En un análisis sobre la reforma del Estado, aseguró que los cambios legales otorgaron al Ejecutivo diversos instrumentos para combatir con más eficiencia al crimen organizado.
"Encauzamos la reforma a la seguridad y justicia penal. En el primer rubro, para fortalecer la seguridad pública, dotamos al Estado mexicano de nuevos instrumentos para el combate a la delincuencia organizada.
"Establecimos el control judicial mediante jueces de garantías, de las disposiciones excepcionales de arraigo, intervención telefónica y medidas cautelares respecto de los bienes involucrados en la comisión de delitos", señala el documento.
Consideró además que con la incorporación de los juicios orales se garantiza el debido proceso a víctimas e inculpados, ya que se realizarán siempre en presencia del juez.
"Es obvio que, ante una reforma de trascendencia, el Legislativo estableciera un periodo de transición de ocho años para ir del procesamiento penal culposo al procesamiento penal inquisitorio, en el cual, dicho sea de paso, corresponderá al Ministerio Público probar las imputaciones y no al inculpado demostrar su inocencia", sostiene.
En alusión a la reforma del Estado, aseguró que gracias a ella el País logró la reconciliación política tras el conflicto postelectoral de 2006.
"Esta etapa de la reforma del Estado ha sido el paso imprescindible para apuntalar una reconciliación nacional basada en la ley y en la renovación de las instituciones.
"Contra de pronósticos catastrofistas, reconstruimos el diálogo nacional y establecimos un camino para una reconciliación basada en las reformas, y en nuevas reglas del juego", afirmó Beltrones.
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