La Comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación en la Cámara de Diputados presentará próximamente una iniciativa para federalización de los delitos contra quienes ejercen la profesión.
Su presidente, el panista Gerardo Priego, aseguró que buscará el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de los coordinadores parlamentarios.
La iniciativa pretende modificar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación y el Código Penal Federal para que cualquier intimidación, amenazas y atentados realizada a los comunicadores puedan ser atraídos por la Procuraduría General de la República y conocidos por jueces penales federales en lugar de permanecer en el ámbito local.
Durante los foros realizados en San Lázaro alo largo de tres días, legisladores, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones civiles y asociaciones de periodistas discutieron y afinaron el contenido de la iniciativa presentada.
Los redactores utilizaron como base cinco propuestas que ya se dieron a conocer: la del senador perredista Carlos Sotelo, la de la Procuraduría General de la República que expuso el funcionario panista Juan de Dios Castro, la de la Sociedad Interamericana de Prensa, la que el PRD presentó al final de la Comisión Permanente y una quinta de la asociación Libertad de Información México (LIMAC).
De acuerdo con el borrador, elaborado por un grupo de abogados y relatores, la Comisión se pronunció por definir que el sujeto no será el periodista sino "la actividad periodística" para que no se excluya de la ley a camarógrafos, fotógrafos y cualquiera que participe en la cadena de producción y emisión de la información.
"Se entiende por actividad periodística el ejercicio profesional o no del derecho a difundir, recabar, investigar, sistematizar y publicar ideas u opiniones, de manera permanente o esporádica, con o sin remuneración, a través de cualquier medio de información de hechos que sean considerados de interés público sea o no su actividad principal, independientemente de haber o no relación contractual, así como cualquier forma de colaboración en el proceso de producción de información", establece el documento.
Su presidente, el panista Gerardo Priego, aseguró que buscará el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de los coordinadores parlamentarios.
La iniciativa pretende modificar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación y el Código Penal Federal para que cualquier intimidación, amenazas y atentados realizada a los comunicadores puedan ser atraídos por la Procuraduría General de la República y conocidos por jueces penales federales en lugar de permanecer en el ámbito local.
Durante los foros realizados en San Lázaro alo largo de tres días, legisladores, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones civiles y asociaciones de periodistas discutieron y afinaron el contenido de la iniciativa presentada.
Los redactores utilizaron como base cinco propuestas que ya se dieron a conocer: la del senador perredista Carlos Sotelo, la de la Procuraduría General de la República que expuso el funcionario panista Juan de Dios Castro, la de la Sociedad Interamericana de Prensa, la que el PRD presentó al final de la Comisión Permanente y una quinta de la asociación Libertad de Información México (LIMAC).
De acuerdo con el borrador, elaborado por un grupo de abogados y relatores, la Comisión se pronunció por definir que el sujeto no será el periodista sino "la actividad periodística" para que no se excluya de la ley a camarógrafos, fotógrafos y cualquiera que participe en la cadena de producción y emisión de la información.
"Se entiende por actividad periodística el ejercicio profesional o no del derecho a difundir, recabar, investigar, sistematizar y publicar ideas u opiniones, de manera permanente o esporádica, con o sin remuneración, a través de cualquier medio de información de hechos que sean considerados de interés público sea o no su actividad principal, independientemente de haber o no relación contractual, así como cualquier forma de colaboración en el proceso de producción de información", establece el documento.
Carole Simmonet, Reforma, 12 de septiembre.
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