Ante la falta de compromiso y la “incongruente” política del gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, organizaciones defensoras de esas garantías en el país aseguraron que no participarán en la consulta convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración del informe que el Estado mexicano presentará en breve al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
En el EPU se verificará la situación de esos derechos fundamentales en el país.
En conferencia, representantes de más de 100 organizaciones civiles –entre ellas la Red Todos los Derechos para Todos, Católicas por el Derecho a Decidir, Cencos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y Sin Fronteras– aseguraron que no es que se cierren al diálogo, sino que la invitación de la administración calderonista se presenta más como un requisito coyuntural que como un verdadero interés de sentarse a discutir con los activistas, ya que tiene que efectuar esos pasos previos a la presentación del informe de carácter obligatorio.
“El diálogo es un proceso de construcción y no una invitación a dos horas de plática, así como para cumplir”, afirmaron.
Los activistas se sumaron a la condena de los atentados contra civiles en Morelia, Michoacán, que dejaron un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos, y remarcaron que es un acto de la “escalada de violencia” que se viene presentando recientemente en el país. Sin embargo, confiaron en que ese hecho no se convierta en un pretexto para “sacrificar” la defensa y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía bajo el argumento de la seguridad.
En ese sentido demandaron a Calderón cumplir con el compromiso que asumió durante la visita hace unos meses de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en el sentido de que retiraría de manera gradual al Ejército de las labores de seguridad. “Esto no se ha presentado y seguimos esperando”, indicaron.
María Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir; Brisa Solis, del Cencos, y Agnieszka Raczynsska, de la Red, informaron que la decisión de no asistir a lo encuentros con la cancillería se debe a varias razones, como el hecho de que siempre han mostrado su disposición para participar, “sin embargo, en la toma de decisiones en la materia somos excluidos”.
Aseguraron que desean la interlocución, ya que “es necesaria para avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos”, pero la consulta convocada por la cancillería se enmarca en lo que sugiere el propio mecanismo del EPU –con el cual México tiene la obligación internacional de cumplir–, en el sentido de que los estados consulten a las organizaciones no gubernamentales para redactar su propio informe.
“Por tanto, esta invitación responde a una acción coyuntural y no expresa una política permanente de interlocución, ni muestra una apertura contundente del gobierno en la que establezca con claridad la agenda y signos claros de apertura” en la materia.
Señalaron que en México existe una “persistente impunidad” ante violaciones a los derechos humanos, lo que permite que éstas se continúen presentando; se carece de acceso a la justicia; no se armonizan los tratados internacionales con la legislación local; se mantiene una constante criminalización de la protesta social... hechos que ponen en evidencia “que los derechos humanos no son prioridad para el actual gobierno federal, además de que el Estado es omiso en su compromiso (internacional) hacia esas garantías”.
En el EPU se verificará la situación de esos derechos fundamentales en el país.
En conferencia, representantes de más de 100 organizaciones civiles –entre ellas la Red Todos los Derechos para Todos, Católicas por el Derecho a Decidir, Cencos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y Sin Fronteras– aseguraron que no es que se cierren al diálogo, sino que la invitación de la administración calderonista se presenta más como un requisito coyuntural que como un verdadero interés de sentarse a discutir con los activistas, ya que tiene que efectuar esos pasos previos a la presentación del informe de carácter obligatorio.
“El diálogo es un proceso de construcción y no una invitación a dos horas de plática, así como para cumplir”, afirmaron.
Los activistas se sumaron a la condena de los atentados contra civiles en Morelia, Michoacán, que dejaron un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos, y remarcaron que es un acto de la “escalada de violencia” que se viene presentando recientemente en el país. Sin embargo, confiaron en que ese hecho no se convierta en un pretexto para “sacrificar” la defensa y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía bajo el argumento de la seguridad.
En ese sentido demandaron a Calderón cumplir con el compromiso que asumió durante la visita hace unos meses de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en el sentido de que retiraría de manera gradual al Ejército de las labores de seguridad. “Esto no se ha presentado y seguimos esperando”, indicaron.
María Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir; Brisa Solis, del Cencos, y Agnieszka Raczynsska, de la Red, informaron que la decisión de no asistir a lo encuentros con la cancillería se debe a varias razones, como el hecho de que siempre han mostrado su disposición para participar, “sin embargo, en la toma de decisiones en la materia somos excluidos”.
Aseguraron que desean la interlocución, ya que “es necesaria para avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos”, pero la consulta convocada por la cancillería se enmarca en lo que sugiere el propio mecanismo del EPU –con el cual México tiene la obligación internacional de cumplir–, en el sentido de que los estados consulten a las organizaciones no gubernamentales para redactar su propio informe.
“Por tanto, esta invitación responde a una acción coyuntural y no expresa una política permanente de interlocución, ni muestra una apertura contundente del gobierno en la que establezca con claridad la agenda y signos claros de apertura” en la materia.
Señalaron que en México existe una “persistente impunidad” ante violaciones a los derechos humanos, lo que permite que éstas se continúen presentando; se carece de acceso a la justicia; no se armonizan los tratados internacionales con la legislación local; se mantiene una constante criminalización de la protesta social... hechos que ponen en evidencia “que los derechos humanos no son prioridad para el actual gobierno federal, además de que el Estado es omiso en su compromiso (internacional) hacia esas garantías”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 18 de septiembre.
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