La delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, están identificadas como las cinco principales “amenazas” a la seguridad nacional en México para los próximos tres años.
En el Programa de Seguridad Nacional, que aplicará el gobierno federal durante ese lapso, se consideran también como “riesgos” contra el Estado mexicano conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los problemas del medio ambiente y los desequilibrios sociales.
Junto a la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos procedencia ilícita, entre los aspectos relevantes que el Programa de Seguridad Nacional destaca son los posibles conflictos que pueden generarse si no hay un manejo integral y sustentable del agua, la producción de alimentos y la generación de empleos. Pero igual se identifica como un riesgo para la seguridad de México a las enfermedades transmisibles que sean potencialmente epidémicas o pandémicas, como el virus de la influenza.
Por eso, la estrategia, diseñada a partir de los desafíos identificados, busca —dice el texto— anular amenazas y desactivar riesgos para mantener la estabilidad y del Estado mexicano, incluso recurriendo a “mecanismos excepcionales”, como la intervención de comunicaciones y la información anónima.
El citado plan que tendrá vigencia de tres años incorporó nuevos temas conforme el entorno nacional e internacional, luego de una serie de talleres de discusión en los que participaron representantes de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
De esta forma, según el citado programa, se establecieron objetivos y prioridades para articular la coordinación, incrementar capacidades institucionales y correlacionar la aplicación de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, por parte de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Vigilancia a programas
El Programa de Seguridad Nacional señala que cada una de las dependencia deberá hacer una debida “rendición de cuentas” con respecto a las políticas públicas y acciones que se aplicarán en los próximos tres años, pero igualmente en materia de acceso a la información gubernamental dispone que tendrá el carácter de reservada aquella información cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza; además, dentro de la estrategia gubernamental se propone promover el desarrollo de una cultura de la seguridad nacional de carácter interinstitucional.
El programa define 13 líneas estratégicas y 145 líneas de acción. Entre las primeras está el incrementar las capacidades de las instancias de seguridad nacional; fijar un sistema integral de información, el despliegue integral y sistemático de inteligencia y alerta temprana; promover el desarrollo del marco jurídico para la seguridad nacional, e impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional.
Para atender integralmente las amenazas y los riesgos se prevé profundizar en el conocimiento de éstas a través de la inteligencia; diseñar políticas públicas sobre factores críticos que dan origen a las amenazas y de riesgos; anticipar y limitar amenazas y riesgos por la vía de la contrainteligencia; asumir acciones de protección; planes para reaccionar con pertinencia y oportunidad frente a amenazas y riesgos que se concreten en los hechos, y limitar el daño actuando para mitigar impactos adversos derivados de amenazas y riesgos o, en su caso, controlar efectos, entre otras medidas.
Otras de las acciones será el fortalecer las capacidades de investigación, recolección de evidencia, identificación de responsables, e integración de averiguaciones previas, sobre hechos que pudieran implicar actos terroristas; articular acciones para prevenir, anular y reaccionar ante posibles actos terroristas, incluyendo el intercambio de inteligencia entre los servicios de seguridad mexicanos con homólogos extranjeros; acciones para anular actos de terrorismo internacional o contra otros estados.
Igual, se considera indispensable la incorporación de los sectores social y privado en la detección y aviso de operaciones posiblemente vinculadas al terrorismo internacional, y la generación de inteligencia sobre actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una intromisión.
Además se plantea generar inteligencia respecto a actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, lo mismo que para diagnosticar con oportunidad aquellos factores de naturaleza geopolítica, económica, política, social y cultural que, de prevalecer, pudieran llegar a poner en riesgo la unidad nacional o el pacto federal, señala el documento.
En el Programa de Seguridad Nacional, que aplicará el gobierno federal durante ese lapso, se consideran también como “riesgos” contra el Estado mexicano conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los problemas del medio ambiente y los desequilibrios sociales.
Junto a la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos procedencia ilícita, entre los aspectos relevantes que el Programa de Seguridad Nacional destaca son los posibles conflictos que pueden generarse si no hay un manejo integral y sustentable del agua, la producción de alimentos y la generación de empleos. Pero igual se identifica como un riesgo para la seguridad de México a las enfermedades transmisibles que sean potencialmente epidémicas o pandémicas, como el virus de la influenza.
Por eso, la estrategia, diseñada a partir de los desafíos identificados, busca —dice el texto— anular amenazas y desactivar riesgos para mantener la estabilidad y del Estado mexicano, incluso recurriendo a “mecanismos excepcionales”, como la intervención de comunicaciones y la información anónima.
El citado plan que tendrá vigencia de tres años incorporó nuevos temas conforme el entorno nacional e internacional, luego de una serie de talleres de discusión en los que participaron representantes de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
De esta forma, según el citado programa, se establecieron objetivos y prioridades para articular la coordinación, incrementar capacidades institucionales y correlacionar la aplicación de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, por parte de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Vigilancia a programas
El Programa de Seguridad Nacional señala que cada una de las dependencia deberá hacer una debida “rendición de cuentas” con respecto a las políticas públicas y acciones que se aplicarán en los próximos tres años, pero igualmente en materia de acceso a la información gubernamental dispone que tendrá el carácter de reservada aquella información cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza; además, dentro de la estrategia gubernamental se propone promover el desarrollo de una cultura de la seguridad nacional de carácter interinstitucional.
El programa define 13 líneas estratégicas y 145 líneas de acción. Entre las primeras está el incrementar las capacidades de las instancias de seguridad nacional; fijar un sistema integral de información, el despliegue integral y sistemático de inteligencia y alerta temprana; promover el desarrollo del marco jurídico para la seguridad nacional, e impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional.
Para atender integralmente las amenazas y los riesgos se prevé profundizar en el conocimiento de éstas a través de la inteligencia; diseñar políticas públicas sobre factores críticos que dan origen a las amenazas y de riesgos; anticipar y limitar amenazas y riesgos por la vía de la contrainteligencia; asumir acciones de protección; planes para reaccionar con pertinencia y oportunidad frente a amenazas y riesgos que se concreten en los hechos, y limitar el daño actuando para mitigar impactos adversos derivados de amenazas y riesgos o, en su caso, controlar efectos, entre otras medidas.
Otras de las acciones será el fortalecer las capacidades de investigación, recolección de evidencia, identificación de responsables, e integración de averiguaciones previas, sobre hechos que pudieran implicar actos terroristas; articular acciones para prevenir, anular y reaccionar ante posibles actos terroristas, incluyendo el intercambio de inteligencia entre los servicios de seguridad mexicanos con homólogos extranjeros; acciones para anular actos de terrorismo internacional o contra otros estados.
Igual, se considera indispensable la incorporación de los sectores social y privado en la detección y aviso de operaciones posiblemente vinculadas al terrorismo internacional, y la generación de inteligencia sobre actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una intromisión.
Además se plantea generar inteligencia respecto a actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, lo mismo que para diagnosticar con oportunidad aquellos factores de naturaleza geopolítica, económica, política, social y cultural que, de prevalecer, pudieran llegar a poner en riesgo la unidad nacional o el pacto federal, señala el documento.
Francisco Gómez, El Universal, 7 de septiembre.
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