REFORMA ELECTORAL: ACTORES Y ESCENARIOS: 2.- LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES

En este apartado se incluyen los comentarios vertidos a propósito de las instancias que acompañaron en el camino a la reforma a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, principalmente el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y el Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo. Cabe señalar que entre los 39 comentarios, 4.07% de 957, se encuentran algunos vertidos por los integrantes de estos organismos, algunos de los cuales se mencionan como candidatos a consejeros electorales.

La urgencia de una reforma electoral realza la importancia del trabajo realizado por el "Comité Conciudadano para la Reforma Electoral", una coalición plural de individuos y organismos -de la cual formo parte-, animado y coordinado por Clara Jusidman, una mujer de vocación democrática probada una y otra vez en las últimas décadas.
Esta agrupación de nombre curioso publicó la semana pasada un documento de trabajo que incluye una detallada relación de los cambios que deberían hacerse a las leyes para tener un marco que tome en cuenta a los ciudadanos y evite la conflictividad observada en los comicios. Es un esfuerzo original porque ya incluye las modificaciones puntuales que deberían hacerse a todas y cada una de las leyes relacionadas con el tema. De la Constitución a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sin olvidar, por supuesto, el código electoral. Comento dos de las reformas sugeridas (los interesados en revisar toda la propuesta visiten www.comiteconciudadano.blogspot.com).
Sergio Aguayo Quesada, Reforma, 8 de agosto.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral —integrado por 37 representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos de ciudadanos, intelectuales y líderes de opinión— encontró coincidencias con otros espacios de participación ciudadana, como Sociedad en Movimiento y Espacio Tripartito, para impulsar los 20 puntos básicos para las modificaciones electorales. Una de ellas es la creación de un instituto que organice todos los comicios en el país
“Bajo reserva”, El Universal, 17 de agosto.

El Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, que dirige Jorge Alcocer, presentó a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) una propuesta de reforma electoral, que será la base de la elaboración de las iniciativas.
Uno de los puntos que contempla es la destitución de los consejeros electorales del IFE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque de manera escalonada.
Dedica también un capítulo a la anulación de las elecciones, lo que procedería cuando no se haya instalado el 25 por ciento de las casillas, cuando se invalide el 25 por ciento del resultado de ellas, cuando se violen los topes de campaña y por la inelegibilidad del candidato que haya obtenido el triunfo.
La propuesta de Alcocer también incluye establecer en la Constitución el procedimiento para que el Congreso nombre un Presidente interino en caso de que se anule la elección.
Estos puntos, la destitución de autoridades electorales y la anulación de la elección, son los que más han seducido al PRD, partido que simplemente no concibe que las elecciones federales de 2009 se lleven a cabo con el mismo árbitro que las de 2006.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.

Samuel León González, doctor en ciencias políticas y sociales de la UNAM, envió a la CENCA un estudio en el que señala que en el 2006 se gastaron por lo menos 22 mil millones de pesos en las elecciones que tuvieron lugar tanto a nivel federal como estatal.
Para entender la magnitud de lo gastado, el propio Samuel León ilustra que en ese mismo año, la Secretaría de Seguridad Pública Federal tuvo un presupuesto de 9 mil millones de pesos, en un año marcado por la violencia y la inseguridad pública.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.

La semana pasada Jorge Alcocer presentó el documento base para la reforma electoral que la Comisión para la reforma del Estado encargó al Centro de Estudios que él dirige. El texto, dice Alcocer, recoge propuestas de los partidos, de foros de consulta y de iniciativas que sobre el tema había en el Congreso. Y entre los varios cambios que propone al sistema electoral está la renovación escalonada de los consejeros electorales, incluida la posición del consejero presidente.
El papel protagónico de Alcocer en la iniciativa de reforma electoral que se conocerá esta semana tiene que ver con su amplia experiencia y conocimiento en el tema, pero también con su cercanía con el senador Manlio Fabio Beltrones, principal impulsor de este proceso. De hecho, Jorge se ha convertido en la cabeza de un grupo de académicos e intelectuales contratados por la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado, que encabeza Beltrones, para asesorar los trabajos y la redacción de las iniciativas de ley que surgen de ese proceso.
Eso lo convierte en algo así como juez y parte en el proceso de reforma del sistema electoral. Sería bueno que Alcocer comenzara por aclarar si, más allá de su reconocida capacidad y su autoridad en el tema, hay algún otro interés personal en su participación protagónica en esta reforma
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 28 de agosto.

El cacareado consenso entre los partidos para sacar la reforma electoral, mostró ayer algunas cuarteadoras.
Después de tres intentos fallidos, no fue posible llevar a cabo la reunión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado. El grupo fue convocado para reunirse ayer a las 12:00 horas en el Senado y se presentaría ahí la iniciativa electoral, pero desacuerdos de último momento, sobre todo del PAN y el Panal, impidieron la reunión.
Ante los desencuentros, Manlio Fabio Beltrones operó para pasar la presentación de la iniciativa al día de hoy a las 17:00 horas en el Palacio de Minería, donde hace seis meses arrancaron los trabajos de la reforma
El tropezón de la iniciativa tuvo mucho que ver con las declaraciones recientes de Luis Carlos Ugalde. Cuando el presidente del IFE salió a los medios a decir que la remoción de los consejeros era un ataque a la autonomía del instituto y que él no renunciaría, los focos rojos se prendieron entre varios de los partidos que ya habían dado su aval a la iniciativa que proponía la salida escalonada de los consejeros del IFE.
Porque la propuesta, al menos la que se tenía lista para presentarse ayer, era una reforma legal que pretendía mantener la estructura y las funciones del Instituto Federal Electoral y sólo renovar a los integrantes del Consejo General. En ese caso, los consejeros tendrían todas las de ganar en un juicio de amparo y es muy probable que la Suprema Corte les diera la razón en cuanto a que son inamovibles antes de que concluya el periodo para el que fueron electos sin causa legal o constitucional justificada
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 30 de agosto.

A juzgar por las propuestas partidarias para la reforma del Estado, estos puntos están siendo examinados por quienes habrán de determinar las próximas innovaciones en materia de comicios. Frente a las consecuencias nocivas de la spotización de la política, es clara la necesidad de frenarla. Por lo pronto, si bien con matices, siete partidos coinciden en modificar las disposiciones actuales en ese rubro: los tres del Frente Amplio Progresista (PRD, Convergencia y PT), PRI, PVEM, Panal y Alternativa. También figura en la agenda del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, animado con entusiasmo por Clara Jusidman, en tanto que el PAN sólo postula el acceso equitativo de los partidos a la radio y la televisión, pero no se sabe que se oponga radicalmente a las posturas de las otras siete bancadas parlamentarias.
Frente al gran litigio electoral de 2006, cuyos vientos todavía erosionan la vida política de la nación, la actual legislatura tiene la grave responsabilidad de diseñar una reforma trascendente. Pronto sabremos -como dijo el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano actualizando el dicharajo- de qué están hechos nuestros legisladores.
Eduardo Huchim, “Reforma”, 30 de agosto.

Gasto y condiciones de la competencia. Lo primero que vale la pena subrayar es que en esta materia la peor perspectiva es la ingenua. Los partidos requieren recursos para su labor y en 1996 se estableció la preeminencia e incrementó el financiamiento público para tratar de alcanzar tres objetivos: a) transparentar el flujo del dinero, b) equilibrar las condiciones de la competencia, y c) intentar que los partidos no fueran rehenes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de bandas delincuenciales. Y en buena medida los tres objetivos se han alcanzado aunque en diferente grado.
Hoy los problemas son distintos y tienen que ver con el encarecimiento de las campañas electorales. Está documentado que la mayor parte de los recursos entregados a los partidos terminan en las arcas de la radio y la televisión. Por ello, si se prohibiera la compra de publicidad en esos medios y se estableciera la exclusividad de la propaganda a través de los llamados "tiempos oficiales" se estaría dando un paso fundamental en el abaratamiento de las campañas. Al mismo tiempo se reforzaría la equidad en las mismas. Dos fórmulas menos ambiciosas -de las que habla el texto de Casar- pueden ser alternativas: permitir la compra pero solamente a través del IFE, o un modelo "mixto" que ponga topes a la compra de publicidad en radio y TV y lo conjugue con el acceso a través de tiempos oficiales.
Junto a ello también sería pertinente: a) revisar la fórmula de financiamiento a los partidos, porque nada justifica que reciban el mismo monto de recursos en un año de elecciones generales (Presidente, Senado, diputados) que en un año de elecciones intermedias (sólo diputados), b) reducir el tiempo de campaña, c) reglamentar las precampañas para que los partidos rindan cuentas de los ingresos y gastos en las mismas, d) establecer un tope a la explotación de las franquicias postales, e) reglamentar las aportaciones de los militantes a los partidos poniendo un límite, y f) establecer un procedimiento de liquidación de los partidos que pierdan su registro para que los recursos públicos no terminen en manos privadas.
José Woldenberg, Reforma, 30 de agosto.

El eje rector para lograr una reforma trascendente es el freno a la presencia excesiva del dinero en las campañas, tema hermanado con el de los medios de comunicación. Porfirio Muñoz Ledo ha alertado sobre el riesgo de que las prisas por concretarla malogren la reforma electoral, y sin duda ésta será intrascendente si no incluye a profundidad esos dos asuntos estrechamente vinculados. Los casos Amigos de Fox y Pemexgate no deben repetirse y tampoco debe haber un marco propicio, como ahora, para que la sospecha salga a volar cuando presuntos delincuentes como Zhenli Ye Gon vinculan dinero sucio con la actividad comicial
Un complemento imprescindible en ésos y otros temas es que su regulación prevea penas severas a los transgresores. ¿Qué les pasará a quienes desde los sectores público, privado o partidario incumplan con las disposiciones? Si no se las quiere inútiles, las leyes deben tener "dientes", y en materia electoral mejor si son "colmillos", como indicó Zovatto en el mencionado evento, y yo agregaría: mucho mejor será si tienen la dentadura completa, con incisivos, caninos y molares. En este sentido, como he señalado más de una vez, se precisa que el uso excesivo e ilegal del dinero para atraer votos sea penado no sólo con sanciones económicas, que terminan por ser asumidas como parte del gasto partidario, sino con la nulidad de la elección respectiva, incluida la presidencial. No veo una sanción más disuasiva que ésa.
Eduardo Huchim, “Reforma”, 30 de agosto.

Fortalecimiento de la autoridad electoral. A todos conviene -y sobre todo a los partidos- que el IFE sea un organizador y un árbitro fuerte, con facultades suficientes. Dado que los partidos son maquinarias voraces es imprescindible una autoridad digna de ese nombre. En ese terreno el IFE debería contar con las siguientes facultades: a) ser reconocido como sujeto capaz de plantear controversias constitucionales ante la Corte cuando exista un diferendo con algún poder, y b) tener capacidad para hacer comparecer en el desahogo de las quejas a personas físicas y a representantes de las empresas que hayan realizado transacciones comerciales con los partidos. Además sería pertinente: c) la inclusión del criterio de coordinación obligatoria entre el IFE y los institutos locales en materia de fiscalización, para evitar que transferencias de recursos no sean auditadas, y d) la renovación escalonada de los miembros con voz y voto del Consejo General para que la máxima autoridad del IFE combine experiencia y "sangre nueva".
José Woldenberg, Reforma, 30 de agosto.

Para una mejor organización de los procedimientos electorales sería conveniente: a) rediseñar las fórmulas de votación de los mexicanos en el extranjero, b) desconcentrar los procedimientos administrativos de sanción a los partidos, c) establecer una vigencia legal para la credencial de elector con el fin de mantener actualizado el padrón, d) concentrar en una sola fecha los comicios que se realizan en el país cada año, e) revisar el criterio que impide colocar más de cinco casillas especiales por distrito, con el fin de que todos los electores en tránsito puedan votar, y f) permitir acceder a una muestra de la documentación electoral con fines de estudio.
Sería atinado, además, establecer que los partidos que participen en una coalición aparecerán en la boleta de manera diferenciada, de tal suerte que los ciudadanos y la autoridad puedan conocer cuántos votos aportó cada uno (para fines de registro y prerrogativas), y fortalecer la hoy reblandecida idea de que las etapas y los actos del proceso electoral son definitivos.
Si eso se lograra por la vía del consenso estaríamos ante una reforma electoral trascendente.
José Woldenberg, Reforma, 30 de agosto.

Un análisis somero de las diferentes ponencias en el mencionado seminario permite distinguir tres puntos esenciales en materia de dinero y medios masivos de comunicación: a) En la mayoría de los casos examinados, los partidos no gastan dinero en radio y televisión, sino se limitan a usar los que el Estado pone a su disposición. Para lograr esto en México, tendría que prohibirse en forma absoluta la contratación y uso de tiempos para fines políticos y electorales. b) En varios países las campañas comiciales se hacen más bien a ras del suelo y, a cambio del desaseo que supone la propaganda en las calles, las pantallas de televisión no se saturan con anuncios políticos, porque éstos están limitados. c) Es indeseable la llamada spotización de la política, es decir las alabanzas o los denuestos de 20 o 30 segundos por radio y televisión, muy identificados con la mercadotecnia comercial, con la diferencia de que en el marketing se exaltan las virtudes de un producto y, sólo de manera disimulada, se ataca a la competencia. En México, pese a la prohibición legal expresa de la propaganda negativa, en la campaña presidencial de 2006, y en las estatales que le han seguido, aquélla ha estado ominosa y excesivamente presente. d) La limitación a los spots políticos debe alcanzar también a los entes públicos y privados de todo tipo y nivel y en todo tiempo.
Eduardo Huchim, “Reforma”, 30 de agosto.

Las definiciones sobre la reforma electoral van avanzando, hasta ahora y hasta donde se sabe, en lo concerniente a modificaciones constitucionales, que posteriormente se reflejarán en las leyes. Entre los asuntos que se han planteado figura sustituir a la actual Comisión de Fiscalización del IFE por un órgano técnico. Tal cosa, que ya se intentó anteriormente en el Distrito Federal, entraña una regresión. Es deseable que la importante tarea fiscalizadora continúe siendo conducida por consejeros electorales y realizada, eso sí, por técnicos en la materia.
Eduardo Huchim, “Reforma”, 30 de agosto.

La iniciativa de reforma electoral fue integrada por Jorge Alcocer, coordinador del Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo de Nación. Se le menciona como futuro presidente del Consejo General del nuevo órgano electoral. También se habla de Juan Ramón de la Fuente, quien en noviembre concluye sus tareas al frente de la UNAM
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran Angular”, El Gráfico, 31 de agosto.

En la “consulta ciudadana” realizada por la CENCA, para taparle el ojo al macho, pues todas las propuestas se negociaron cupularmente, este tema de las candidaturas independientes fue asimismo echado a un lado.
No entran tampoco en esta reforma electoral, aunque amenazan con meterse en el siguiente paquete de la “reforma del Estado”, las propuestas radicales de cambio de régimen de gobierno, orientadas sobre todo a debilitar al Poder Ejecutivo, como son las de instituir un sistema semipresidencial, o un “gobierno de gabinete”, con un jefe del mismo, así como la censura a secretarios de Estado por el Congreso, con la consecuente renuncia del censurado. Esperemos que no prosperen, y que en ese futuro paquete de reforma los legisladores se concentren en propuestas de fondo, tales como reducir el número de senadores y diputados, permitir su reelección, ampliar los periodos ordinarios de sesiones, racionalizar las comisiones de trabajo de las Cámaras, regular el cabildeo en el Congreso.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.

La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, encabezada por el senador Manlio Fabio Beltrones, presentó el resumen de sus trabajos para la reforma del Estado y su producto estelar fue la propuesta de reforma electoral. El documento presentado contempla reducir el tiempo de duración de las campañas electorales, bajar el financiamiento en periodos de comicios, pero no hace mención a la salida de los consejeros electorales, uno de los principales objetivos de la dupla PRI-PRD
“Binoculares”, El Gráfico, 31 de agosto.

Las elecciones han regresado al proscenio de la política y con ellas de una nueva clase política, lo que no quiere decir más experimentada y más hábil para el debate y más atenta a los deseos de una nación por lo general no escuchada.
Los instrumentos para la acción requieren ser modernizados. Hacerse más útiles no sólo para quien los maneja con una intención personal sino para una clientela y, más allá, para una nación de la que sólo tiene una visión parcial pero, en términos generales, exacta. Dicho con otras palabras, el país sabe lo que quiere aunque lo exprese mal. La culpa puede ser en parte de la clase intelectual, incluyendo en ésta a los comunicadores, como ahora se les llama; la culpa fundamental es toda de los políticos que son los primeros en saberlo.
Hacer una nueva ley electoral son ganas de perder el tiempo. No puede tener otra finalidad sino bautizarla no con un nombre jurídico que a nadie le importa, sino con el de un político de popularidad declinante. Que les parece, ley Muñoz Ledo. Años de esfuerzos ímprobos deben tener alguna recompensa.
Rafael Segovia, “Reforma”, 31 de agosto.

Al anunciarse el miércoles que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), donde están representados todos los partidos políticos, daría a conocer, por fin, el contenido del proyecto de reforma electoral que, se supone, mejorará las reglas para la realización de los futuros comicios en el país, uno de los temas que causó mayor expectativa fue, sin duda, el del papel de los medios durante las campañas proselitistas.
Hecho público el contenido de ese proyecto se ha generado una duda: ¿con lo anunciado el jueves en el Palacio de Minería se agota la reforma o lo dicho ahí constituye sólo un primer paso que habrá de completarse, para el caso de los medios, con reformas a la ley de radio y tv y al código electoral?
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.

Lo anunciado el jueves por la CENCA contiene dos propuestas de modificación constitucional que, sin duda, son importantes, pero constituirían una reforma trunca si no se complementan con medidas más profundas, concretamente que las campañas electorales se hagan en los tiempos oficiales con el fin de que los partidos no eroguen las cantidades supermillonarias que ahora gastan en spots.
Merece elogio que la propuesta de la CENCA incluya la modificación del artículo 41 constitucional para terminar con la llamada “propaganda negra”, que de modo tan eficaz utilizó el equipo de Felipe Calderón en la campaña de 2006: “Los partidos nacionales —dice la propuesta de reforma— tendrán derecho al uso de la radio y la televisión, conforme a lo que señale la ley, queda prohibida la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.

Igualmente es elogiable que se proponga, también mediante modificación al artículo 41, que los gobiernos, como ocurrió con el de Vicente Fox, y como ocurre ahora con el de Fidel Herrera en Veracruz, hagan campaña a favor de sus respectivos partidos o de los candidatos impulsados por éstos: “Durante el tiempo que comprenden las campañas y hasta su conclusión —propone la CENCA— deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación, tanto de los poderes federales y estatales, como de municipios, DF (…), a excepción de las relativas a servicios educativos, de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia”. Si esta reforma ya hubiera sido aprobada, Felipe Calderón no podría dar por radio y tv el “mensaje a la nación”, programado para mañana, día de elecciones en Veracruz, pues evidentemente será una pieza de carácter propagandístico pronunciada en el curso de un proceso electoral.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.

Mientras, el legislador universal no elegido sino contratado por Manlio Fabio Beltrones, Jorge Alcocer, hace una propuesta que elude el tema de la prohibición de la contratación de tiempos comerciales para hacer campañas, plantea de manera laxa el asunto de las precampañas, se mete a rediseñar un IFE a la medida de su soñada presidencia y, por supuesto, propone nuevas restricciones para el ingreso de nuevos partidos a la competencia.
Desde luego, nada de una distribución menos abusiva a favor de los partidos grandes de los recursos públicos, nada de un sistema de competencia que privilegie la difusión programática en lugar del jingle y el eslogan. Sí hay propuestas positivas, empero, que parecen abrirse paso, como la reducción sustancial de los tiempos de campaña, pero sin atentar contra el poder de las empresas de medios de comunicación y su capacidad de presión a través de la venta de los espacios comerciales para la política. Pobre reforma la que no le entre a fondo al tema del acceso a los medios.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.

El tema de las coaliciones electorales se aborda de manera abstrusa, en lugar de enfrentar el problema a través de la simplificación que supondría aceptar la existencia de candidaturas comunes, con lo que cada partido se vería obligado a mostrar de manera transparente su aportación en votos al éxito o al fracaso de la oferta política común y desaparecería la posibilidad de supervivencia artificial de partidos sin electores. Eso sí: el requerimiento de acarreados para conseguir el registro se incrementaría sustancialmente de prosperar lo propuesto. Otro paso hacia la consolidación del oligopolio político que nos pretenden vender como democracia.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.

Los hombres de la reforma, los cuatro fantásticos, como se les moteja en San Lázaro, son los siguientes: Jesús Murillo Karam, Felipe Solís Acero, Arturo Núñez y Diódoro Carrasco. ¿Le dicen algo al ciudadano de a pie esos nombres? Pues sí, los cuatro “prohombres” de la reforma electoral han sido reputados priístas, dos de ellos siguen en las filas del tricolor, mientras que los dos restantes hoy defienden con orgullo los colores amarillo y azul, respectivamente. Los cuatro, y cada uno en su momento, participaron en las viejas peleas electorales del PRI contra la oposición, del PAN y PRD; son sagaces alquimistas y, como pocos, conocen el hilo fino de la cosa electoral
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 6 de septiembre.

Una pieza clave del cuarteto es el hidalguense Murillo Karam, número dos del PRI, hombre inteligente y pragmático, con depurada experiencia electoral y política que, por si fuera poco, es la bisagra triple que mantiene unidos los intereses electorales de los tres presidenciables más aventajados del PRI: Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México; Manlio Fabio Beltrones, padre de la reforma del Estado —y promotor de la reforma electoral—; y Beatriz Paredes, la presidenta del CEN del PRI.
Jesús Murillo Karam —de quien por su fortuna y control político la voz popular dice que no es de Hidalgo, sino que Hidalgo es de él— trabaja para que el PRI recupere el control del Congreso en 2009 y la Presidencia de la República en 2012, sea con Peña Nieto, Beltrones o Paredes. Y para esos objetivos, la reforma electoral es la piedra de toque
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 6 de septiembre.

Pero Murillo no está solo. También en las filas del PRI, Felipe Solís Acero no sólo es uno de los más reconocidos expertos en materia electoral, sino el hombre más cercano a Manlio Fabio Beltrones. Forjador de la primera etapa del IFE, estudioso del derecho electoral y del derecho electoral comparado, Solís Acero es un convencido del regreso del PRI a Los Pinos. Por eso es uno de los “hombres de la reforma electoral”.
Convencido priísta hasta hace unos cuantos meses, hombre de estrecha relación con Manlio Fabio Beltrones —cuando los dos trabajaron en Gobernación bajo la tutela de don Fernando Gutiérrez Barrios— y ex jefe del IFE, Arturo Núñez hoy dice defender los intereses del PRD —partido al que se acercó en busca de la sombra de su paisano AMLO, luego de que el también tabasqueño Roberto Madrazo intentó destruirlo—, aunque de amarillo no tiene ni el pálido burócrata
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 6 de septiembre.

En realidad, Arturo Núñez no defiende los intereses de la izquierda y menos del PRD, sino los intereses de su jefe político, López Obrador, quien junto con el PRI impulsa una reforma electoral a modo y un IFE domesticado, para que cualquiera de las dos versiones del PRI, la que representan Peña Nieto, Beltrones o Paredes, o la que jefatura López Obrador, pueda llegar al poder presidencial en 2012. ¿O es que algún ingenuo puede creer que Arturo Núñez —artífice de las llamadas concertacesiones del PRI y el PAN en el salinismo— defiende los intereses de la izquierda en la reforma electoral?
La cuarteta de los fantásticos la cierra Diódoro Carrasco, ex gobernador de Oaxaca, ex secretario de Gobernación, hombre de todas las confianzas del ex presidente Ernesto Zedillo, vinculado al grupo del ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, y priísta hasta hace algunos meses, cuando se convenció —luego de muchos años de priísmo— de que el PAN y el “calderonismo” son la solución política para México. Diódoro no pertenece al grupo de Manlio Fabio Beltrones, pero tampoco es panista. Su “corazón político” está con el PRI, aunque se vista de azul. ¿Para los intereses de quién trabaja en la reforma electoral? ¿Alguien puede creer que para los intereses del PAN?
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 6 de septiembre.

A partir de la doctrina y los intereses políticos que les dieron todo en la política, y a la luz de la reforma electoral que elaboraron —que tiene claros signos de una contrarreforma, de una venganza política, y busca convertir al árbitro en una caricatura de independencia—, se puede decir que los arquitectos de la reforma electoral trabajan no para el fortalecimiento de la democracia electoral, y menos del IFE, sino para pavimentar el regreso del PRI a Los Pinos.
¿Quién más ha metido mano en la reforma electoral? Sólo los expertos del PRI, los “magos” para mantener el poder, por los medios que sea. Y esos medios son una reforma electoral a modo, en la que de manera vergonzosa va la izquierda y de manera forzada participarán el PAN y el gobierno de Felipe Calderón. La reforma electoral de 2007, contra la de 1996 —en la que participaron verdaderos demócratas, más allá de los partidos y los intereses de los pretensos presidenciales—, es un golpe mortal a la democracia electoral mexicana, una regresión, y un golpe de Estado a una institución que ganaron los ciudadanos para sí. Y lo más triste y cuestionable es que la llamada izquierda mexicana promueve el regreso del PRI, con todo lo que eso significa
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 6 de septiembre.

Ni las condiciones de su nacimiento ni su desempeño en el proceso de 2006 justifican la permanencia del actual Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad comicial, expresó el Comité Ciudadano para la Reforma Electoral (CCRE), al sumarse a quienes consideran inconveniente la continuidad de los actuales consejeros.
Integrado por intelectuales y académicos, entre ellos Clara Jusidman, Alberto Aziz Nacif, Alberto Olvera y Alfredo Figueroa, el CCRE demandó a los diputados y senadores crear un mecanismo para la selección de consejeros que garantice su carácter ciudadano. El CCRE ofreció “su más amplio apoyo” para pactar una nueva relación con los medios
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 11 de septiembre.

Recibimos un correo del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, al que pertenecen notables como Denise Dresser, Sergio Aguayo, Clara Jusidman, José Antonio Crespo, que advierte: “De nada servirá la renovación del actual Consejo General del IFE, si no se establece un mecanismo abierto y transparente de elección de sus integrantes, con participación de la sociedad civil”.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 6 de septiembre.

Desde su jefatura senatorial y dentro de su juego enfermizo, Creel quiere aprovechar también la turbulencia política generada por la propuesta de reforma electoral y negociar que una de sus incondicionales, María Amparo Casar —quien fue su coordinadora de asesores en Gobernación y ahora parte de la comentocracia—, sea ungida como consejero presidente del IFE cuando, según Creel, los actuales, a quienes encabeza Luis Carlos Ugalde, salgan por la puerta trasera.
Tengamos memoria. La hoy demócrata Casar es la misma que cuando estuvo a la derecha del secretario de Gobernación, Santiago Creel, lo alentó a que aprovechara el cargo y desde allí buscara ser, alevosamente, Presidente de la República. Casar impulsó el doble discurso de Creel: por un lado, gobernar de muertito, sin comprometerse con los cambios que necesitaba el país, para no desgastarse, y por otro recurrir a los viejos métodos de la política —hacer amarres aprovechando el poder de Bucareli y utilizar recursos oficiales en beneficio propio—, para desplazar a su rival —Felipe Calderón— y ganarle, a la mala, la candidatura.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 10 de septiembre.

Aun si hoy es llevado al pleno del Senado el dictamen sobre la reforma electoral, es oportuno insistir a los miembros de esa Cámara sobre la propuesta que en esa materia ha formulado el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE), la agrupación civil que más sólida y sostenidamente se ha ocupado de ese tema, y que no expresa sus opiniones sólo al calor de una coyuntura en que están en riesgo las posiciones de amigos, como sucede con buena parte de quienes defienden la permanencia de los consejeros del IFE.
El miércoles pasado, antes de que apareciera el proyecto de dictamen sujeto a la aprobación de cuatro comisiones senatoriales, el comité difundió su posición al respecto. Con el título "Riesgos de una reforma a modo de los partidos mayoritarios y a espaldas de la sociedad civil", consta de tres partes: la primera reconoce los avances del proyecto en curso en el Congreso. La segunda señala algunos de sus defectos. Y la tercera se ocupa de las omisiones graves, a la luz del interés general de la sociedad, según lo percibe este grupo de estudiosos y activistas. Comienzo por reseñar esta tercera porción, pues aún es posible que la discusión legislativa colme algunas de las lagunas señaladas por los expertos que, si bien lo son, actúan sobre todo animados por su condición de ciudadanos.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 11 de septiembre.

El comité ha propuesto un mecanismo de designación de los consejeros del IFE que evite en lo sucesivo el nombramiento de integrantes del consejo sólo a partir de los intereses de los partidos. Se trata de un procedimiento público en que, a convocatoria de la Cámara de Diputados, organizaciones civiles presenten candidaturas libremente. Los candidatos que satisfagan los requisitos establecidos -a fin de impedir la infracción a la ley, como ocurre con algunos de los actuales consejeros cuya falta de idoneidad comienza por el incumplimiento de las condiciones de su elegibilidad- participarían en comparecencias públicas para mostrar su aptitud para el cargo. La Cámara de Diputados misma haría la designación tras esas comparecencias, con el voto de las cuatro quintas partes de los miembros presentes. El mecanismo se aplicaría también a la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la fiscalía de delitos electorales, que depende de la Procuraduría General de la República.
En torno al mismo consejo del IFE, el comité propone la eliminación de los altos salarios a sus integrantes, porque el actual sistema eterniza las "graves diferencias e inequidades salariales en la estructura del propio IFE" y genera "una situación de privilegio que no corresponde a la realidad de nuestro país, particularmente en una institución de perfil ciudadano". La repercusión del gasto en honorarios en el costo general de los aparatos electorales sería una razón para, como lo propone el comité, crear el Instituto Nacional de Elecciones, que sustituya al IFE y a los 32 órganos locales, cuyo funcionamiento es oneroso y cuya heterogeneidad hace que haya "procesos electorales de diverso nivel de calidad y eficiencia", en los que los poderes políticos locales tienen influencia excesiva, lo que genera ciudadanos de primera y de tercera.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 11 de septiembre.

Echa de menos el comité la obligación de los partidos y agrupaciones de sujetarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre todo, pero no únicamente, en lo concerniente al manejo de los recursos públicos de que se les dota. Se pasó por alto también la experiencia -cuyo abordamiento está todavía en curso- del año pasado, relativa al recuento de votos en caso de elecciones muy competidas.
Entre los defectos hallados por el CCRE un tema en particular requiere ser aclarado, hoy mismo, en la presumible discusión senatorial. Se han ufanado los partidos de que recortan severamente el monto de los gastos de campaña. Pero como no sucede lo mismo con el financiamiento ordinario, no se produce "una reducción significativa en el financiamiento asignado a las tres principales fuerzas políticas". Por añadidura, la fórmula incluida en el proyecto senatorial, que a partir de 2010 distribuye "los recursos exclusivamente con base en el número de votos obtenidos en la elección anterior plantea un principio de inequidad y ahogará a los partidos emergentes", además de crear "un tripartidismo multimillonario".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 11 de septiembre.

Preocupa al Comité Conciudadano, pero no en el sentido coyuntural y en muchos casos insincero que se ha expresado en torno de la remoción de los consejeros, el eventual daño que puede entrañar para la autonomía del IFE la contraloría que el Congreso crearía para fiscalizar la actuación del órgano: "El CCRE reconoce la necesidad de que los órganos autónomos y sus funcionarios también rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión y se conduzcan sobre la base de los principios de honestidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, consideramos que una Contraloría designada por los partidos políticos representados en el Congreso significará un foco de permanente tensión al interior de la Institución y una amenaza a su autonomía".
La iniciativa de reforma electoral surgió de los trabajos emprendidos por la comisión para la reforma del Estado. En ese marco, dedicó al tema una jornada de consulta ciudadana. Esa atención a los pareceres de la sociedad civil no debería impedir que se conozca el examen de dicho proyecto formulado por un grupo tan diestro e interesado en la reforma electoral como el Comité Conciudadano.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 11 de septiembre.

Tras conocer el proyecto de dictamen difundido el jueves pasado, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral emitió ayer lunes un nuevo comunicado en que "expresa su más amplio apoyo a la propuesta de reforma constitucional que significa el establecimiento de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de comunicación y rechaza las presiones de los medios de comunicación electrónica que se arropan en la discusión sobre la renovación del Consejo General para defender sus intereses económicos. La emancipación de los partidos políticos del poder de los medios de comunicación marca una reforma profunda que sólo cobrará sentido en la medida que represente procesos democráticos austeros y congruentes con la realidad de nuestro país. Y, hasta el momento, esto no lo hemos visto materializado en la propuesta de reforma constitucional". Insistió en la falta de correspondencia entre el propósito de "hacer menos oneroso el costo de la vida política con la fórmula planteada para el cálculo de los presupuestos partidistas".
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.

El conocimiento público del predictamen sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral, ocurrido el día 5 del mes en curso, ha permitido reorientar el debate y colocar las cosas en su lugar. Como ha quedado demostrado, la reforma es mucho más que el relevo, escalonado, de los actuales consejeros electorales, hecho sobre el cual, por cierto, hasta hace unas horas no había una solución que mereciera el respaldo de los tres principales partidos.
La nueva reforma electoral ha quedado ya definida por tres ingredientes centrales que son: un nuevo modelo de comunicación entre partidos y sociedad fundado en el uso exclusivo de los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, y la consecuente prohibición total a los partidos políticos de comprar tiempo en dichos medios; la reducción del financiamiento público de campañas, que sumado el ahorro de 2009 y 2012 producirá al erario un remanente disponible para otros fines por alrededor de 3 mil 400 millones de pesos; y la reducción de los periodos de campaña, a 90 días en el año de la elección presidencial y 60 días en el año de la elección intermedia.
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.

Vayamos a los cambios sustantivos: como lo señalamos en el comunicado del Comité Conciudadano del 5 de septiembre, es positiva la regulación de las precampañas; la disminución en los tiempos de las campañas; la eliminación del secreto bancario, fiscal y fiduciario para la fiscalización de los partidos; la prohibición para que los tres niveles de gobierno no hagan publicidad y promocionen a servidores públicos; la ampliación de facultades para que el IFE pueda sancionar a partidos, agrupaciones, personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que violen la ley
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.

Uno de los cambios más importantes y novedosos, que apenas el pasado 5 de septiembre se dio a conocer, es el nuevo modelo de acceso a los medios. Si no surten efecto las presiones de los poderes fácticos y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el país tendrá por fin otro diseño para modelar la relación entre política, dinero y medios. Quedará prohibida la compra en radio y televisión y tendremos un modelo tipo europeo de tiempos oficiales, administrado por el IFE.
El nuevo plan para tiempos de campaña contará con tres minutos diarios por hora de trasmisión en cada estación de radio y canal de televisión, entre las 6:30 am y las 11:30 pm. Esta modificación es muy importante y, además, va en la ruta que marcó la Suprema Corte contra la ley Televisa. Esperamos que pronto se apruebe una nueva ley de medios para afianzar este modelo. Este cambio tiene a las televisoras comerciales en un grito de protesta enmascarado. El objetivo de este modelo será recuperar la política electoral y terminar con la denigración en la que había caído; también se trata de acotar a la mediocracia, como un sistema que juzga, jerarquiza, vota y modula una parte fundamental de la democracia electoral en el país. Este cambio es, sin duda, el corazón de la reforma
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.

Hay también algunos retrocesos importantes que fortalecen a la partidocracia, como el trato de excepción que se da al IFE con la creación de una contraloría manejada a control remoto desde el Congreso y el establecimiento de un mecanismo unipersonal de fiscalización, que debilita las facultades del IFE en la materia. Además, lo que se mantiene y ya no se justifica es el alto financiamiento público. Las campañas serán más cortas y sólo habrá propaganda de medios en tiempos oficiales, pero el ahorro en el financiamiento sólo baja —entre 2007 y 2012— 12%, y después sube de nuevo.
La fórmula, que consiste en multiplicar el padrón electoral por 65% del salario mínimo, lleva a mantener un gasto millonario de los partidos, demasiado alto y ofensivo. Tampoco se ve que los partidos hayan querido avanzar en materia de transparencia y colocarse como sujetos obligados de la ley de transparencia; sin embargo, sí le dan rango constitucional a su gasto. Ningún otro asunto tiene ese trato privilegiado en la Constitución, ni siquiera la educación y la salud
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.