En enero pasado el entonces comandante de la Segunda Región Militar, general de división Sergio Aponte Polito, exhortó abiertamente a la ciudadanía de Baja California a denunciar vía telefónica, a un número especial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los actos ilícitos que se cometieran en esa entidad. Era una medida inédita porque por primera vez el Ejército Mexicano asumía la investigación y persecución directa de delincuentes.
Sin embargo, ocho meses después, lo que parecía una estrategia del Ejército Mexicano para combatir el crimen organizado en Baja California resulta que no forma parte de alguna acción organizada ni de la que tenga conocimiento el alto mando de la Sedena.
Lo que sí reconoce oficialmente la dependencia que encabeza el general de división Guillermo Galván Galván es que casi una cuarta parte de los elementos del Ejército Mexicano (45 mil) participan cotidianamente en la vigilancia del territorio y espacio aéreo en acciones en contra del crimen organizado a escala nacional.
También admite que en lo que va de la actual administración los soldados han participado en 14 operativos contra el narcotráfico en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
En agosto pasado, este diario hizo una petición formal de información a la dependencia que encabeza el general de división Guillermo Galván Galván, para conocer la postura oficial sobre las acciones del general Polito, quien, por cierto, fue relevado de su cargo en agosto pasado, después de una serie de enfrentamientos que tuvo con el gobierno de Baja California al denunciar nexos de policías locales con el crimen organizado, tras lo cual fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
La petición era la siguiente: “Quiero conocer en qué regiones y zonas militares se han hecho exhortos a la población para que denuncie de forma anónima –vía telefónica–, a quienes cometan delitos de alto impacto, como son narcotráfico y secuestro. ¿Cuántas denuncias han recibido por este medio –pido desglose por cada región o zona–, y cuáles son los tipos de delito que más se han denunciado? ¿Desde cuando se adoptó ésta práctica y si existe una directiva oficial del alto mando de la Defensa Nacional al respecto, o depende de la iniciativa de cada comandante?”
Públicamente se sabe que en Baja California y Sinaloa los comandantes militares de las regiones correspondientes han hecho ese tipo de exhortos.
La respuesta de la Sedena fue lacónica. No se tiene en los archivos de la Secretaría información al respecto.
Cabe recordar que el pasado 16 de enero, la Sedena emitió un comunicado en Tijuana –un día después de que tres jefes policiacos municipales fueran asesinados y previo a un tiroteo de más de tres horas en el que murieron ocho personas–, en que se convocaba a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, señalaba el escrito.
Sin embargo, ocho meses después, lo que parecía una estrategia del Ejército Mexicano para combatir el crimen organizado en Baja California resulta que no forma parte de alguna acción organizada ni de la que tenga conocimiento el alto mando de la Sedena.
Lo que sí reconoce oficialmente la dependencia que encabeza el general de división Guillermo Galván Galván es que casi una cuarta parte de los elementos del Ejército Mexicano (45 mil) participan cotidianamente en la vigilancia del territorio y espacio aéreo en acciones en contra del crimen organizado a escala nacional.
También admite que en lo que va de la actual administración los soldados han participado en 14 operativos contra el narcotráfico en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
En agosto pasado, este diario hizo una petición formal de información a la dependencia que encabeza el general de división Guillermo Galván Galván, para conocer la postura oficial sobre las acciones del general Polito, quien, por cierto, fue relevado de su cargo en agosto pasado, después de una serie de enfrentamientos que tuvo con el gobierno de Baja California al denunciar nexos de policías locales con el crimen organizado, tras lo cual fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
La petición era la siguiente: “Quiero conocer en qué regiones y zonas militares se han hecho exhortos a la población para que denuncie de forma anónima –vía telefónica–, a quienes cometan delitos de alto impacto, como son narcotráfico y secuestro. ¿Cuántas denuncias han recibido por este medio –pido desglose por cada región o zona–, y cuáles son los tipos de delito que más se han denunciado? ¿Desde cuando se adoptó ésta práctica y si existe una directiva oficial del alto mando de la Defensa Nacional al respecto, o depende de la iniciativa de cada comandante?”
Públicamente se sabe que en Baja California y Sinaloa los comandantes militares de las regiones correspondientes han hecho ese tipo de exhortos.
La respuesta de la Sedena fue lacónica. No se tiene en los archivos de la Secretaría información al respecto.
Cabe recordar que el pasado 16 de enero, la Sedena emitió un comunicado en Tijuana –un día después de que tres jefes policiacos municipales fueran asesinados y previo a un tiroteo de más de tres horas en el que murieron ocho personas–, en que se convocaba a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, señalaba el escrito.
Jesús Aranda, La jornada, 3 de septiembre.
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