Plantea Ejecutivo 'policías sin rostro'

En el paquete de reformas en materia de seguridad enviado al Senado, el Presidente Felipe Calderón propone regular la protección a agentes infiltrados y a policías investigadores.

Actualmente, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada la única referencia sobre filtración de agentes es que la Procuraduría General de la República (PGR) podrá recurrir a esta figura.

Ahora, el Ejecutivo federal propone un artículo 11 bis, en el que se autoriza la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados, así como de los que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con delitos sobre delincuencia organizada.

Establece que en la averiguación previa respectiva deberá aparecer una clave numérica que se le asignará a los agentes en lugar del nombre, domicilio o cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para su identificación.

Dicha clave será del conocimiento del Procurador General de la República, del Secretario de Seguridad Pública y del propio servidor público.

Esta confidencialidad extrema, justifica el Ejecutivo federal, es para garantizar mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada.

Ayer, el Senado de la República dio entrada formal al paquete de 13 de iniciativas de reformas y nuevas leyes enviadas por Calderón, por lo que fueron enviadas a las comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos, primera y segunda.

Por otro lado, el Ejecutivo propone regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, que procederá en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Para ello, basta iniciar el procedimiento y determinar que el hecho ilícito sucedió aunque no se determine a los autores.

Otra de las reformas que propone el Ejecutivo federal busca dotar a las policías de facultades de investigación, someterlas al mando y conducción del Ministerio Público.

También las faculta para recibir denuncias, participar en la detención de personas y aseguramiento de bienes, además de obligarlas a realizar todos los actos necesarios para la protección de las víctimas u ofendidos del delito.

Adicionalmente se crea un registro de detenidos, al que cualquier autoridad que realice una aprehensión o que reciba a un detenido deberá informar, como medida de transparencia.

En el caso de cateo, la práctica deberá hacerse dentro de las 24 horas de recibida la petición, verificando la autenticidad de informaciones anónimas.

En el proyecto se desarrolla una nueva regulación de la flagrancia, donde cualquier persona podrá detener al indiciado.

Así también considera una nueva regulación para el caso de la intervención de las comunicaciones y su valor probatorio.



Nada nuevo


El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Alejandro González, afirmó que las iniciativas del Ejecutivo no contemplan nada nuevo, pues son las modificaciones obligatorias derivadas de la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad.

Afirmó que la próxima semana podrían comenzar con la discusión de las leyes reglamentarias.

"Son derivadas de la reforma constitucional", aseguró el legislador.
Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 24 de septiembre.

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