De acuerdo con un informe preliminar, presentaron facturas apócrifas o duplicadas, domicilios inexistentes, menciones en programas de tv, compra de espacios por terceros y publicidad disfrazada de cobertura periodística.
El caso que más llamó la atención de los consejeros electorales fue el de la coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia), con un contrato de casi 16 millones de pesos, cuya autenticidad no fue reconocida por una importante empresa de televisión.
A casi cinco meses de que el IFE ordenó el inicio de diversos procedimientos administrativos contra los partidos que participaron en el proceso electoral de 2006, se encontraron promocionales no reportados ni soporte documental de los gastos.
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