En un intento por evitar que el crimen organizado o los cárteles de la droga se infiltren en el partido, sobre todo de cara a las elecciones del 2009, el XI Congreso Nacional del PRD aprobó por mayoría revisar y analizar a detalle el perfil y los antecedentes de todos los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular, para “blindar” al sol azteca sobre esa situación.
Esta definición se da a unos días de que el presidente Felipe Calderón pidió a los partidos blindarse para evitar que el crimen organizado se infiltre en los partidos políticos durante las campañas electorales vía sus candidaturas.
De igual manera, la máxima instancia perredista mandó al PRD y sus grupos parlamentarios a rechazar el “populismo represivo” que propone la pena de muerte, cadena perpetua o prisión vitalicia “como salidas demagógicas a la desesperación social” que prevalece por la escalada de violencia en el país.
Durante el segundo día de trabajos del Congreso Nacional del PRD, los alrededor de 800 delegados perredistas aprobaron la línea política del partido que incluyó un resolutivo sobre seguridad, donde se pide a sus gobiernos crear las condiciones propicias para obligar a que el Ejército, que por ahora está en funciones de seguridad pública, regrese a sus cuarteles.
La resolución establece que sus gobiernos municipales y estatales deben realizar una reforma de las instituciones policiacas, que incluye la depuración de esos órganos, así como construir políticas modernas de seguridad pública con el objeto de combatir el crimen organizado a fin de quitarle el mando al Ejército para regresarlo a manos de instancias civiles.
El ala lopezobradorista obligó a que en este resolutivo se incluyeran los 10 puntos de Andrés Manuel López Obrador que propuso el 15 de septiembre para frenar el empobrecimiento y la inseguridad en el país, lo que provocó una discusión en el interior del partido, pero al final se aceptó el planteamiento que realizaron los encinistas vía Alfredo Hernández Raigosa.
Algunos de los 10 puntos de López Obrador establecen la renuncia del titular de la PFP, Genaro García Luna; del procurador de la República, Eduardo Medina-Mora, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, además de protestar contra la Alianza por la Educación, cancelar los aumentos de gasolina, pensión alimenticia a adultos mayores, construir tres refinerías y obras públicas para reactivar la economía, entre otras cosas.
Esta definición se da a unos días de que el presidente Felipe Calderón pidió a los partidos blindarse para evitar que el crimen organizado se infiltre en los partidos políticos durante las campañas electorales vía sus candidaturas.
De igual manera, la máxima instancia perredista mandó al PRD y sus grupos parlamentarios a rechazar el “populismo represivo” que propone la pena de muerte, cadena perpetua o prisión vitalicia “como salidas demagógicas a la desesperación social” que prevalece por la escalada de violencia en el país.
Durante el segundo día de trabajos del Congreso Nacional del PRD, los alrededor de 800 delegados perredistas aprobaron la línea política del partido que incluyó un resolutivo sobre seguridad, donde se pide a sus gobiernos crear las condiciones propicias para obligar a que el Ejército, que por ahora está en funciones de seguridad pública, regrese a sus cuarteles.
La resolución establece que sus gobiernos municipales y estatales deben realizar una reforma de las instituciones policiacas, que incluye la depuración de esos órganos, así como construir políticas modernas de seguridad pública con el objeto de combatir el crimen organizado a fin de quitarle el mando al Ejército para regresarlo a manos de instancias civiles.
El ala lopezobradorista obligó a que en este resolutivo se incluyeran los 10 puntos de Andrés Manuel López Obrador que propuso el 15 de septiembre para frenar el empobrecimiento y la inseguridad en el país, lo que provocó una discusión en el interior del partido, pero al final se aceptó el planteamiento que realizaron los encinistas vía Alfredo Hernández Raigosa.
Algunos de los 10 puntos de López Obrador establecen la renuncia del titular de la PFP, Genaro García Luna; del procurador de la República, Eduardo Medina-Mora, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, además de protestar contra la Alianza por la Educación, cancelar los aumentos de gasolina, pensión alimenticia a adultos mayores, construir tres refinerías y obras públicas para reactivar la economía, entre otras cosas.
Alejandro Páez, Crónica, 22 de septiembre.
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