En los próximos cuatro años, el gobierno federal pretende “armonizar” la legislación en materia de procuración e impartición de justicia, así como en las áreas de seguridad nacional, como alternativa para garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, vigente desde este sábado, busca mecanismos jurídicos y cambios en las leyes para avanzar en la cultura de la legalidad y generar confianza en las instituciones públicas, al tiempo de cumplir con demandas de los organismos civiles.
Por ejemplo, atender a grupos vulnerables e impulsar una ley sobre desaparición forzada de personas, en concordancia con la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana sobre ese mismo tema, firmadas y ratificadas por México.
De igual forma, impulsar un marco normativo de protección a las y los defensores de derechos humanos y promover enmiendas para permitir la “acción eficaz” de las autoridades federales en los casos de crímenes cometidos contra periodistas.
De acuerdo con el diagnóstico que tomó en cuenta la administración calderonista para elaborar el PNDH, sólo el 34.6 por ciento de los ciudadanos confía en las leyes y menos de la mitad de la población (45.6 por ciento) considera que en México son respetadas las garantías básicas.
Sin embargo, las metas del gobierno calderonista son limitadas toda vez que al cierre de este sexenio buscará mejorar esa situación sólo entre 5 y 6 puntos porcentuales.
Lo mismo ocurre con el rubro de capacitación de los empleados públicos para la defensa y promoción de los derechos humanos y en el cumplimiento eficaz de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicador que actualmente está en 67 por ciento y se busca colocarlo, para el año 2012, en 70 por ciento.
Este diario publicó ayer un extracto del PNDH, cuyo eje central, en materia de derechos humanos es la “sustitución paulatina y verificable” de los militares en las funciones de seguridad pública.
Desde el año pasado, las fuerzas federales participan en operativos para combatir al crimen organizado y, ahora, la víspera del segundo Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, es publicado el Programa de Derechos Humanos que busca “homologar directrices” bajo los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego, pero sobre todo garantizar que el uso de la fuerza sea sólo empleado como último recurso y “con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”
Además, mejorar el marco jurídico en lo que se refiere a la seguridad fronteriza (incluido el trato a migrantes) y avanzar en la cooperación internacional para el respeto de las garantías básicas.
Respecto a las reformas constitucionales, el plan busca elaborar iniciativas para garantizar los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos; “introducir los derechos que no se encuentren reconocidos explícitamente” y “asegurar la igualdad de todas las personas, en especial de aquellos sectores de la población que se encuentren en situación de discriminación y vulnerabilidad”.
El decreto que da sustento al PNDH fue emitido por Calderón y avalado por los titulares de Gobernación, Hacienda y de la Función Pública; lo anterior, porque se pretende que haya recursos suficientes y un esquema de contraloría para que todos los programas del gobierno federal sean elaborados con perspectiva de respeto a los derechos humanos.
El referido programa incluye múltiples líneas de acción para la prevención del delito y garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos de procuración de justicia, y acciones como el principio de presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad en el momento procesal correspondiente.
Además, incluye diversas acciones ante casos de tortura, para atender a víctimas del delito, a las personas privadas de su libertad, principalmente para lograr su rehabilitación.
Sobre la cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, el PNDH pone énfasis en las acciones que deberá desarrollar la Secretaría de Educación Pública.
El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, vigente desde este sábado, busca mecanismos jurídicos y cambios en las leyes para avanzar en la cultura de la legalidad y generar confianza en las instituciones públicas, al tiempo de cumplir con demandas de los organismos civiles.
Por ejemplo, atender a grupos vulnerables e impulsar una ley sobre desaparición forzada de personas, en concordancia con la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana sobre ese mismo tema, firmadas y ratificadas por México.
De igual forma, impulsar un marco normativo de protección a las y los defensores de derechos humanos y promover enmiendas para permitir la “acción eficaz” de las autoridades federales en los casos de crímenes cometidos contra periodistas.
De acuerdo con el diagnóstico que tomó en cuenta la administración calderonista para elaborar el PNDH, sólo el 34.6 por ciento de los ciudadanos confía en las leyes y menos de la mitad de la población (45.6 por ciento) considera que en México son respetadas las garantías básicas.
Sin embargo, las metas del gobierno calderonista son limitadas toda vez que al cierre de este sexenio buscará mejorar esa situación sólo entre 5 y 6 puntos porcentuales.
Lo mismo ocurre con el rubro de capacitación de los empleados públicos para la defensa y promoción de los derechos humanos y en el cumplimiento eficaz de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicador que actualmente está en 67 por ciento y se busca colocarlo, para el año 2012, en 70 por ciento.
Este diario publicó ayer un extracto del PNDH, cuyo eje central, en materia de derechos humanos es la “sustitución paulatina y verificable” de los militares en las funciones de seguridad pública.
Desde el año pasado, las fuerzas federales participan en operativos para combatir al crimen organizado y, ahora, la víspera del segundo Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, es publicado el Programa de Derechos Humanos que busca “homologar directrices” bajo los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego, pero sobre todo garantizar que el uso de la fuerza sea sólo empleado como último recurso y “con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”
Además, mejorar el marco jurídico en lo que se refiere a la seguridad fronteriza (incluido el trato a migrantes) y avanzar en la cooperación internacional para el respeto de las garantías básicas.
Respecto a las reformas constitucionales, el plan busca elaborar iniciativas para garantizar los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos; “introducir los derechos que no se encuentren reconocidos explícitamente” y “asegurar la igualdad de todas las personas, en especial de aquellos sectores de la población que se encuentren en situación de discriminación y vulnerabilidad”.
El decreto que da sustento al PNDH fue emitido por Calderón y avalado por los titulares de Gobernación, Hacienda y de la Función Pública; lo anterior, porque se pretende que haya recursos suficientes y un esquema de contraloría para que todos los programas del gobierno federal sean elaborados con perspectiva de respeto a los derechos humanos.
El referido programa incluye múltiples líneas de acción para la prevención del delito y garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos de procuración de justicia, y acciones como el principio de presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad en el momento procesal correspondiente.
Además, incluye diversas acciones ante casos de tortura, para atender a víctimas del delito, a las personas privadas de su libertad, principalmente para lograr su rehabilitación.
Sobre la cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, el PNDH pone énfasis en las acciones que deberá desarrollar la Secretaría de Educación Pública.
Fabiola Martínez, La Jornada, 30 de agosto.
0 Responses to "México no garantiza derechos humanos, señala un estudio"
Publicar un comentario