Pretende Acción Nacional crear un órgano electoral a modo: Cisneros

La crisis e incertidumbre que se vive en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se ahondó ayer al confrontarse los consejeros de este órgano por la ilegalidad o no de la destitución de su presidente, pues mientras el afectado insistió en que se trató de un “golpe de estado técnico”, para otros fue un “ejercicio democrático”.

Por un lado, cuatro consejeros electorales defendieron el procedimiento e inclusive, se dijeron listos para nombrar a quien dirigirá el organismo en los próximos dos años, y por otro, Isidro Cisneros Ramírez, quien se dijo el único presidente legal, y el provisional, Gustavo Anzaldo, afirmaron que tendrán que ser los tribunales los que digan la última palabra al respecto.

Cisneros Ramírez, quien consideró que si los partidos se reparten cuotas y toman el control de esta instancia autónoma, como pretende el Partido Acción Nacional (PAN), la credibilidad de los comicios del próximo año vendrá a menos, y advirtió que agotará todos los recursos jurídicos para restablecer la legalidad en el órgano electoral.

Entre ellos un amparo contra su remoción y una aclaración de sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el tribunal electoral federal, para que ratifiquen que no puede ser destituido de su cargo hasta 2013, cuando concluye su mandato, tal y como ya se había resuelto por ambas instancias previamente, echando abajo las pretensiones de un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de relevar de manera escalonada a los miembros del órgano electoral.

En su opinión, en la actualidad en el IEDF “hay una presidencia legal” encabezada por él, y “otras cosas que no tienen nombre”, que lo único que generan es una “nueva y muy profunda incertidumbre”, la cual, aseguró, combatirá por todos los medios, pues no permitirá que el organismo electoral entre al vaivén de los intereses personales y de partido.

“Lo que vimos ayer (lunes) es la búsqueda del establecimiento de cuotas. No es casual que la propuesta (de remoción) estuviera fuera del orden del día y que la haya realizado el PAN con el apoyo de una parte del PRD, de Nueva Izquierda”, refirió, y señaló que con ello el Distrito Federal se sumó a la tendencia que existe en todo el país que busca crear órganos electorales “a modo” de los partidos políticos.

“No es con venganzas ni con violentar la legalidad que las instituciones electorales van a consolidar la democracia”, afirmó en declaraciones hechas a las puertas del restaurante El Cardenal, en la calle Palma, del Centro Histórico, en el que minutos antes cinco consejeros ofrecieron una conferencia de prensa.

La presencia del consejero no pasó inadvertida por sus homólogos, pero sólo Yolanda León y Carla Humphrey aprovecharon la ocasión, y de manera burlona se despidieron de él al pasar a su lado. “Adiós, Cisneros”, le exclamaron a coro, mientras extendían su mano derecha, lo que provocó la molestia del aludido, que prefirió ignorarlas.

Antes, el grupo de consejeros insistió en la legalidad de la destitución, rechazó que su actuar pueda provocar una crisis de credibilidad en el órgano electoral, y muchos menos que se afecten los comicios de 2009. “Alguien decía que si no empezamos con el pie izquierdo, yo le diría todo lo contrario, estamos empezando con el pie derecho, el proceso electoral es una fiesta de la ciudadanía, y antes de empezarla hay que limpiar la casa”, expresó Yolanda León.

También desestimaron la petición de juicio político en su contra que promoverá Isidro Cisneros, de quien dijeron: “está en todo su derecho de defenderse y proceder jurídicamente”, e indicaron que nombrarán cuanto antes a quien estará en la presidencia del instituto, cargo al cual Ángel Díaz dijo estar “encantadísimo” de ocupar, mientras que el resto se limitó a señalar todos legítimamente pueden aspirar a ese puesto.

En otro tono, Gustavo Anzaldo consideró que este conflicto será el primero de muchos más, por una serie de contradicciones que existen en el Código Electoral y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tienen su origen en cómo se legisló en la Asamblea Legislativa. “Lo que hay es una cuestión de interpretación, que tendrán que poner en claro los tribunales”, apuntó, sin aludir que su cargo actual no tiene sustento jurídico.

Rocío González Alvarado, La Jornada, 10 de septiembre.


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