Si no logra reducir los índices delictivos en la capital, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF), Manuel Mondragón, también renunciará a su cargo.
Mondragón reiteró su compromiso tras el reto que lanzó el empresario Alejandro Martí, padre del joven que fue secuestrado y asesinado en junio, para que todo funcionario que no cumpla con su deber renuncie voluntariamente.
"Si ayer mi jefe señaló que, esperando resultados, aceptaba el reto de Alejandro Martí, así yo subrayo que haré exactamente lo propio.
"Cuando Marcelo salió injusta y abruptamente de Secretario de Seguridad recuerdo que ese día yo renuncié, yo llegué y salí con Marcelo", explicó.
Mondragón comentó que la SSP ya ha comenzado a trabajar en las recomendaciones para cumplir con las acciones acordadas en el Consejo de Seguridad Nacional.
"Más del 70 por ciento ya están en fase de instrumentación, como los aspectos que tienen que ver con los trabajos vinculación con la ciudadanía, capacitación, tecnología, coordinación entre las instituciones locales y federales.
"Para algunos resultados sí hay plazos cortos, para otros necesitamos el mediano y largo plazo. Modificar aspectos de corruptela, actitud y presencia del policía, que los jefes comanden a sus sectores, eso debe de verse lo antes posible", adelantó.
El secretario explicó que faltan recursos para la capacitación de los policías y el desarrollo de nuevas tecnologías para el combate al crimen.
Los diputados locales de distintos partidos políticos difirieron sobre la eficacia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, que se realizó el jueves en el Palacio Nacional.
"No es un cambio de fondo, fue una reunión mediática y nada más. Lo menos que pueden hacer es cumplir con lo que se comprometieron", consideró el perredista Tomás Pliego.
Jorge Schiaffino, del PRI, señaló que es rescatable el combate a la inseguridad, cuyo mayor problema radica en la corrupción de las autoridades judiciales.
El panista José Antonio Zepeda comentó que existen las condiciones para generar una reforma estructural que impacte positivamente en materia de seguridad y justicia.
"Implica el reconocimiento de la autoridad de que existe un problema grave y la urgencia por solucionarlo, sin embargo, cualquier compromiso que se quede en papel, sin que se traduzca en políticas públicas y en leyes, todo queda en buenas intensiones", explicó el legislador.
"Hay que restablecer la confianza, pero para hacerlo necesitamos tiempo y cambiar y aplicar otras recomendaciones", finalizó Mondragón.
Mondragón reiteró su compromiso tras el reto que lanzó el empresario Alejandro Martí, padre del joven que fue secuestrado y asesinado en junio, para que todo funcionario que no cumpla con su deber renuncie voluntariamente.
"Si ayer mi jefe señaló que, esperando resultados, aceptaba el reto de Alejandro Martí, así yo subrayo que haré exactamente lo propio.
"Cuando Marcelo salió injusta y abruptamente de Secretario de Seguridad recuerdo que ese día yo renuncié, yo llegué y salí con Marcelo", explicó.
Mondragón comentó que la SSP ya ha comenzado a trabajar en las recomendaciones para cumplir con las acciones acordadas en el Consejo de Seguridad Nacional.
"Más del 70 por ciento ya están en fase de instrumentación, como los aspectos que tienen que ver con los trabajos vinculación con la ciudadanía, capacitación, tecnología, coordinación entre las instituciones locales y federales.
"Para algunos resultados sí hay plazos cortos, para otros necesitamos el mediano y largo plazo. Modificar aspectos de corruptela, actitud y presencia del policía, que los jefes comanden a sus sectores, eso debe de verse lo antes posible", adelantó.
El secretario explicó que faltan recursos para la capacitación de los policías y el desarrollo de nuevas tecnologías para el combate al crimen.
Los diputados locales de distintos partidos políticos difirieron sobre la eficacia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, que se realizó el jueves en el Palacio Nacional.
"No es un cambio de fondo, fue una reunión mediática y nada más. Lo menos que pueden hacer es cumplir con lo que se comprometieron", consideró el perredista Tomás Pliego.
Jorge Schiaffino, del PRI, señaló que es rescatable el combate a la inseguridad, cuyo mayor problema radica en la corrupción de las autoridades judiciales.
El panista José Antonio Zepeda comentó que existen las condiciones para generar una reforma estructural que impacte positivamente en materia de seguridad y justicia.
"Implica el reconocimiento de la autoridad de que existe un problema grave y la urgencia por solucionarlo, sin embargo, cualquier compromiso que se quede en papel, sin que se traduzca en políticas públicas y en leyes, todo queda en buenas intensiones", explicó el legislador.
"Hay que restablecer la confianza, pero para hacerlo necesitamos tiempo y cambiar y aplicar otras recomendaciones", finalizó Mondragón.
Rolando Rivera y Henia Prado, Reforma, 23 de agosto.
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