MONTERREY.- Los procuradores de Justicia del país cabildearán con los Congresos de sus estados la posibilidad de homologar las penas por el delito de secuestro.
Víctor Corzo, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la PGR, informó ayer que la estrategia sería parte de las reformas para crear una nueva Ley General del Delito de Secuestro.
Al concluir la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario federal explicó que buscarán eliminar las notables diferencias que existen actualmente en los castigos por el delito de la privación ilegal de la libertad.
"En coadyuvancia con el Congreso de la Unión, para cumplir el Acuerdo Nacional, el pleno de esta conferencia analizó las mejores vías para impulsar una reforma constitucional y legal que nos permita contar con un marco normativo acorde con la realidad delictiva a la que nos enfrentamos", expresó Corzo en su discurso.
"En la que se busca homologar los tipos penales y el castigo a los secuestradores, así como proporcionar las herramientas del sistema de justicia, previstas para la delincuencia organizada a las autoridades estatales, a fin de acabar con los espacios de impunidad".
El pasado 21 de agosto, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por Gobernadores, Alcaldes y organizaciones sociales suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Víctor Corzo, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la PGR, informó ayer que la estrategia sería parte de las reformas para crear una nueva Ley General del Delito de Secuestro.
Al concluir la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario federal explicó que buscarán eliminar las notables diferencias que existen actualmente en los castigos por el delito de la privación ilegal de la libertad.
"En coadyuvancia con el Congreso de la Unión, para cumplir el Acuerdo Nacional, el pleno de esta conferencia analizó las mejores vías para impulsar una reforma constitucional y legal que nos permita contar con un marco normativo acorde con la realidad delictiva a la que nos enfrentamos", expresó Corzo en su discurso.
"En la que se busca homologar los tipos penales y el castigo a los secuestradores, así como proporcionar las herramientas del sistema de justicia, previstas para la delincuencia organizada a las autoridades estatales, a fin de acabar con los espacios de impunidad".
El pasado 21 de agosto, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por Gobernadores, Alcaldes y organizaciones sociales suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Osvaldo Robles, corresponsal, Reforma, 13 de septiembre.
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