JOLOMCU, Guatemala.— Encerrado en una casa de una sola habitación en las montañas de Guatemala, Luis Alberto Jiménez no tiene idea de la batalla legal desatada por su caso en la Florida.
Espantando las moscas a manotazos, acompañado por su madre, diminuta y sin dientes, que es la única persona que lo cuida, Jiménez permanece ajeno al hecho de que se ha convertido en el símbolo de la colisión entre dos sistemas estadounidenses profundamente fallidos: inmigración y cuidado médico.
Hace ocho años, cuando tenía 35 y siendo inmigrante ilegal trabajaba en Stuart, Florida, Jiménez sufrió lesiones devastadoras en un choque con un lugareño que manejaba borracho. Un hospital comunitario le salvó la vida dos veces y, luego de intentar sin éxito que un centro de rehabilitación recibiera a un paciente sin seguro, lo mantuvo bajo su cuidado a un costo de 1.5 millones de dólares.
Lo que sucedió después sentó el escenario para una batalla legal de repercusiones nacionales: Jiménez fue deportado, pero no por el gobierno federal sino por el hospital Martin Memorial. Tras obtener una orden de la corte estatal que más tarde se declaró inválida, el hospital fletó una ambulancia aérea de 30 mil dólares y “lo regresó por la fuerza a su país natal”, como lo describió uno de los administradores del Martin Memorial.
Desde entonces, Jiménez, quien sufrió un grave traumatismo cerebral, no ha recibido cuidados médicos ni medicinas, sólo Alka-Seltzer y oraciones, indicó su madre de 72 años. En el último año su condición se deterioró y actualmente sufre graves ataques, caracterizados por caídas, convulsiones, vómito de sangre.
El caso de Luis Alberto Jiménez pone al descubierto una práctica poco conocida pero aparentemente muy difundida. Muchos hospitales estadounidenses están repatriando por decisión propia a inmigrantes gravemente lesionados o enfermos porque no encuentran centros de cuidado que los acepten sin estar asegurados. Las autoridades migratorias estadounidenses no juegan ningún papel en estas repatriaciones privadas, que se llevan a cabo en ambulancias, aeronaves rentadas o vuelos comerciales. Los hospitales lo hacen en medio de un vacío legal.
Espantando las moscas a manotazos, acompañado por su madre, diminuta y sin dientes, que es la única persona que lo cuida, Jiménez permanece ajeno al hecho de que se ha convertido en el símbolo de la colisión entre dos sistemas estadounidenses profundamente fallidos: inmigración y cuidado médico.
Hace ocho años, cuando tenía 35 y siendo inmigrante ilegal trabajaba en Stuart, Florida, Jiménez sufrió lesiones devastadoras en un choque con un lugareño que manejaba borracho. Un hospital comunitario le salvó la vida dos veces y, luego de intentar sin éxito que un centro de rehabilitación recibiera a un paciente sin seguro, lo mantuvo bajo su cuidado a un costo de 1.5 millones de dólares.
Lo que sucedió después sentó el escenario para una batalla legal de repercusiones nacionales: Jiménez fue deportado, pero no por el gobierno federal sino por el hospital Martin Memorial. Tras obtener una orden de la corte estatal que más tarde se declaró inválida, el hospital fletó una ambulancia aérea de 30 mil dólares y “lo regresó por la fuerza a su país natal”, como lo describió uno de los administradores del Martin Memorial.
Desde entonces, Jiménez, quien sufrió un grave traumatismo cerebral, no ha recibido cuidados médicos ni medicinas, sólo Alka-Seltzer y oraciones, indicó su madre de 72 años. En el último año su condición se deterioró y actualmente sufre graves ataques, caracterizados por caídas, convulsiones, vómito de sangre.
El caso de Luis Alberto Jiménez pone al descubierto una práctica poco conocida pero aparentemente muy difundida. Muchos hospitales estadounidenses están repatriando por decisión propia a inmigrantes gravemente lesionados o enfermos porque no encuentran centros de cuidado que los acepten sin estar asegurados. Las autoridades migratorias estadounidenses no juegan ningún papel en estas repatriaciones privadas, que se llevan a cabo en ambulancias, aeronaves rentadas o vuelos comerciales. Los hospitales lo hacen en medio de un vacío legal.
Texto de Deborah Sontag (NYT), El Universal, 4 de agosto.
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