La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos del Ejército vulneraron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad y la seguridad personal de tres hombres, a quienes detuvieron “arbitrariamente”, retuvieron de manera ilegal entre 60 y 70 horas y torturaron.
Por lo anterior, el organismo presidido por José Luis Soberanes Fernández emitió dos recomendaciones dirigidas al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván (Sedena), en las que solicita que se castigue a los responsables de dichos delitos.
En las recomendaciones 54 y 55, el ombudsman nacional sostiene que los abusos son atribuibles al 76 batallón de infantería y al 20 regimiento de caballería motorizado adscritos a la Sedena, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La recomendación 55 se refiere a las violaciones a las garantías de Juan Ramón Durán Robles y José Guadalupe Rivas González, quienes a las 00:30 horas del 30 de marzo de 2008 fueron detenidos en el interior del domicilio del primero. De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, ambos fueron sometidos por militares a “una serie de maltratos y sufrimientos físicos y sicológicos, con el fin de obtener información relacionada con diversos hechos delictivos”.
Soberanes señala que Durán y Rivas “fueron encañonados, los hincaron en el suelo y los mantuvieron con los ojos cerrados mientras eran golpeados en diversas partes del cuerpo; también los amarraron y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para que no pudieran respirar”. Agrega que los soldados aplicaron toques eléctricos en el pie derecho de Rivas González, lo que derivó en la amputación de uno de sus dedos.
“Esto constituye actos de tortura con objeto de que confesaran su participación en diversos delitos, situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad ministerial competente para no permitir la impunidad”.
Advierte que al ser señalados como probables responsables de hechos delictivos, de inmediato ambos debieron ser puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, eso ocurrió 70 horas después de su detención, con lo que se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.
El otro caso se refiere a los abusos cometidos contra Valentín Arvilla Durán. El 9 de abril de 2008, soldados allanaron su domicilio, donde lo amenazaron. Más tarde lo sacaron esposado y con el rostro cubierto para conducirlo a las instalaciones de la quinta zona militar, donde fue retenido 60 horas, tiempo en el cual fue torturado a fin de que confesara su participación en diversos delitos. Acciones que el ombudsman también pidió investigar.
La CNDH solicitó a la Sedena la reparación de los daños físicos, sicológicos y médicos sufridos por las víctimas; que se inicien las averiguaciones previas y se sancione al personal militar que participó en los delitos; que se garantice la no repetición de hechos similares y que los soldados realicen sus labores con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Por lo anterior, el organismo presidido por José Luis Soberanes Fernández emitió dos recomendaciones dirigidas al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván (Sedena), en las que solicita que se castigue a los responsables de dichos delitos.
En las recomendaciones 54 y 55, el ombudsman nacional sostiene que los abusos son atribuibles al 76 batallón de infantería y al 20 regimiento de caballería motorizado adscritos a la Sedena, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La recomendación 55 se refiere a las violaciones a las garantías de Juan Ramón Durán Robles y José Guadalupe Rivas González, quienes a las 00:30 horas del 30 de marzo de 2008 fueron detenidos en el interior del domicilio del primero. De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, ambos fueron sometidos por militares a “una serie de maltratos y sufrimientos físicos y sicológicos, con el fin de obtener información relacionada con diversos hechos delictivos”.
Soberanes señala que Durán y Rivas “fueron encañonados, los hincaron en el suelo y los mantuvieron con los ojos cerrados mientras eran golpeados en diversas partes del cuerpo; también los amarraron y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para que no pudieran respirar”. Agrega que los soldados aplicaron toques eléctricos en el pie derecho de Rivas González, lo que derivó en la amputación de uno de sus dedos.
“Esto constituye actos de tortura con objeto de que confesaran su participación en diversos delitos, situación que debe ser debidamente investigada por la autoridad ministerial competente para no permitir la impunidad”.
Advierte que al ser señalados como probables responsables de hechos delictivos, de inmediato ambos debieron ser puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, eso ocurrió 70 horas después de su detención, con lo que se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.
El otro caso se refiere a los abusos cometidos contra Valentín Arvilla Durán. El 9 de abril de 2008, soldados allanaron su domicilio, donde lo amenazaron. Más tarde lo sacaron esposado y con el rostro cubierto para conducirlo a las instalaciones de la quinta zona militar, donde fue retenido 60 horas, tiempo en el cual fue torturado a fin de que confesara su participación en diversos delitos. Acciones que el ombudsman también pidió investigar.
La CNDH solicitó a la Sedena la reparación de los daños físicos, sicológicos y médicos sufridos por las víctimas; que se inicien las averiguaciones previas y se sancione al personal militar que participó en los delitos; que se garantice la no repetición de hechos similares y que los soldados realicen sus labores con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 5 de septiembre.
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