Diputados del PRI, PAN y PRD urgieron a aprobar reformas en materia de justicia para evitar casos como el de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada durante tres años por el presunto secuestro de policías federales.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía Castro Ríos adelantó que una vez instalada la Comisión de Asuntos Indígenas pedirá al Poder Judicial federal y estatal un informe detallado de las mujeres indígenas recluidas por procesos legales vigentes.
“Vamos a revisar y pedir informes a efecto de saber cuántas mujeres indígenas están presas en las cárceles, de qué delito se les acusa y cuáles son las razones de que no se les hayan hecho valer las vías de preliberación”, explicó la diputada federal en entrevista.
Consideró que en las investigaciones en donde se ven involucrados indígenas se soslaya el derecho, así como sus garantías de audiencia y de defensa.
“Hoy es Jacinta, pero seguramente hay muchas más Jacintas en las cárceles del país que están purgando penas de las que no son culpables.”
En voz del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador Gregorio Hurtado Leija informó que propondrán que en los procesos jurídicos seguidos a personas pertenecientes a comunidades indígenas se respeten usos y costumbres.
“Lo peor que podemos hacer es seguir faltándole a los derechos humanos de las comunidades indígenas y tener cierto rango de discriminación hacia ellos; se les debe respetar, por ello deben actualizarse las leyes federales en los términos de nuestra Constitución.”
Deficiencia. Respecto al caso de Jacinta, el diputado consideró que es un claro ejemplo de las deficiencias que existen en materia de procuración e impartición de justicia. “Hay muchos cabos sueltos y seríamos de la idea de solicitar una investigación a los propios elementos policiacos que emitieron la acusación en contra de estas personas”, añadió el panista.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Claudia Anaya Mota aseguró que es necesario contar con ministerios públicos independientes del Poder Judicial para evitar la mala integración de expedientes sujetos a proceso legal. Esto, añadió, con el fin impedir que se afecte a personas inocentes como Jacinta Francisco.
“Una disculpa y retribución económica no resarcen el daño psicológico y moral que se causó durante estos tres años. El sistema de impartición de justicia debe prever, en los tres niveles de gobierno que lo enmarcan, que estos casos no se repitan”, sostuvo la legisladora perredista.
Consideró que la puesta en práctica de juicios orales coadyuvará al sistema de justicia, porque los jueces nunca ven que los acusados pueden ser víctimas, y no conocen a fondo la situación en que ocurrieron los hechos.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía Castro Ríos adelantó que una vez instalada la Comisión de Asuntos Indígenas pedirá al Poder Judicial federal y estatal un informe detallado de las mujeres indígenas recluidas por procesos legales vigentes.
“Vamos a revisar y pedir informes a efecto de saber cuántas mujeres indígenas están presas en las cárceles, de qué delito se les acusa y cuáles son las razones de que no se les hayan hecho valer las vías de preliberación”, explicó la diputada federal en entrevista.
Consideró que en las investigaciones en donde se ven involucrados indígenas se soslaya el derecho, así como sus garantías de audiencia y de defensa.
“Hoy es Jacinta, pero seguramente hay muchas más Jacintas en las cárceles del país que están purgando penas de las que no son culpables.”
En voz del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador Gregorio Hurtado Leija informó que propondrán que en los procesos jurídicos seguidos a personas pertenecientes a comunidades indígenas se respeten usos y costumbres.
“Lo peor que podemos hacer es seguir faltándole a los derechos humanos de las comunidades indígenas y tener cierto rango de discriminación hacia ellos; se les debe respetar, por ello deben actualizarse las leyes federales en los términos de nuestra Constitución.”
Deficiencia. Respecto al caso de Jacinta, el diputado consideró que es un claro ejemplo de las deficiencias que existen en materia de procuración e impartición de justicia. “Hay muchos cabos sueltos y seríamos de la idea de solicitar una investigación a los propios elementos policiacos que emitieron la acusación en contra de estas personas”, añadió el panista.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Claudia Anaya Mota aseguró que es necesario contar con ministerios públicos independientes del Poder Judicial para evitar la mala integración de expedientes sujetos a proceso legal. Esto, añadió, con el fin impedir que se afecte a personas inocentes como Jacinta Francisco.
“Una disculpa y retribución económica no resarcen el daño psicológico y moral que se causó durante estos tres años. El sistema de impartición de justicia debe prever, en los tres niveles de gobierno que lo enmarcan, que estos casos no se repitan”, sostuvo la legisladora perredista.
Consideró que la puesta en práctica de juicios orales coadyuvará al sistema de justicia, porque los jueces nunca ven que los acusados pueden ser víctimas, y no conocen a fondo la situación en que ocurrieron los hechos.
Crònica 21 de septiembre.
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