Critican Acuerdo Nacional

Las 74 acciones comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, no se concretarán mientras el crimen organizado tenga un pie dentro del Estado, coincidieron ayer Integrantes de la Red a Favor de los Juicios Orales.

"No hay delincuencia organizada que no tenga un pie dentro del Estado, tampoco puede haber un sistema de seguridad que no tenga un adecuado sistema de justicia, este 'abc' es lo que debemos tener claro.

"El enorme presupuesto destinado a la seguridad pública tiene un doble carácter, puede ser una herramienta necesaria pero también puede ser que con este arsenal le estemos disparando al pueblo de México", advirtió Miguel Sarre, investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

En conferencia de prensa, los académicos Ernesto Canales, abogado penalista y dirigente de la Fundación Mexicana para la Justicia; Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE; Lucy Tacher, directora del Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México; y Sarre, opinaron que el Acuerdo firmado el pasado 21 de agosto sólo levanta falsas expectativas a la ciudadanía.

"Veo a una sociedad civil deseosa de participar y a un gobierno que intenta dar respuestas inmediatas, pero me parece que están apuntando en una dirección equivocada, porque el Acuerdo establece un conjunto de compromisos dispersos, algunas sensatas, otras ocurrencias y no vemos en ellas una estrategia de fondo.

"Acordaron los actores acciones, pero no una política de Estado. Se requiere una estrategia de largo alcance, en 100 días no se puede disminuir la violencia, necesitamos planes de carácter institucional para los próximos 10 y 15 años", consideró Canales.

Para los especialistas en seguridad pública, es necesario un pacto político en el que todos los actores de gobierno puedan ser investigados.

"Se requiere también investigar también a Gobernadores, a legisladores, a Secretarios de Estado y a líderes sindicales, es de conocimiento público que en el crimen organizado están inmiscuidas las policías, pero también es una lógica obvia que para que esto, se requiere de el involucramiento de sus jefes", añadió Canales.

Para Magaloni, una cosa son las acciones firmadas y otra los resultados: "Pensar que en 100 días podemos lograr lo que se logra en 15 años no es una política de Estado, necesitamos una apuesta real, de cómo preparar un sistema de justicia que fiscalice a jueces y policías, porque no tenemos instituciones sólidas, tenemos que sacar a nuestras instituciones del manoseo político", opinó.

Para Magaloni, el castigo a los responsables de un delito, a los corruptos y a los que desarrollan la impunidad, no debe ser negociable.

"Se requiere un plan, ya no queremos pleitos políticos, que se sienten por ejemplo Felipe Calderón, Enrique Peña y Marcelo Ebrard, todos los políticos más importantes y que acuerden que nadie más volverá a negociar los castigos, caiga quien caiga", indicó.

Tacher opinó que el asunto de la seguridad debe pasar por una estrategia donde si el tema es la depuración de policías, sepan las autoridades de antemano, qué va a pasar con los que cesen.

"Así, con eso de los 100 días, sólo nos están dando atole con el dedo", expresó.

Reforma, 9 de septiembre.


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