El PRD se blindará contra la amenaza del narcotráfico y ante la posibilidad de que éste infiltre a sus candidatos, de cara al proceso electoral del próximo año.
El Congreso Nacional de ese partido aprobó por unanimidad protegerse ante la filtración del crimen organizado en sus candidatos, y para ello facultó al Consejo Nacional a revisar perfiles y antecedentes de todos los aspirantes a puestos de elección popular.
En un documento de 10 puntos se establece “blindar al partido de la amenaza de filtración del crimen organizado en las instituciones políticas y acuerda que los perfiles y antecedentes de todas las candidatas y candidatos a cargos de elección popular sean revisados y analizados para su aprobación por el Consejo Nacional”
En tribuna, el senador René Arce defendió la propuesta al señalar que es “urgente” blindar al partido y a sus candidatos ante las actuales condiciones de inseguridad que vive el país.
Como parte del resolutivo en materia de seguridad aprobado ayer por los integrantes del Congreso Nacional, y la condena enérgica que hizo al “atentado terrorista” del pasado 15 de septiembre en Morelia, se acordó convocar a un pacto nacional de partidos políticos, los gobiernos federal, estatal y municipales, así como el Congreso de la Unión y la sociedad civil, incluidos investigadores y expertos en seguridad, para “actuar decididamente contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad”.
Se determinó que el PRD rechazará “el populismo punitivo y represivo, tanto en las políticas públicas como legislativas”.
En este sentido, el perredismo no avalará propuestas que pretendan incrementar las penas, aplicar la cadena perpetua o la prisión vitalicia, lo mismo que la pena de muerte, al advertir que estas medidas representan “salidas demagógicas a la desesperación social”.
Los delegados perredistas avalaron “más prevención y políticas sociales, y menos represión”.
En este contexto, el resolutivo aprobado definió defender el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades públicas “amenazados por la estrategia militarizante y punitiva de la derecha y el autoritarismo, subordinada a la agenda de seguridad hemisférica de Estados Unidos y sus aliados”.
El Congreso perredista mandató a sus gobiernos municipales y estatales, así como sus legisladores y estructuras partidarias, la participación en movimientos sociales y ciudadanos para recuperar la conducción política de la seguridad con intervenciones simultáneas y complementarias que abarcan, además del combate a las estructuras financieras y de capacidad de fuego del narconegocio, la construcción de una cultura ciudadana que censure la ilegalidad y el delito.
También, promover reformas secundarias y logísticas para el sistema procesal acusatorio, lo mismo que la construcción de comunidades seguras, a través del establecimiento de prioridades presupuestarias en políticas sociales.
- Claves
Más acciones
• El Congreso perredista avaló la agenda en materia de seguridad, que incluye la creación del Instituto Ciudadano de la Prevención Social del Delito.
• Además, una reforma integral de la procuración e impartición de justicia y promover la investigación e intervención financiera que desmantele la estructura de lavado de dinero del narconegocio y sus redes delincuenciales.
El Congreso Nacional de ese partido aprobó por unanimidad protegerse ante la filtración del crimen organizado en sus candidatos, y para ello facultó al Consejo Nacional a revisar perfiles y antecedentes de todos los aspirantes a puestos de elección popular.
En un documento de 10 puntos se establece “blindar al partido de la amenaza de filtración del crimen organizado en las instituciones políticas y acuerda que los perfiles y antecedentes de todas las candidatas y candidatos a cargos de elección popular sean revisados y analizados para su aprobación por el Consejo Nacional”
En tribuna, el senador René Arce defendió la propuesta al señalar que es “urgente” blindar al partido y a sus candidatos ante las actuales condiciones de inseguridad que vive el país.
Como parte del resolutivo en materia de seguridad aprobado ayer por los integrantes del Congreso Nacional, y la condena enérgica que hizo al “atentado terrorista” del pasado 15 de septiembre en Morelia, se acordó convocar a un pacto nacional de partidos políticos, los gobiernos federal, estatal y municipales, así como el Congreso de la Unión y la sociedad civil, incluidos investigadores y expertos en seguridad, para “actuar decididamente contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad”.
Se determinó que el PRD rechazará “el populismo punitivo y represivo, tanto en las políticas públicas como legislativas”.
En este sentido, el perredismo no avalará propuestas que pretendan incrementar las penas, aplicar la cadena perpetua o la prisión vitalicia, lo mismo que la pena de muerte, al advertir que estas medidas representan “salidas demagógicas a la desesperación social”.
Los delegados perredistas avalaron “más prevención y políticas sociales, y menos represión”.
En este contexto, el resolutivo aprobado definió defender el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades públicas “amenazados por la estrategia militarizante y punitiva de la derecha y el autoritarismo, subordinada a la agenda de seguridad hemisférica de Estados Unidos y sus aliados”.
El Congreso perredista mandató a sus gobiernos municipales y estatales, así como sus legisladores y estructuras partidarias, la participación en movimientos sociales y ciudadanos para recuperar la conducción política de la seguridad con intervenciones simultáneas y complementarias que abarcan, además del combate a las estructuras financieras y de capacidad de fuego del narconegocio, la construcción de una cultura ciudadana que censure la ilegalidad y el delito.
También, promover reformas secundarias y logísticas para el sistema procesal acusatorio, lo mismo que la construcción de comunidades seguras, a través del establecimiento de prioridades presupuestarias en políticas sociales.
- Claves
Más acciones
• El Congreso perredista avaló la agenda en materia de seguridad, que incluye la creación del Instituto Ciudadano de la Prevención Social del Delito.
• Además, una reforma integral de la procuración e impartición de justicia y promover la investigación e intervención financiera que desmantele la estructura de lavado de dinero del narconegocio y sus redes delincuenciales.
Liliana Padilla y Daniel Venegas, Milenio, 22 de septiembre.
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