrollo y no el Consejo Federal de Gobierno, como estipula la Constitución.
Las normas de la discordia
De las 26 disposiciones decretadas por Chávez, seis crean polémica.
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
· Crea una milicia bajo el mando del Presidente y la nombra Bolivariana.
Ley de Administración Pública
· Permite al Presidente designar autoridades regionales.
Ley de Creación del Fondo Social, para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional
· Los excedentes de las empresas estatales y las industrias básicas serán manejados por el Comité Central de Planificación, creado por Chávez.
Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
· Permite al Gobierno restringir o prohibir la producción o comercialización de insumos agrícolas.
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
· Permite la expropiación de los bienes en las cadenas comerciales.
Ley de Economía Popular
· Empodera los consejos comunales, impulsa trueques y la producción comunal.
Cristina Marcano, corresponsal, Reforma, 1° de septiembre.
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