La diputación federal del PAN se adelantó a sus opositores en la Cámara baja y cuestionó, criticó y descalificó el trabajo de los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y del procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, a quienes, incluso, pidió renuncien al cargo si, al igual que los legisladores, “no pueden cumplir con su misión constitucional de preservar el Estado de Derecho en el país”.
Tal vez fue una postura pactada en la reunión que, el jueves de la semana pasada, sostuvo el secretario de Gobernación con la bancada panista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en previsión de lo que ayer ocurriría en su comparecencia, junto a García Luna y Medina-Mora, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Pero el hecho es que ayer el diputado albiazul, Obdulio Ávila Mayo, a nombre de su fracción, pidió a Mouriño Terrazo que, junto con el Congreso, “dé muestra de su capacidad para hacer política de Estado y no política partidista, para pactar con la nación. México lo requiere”.
Además le cuestionó las causas por las que “hayamos llegado a esta situación que genera zozobra en la población”, y le preguntó si está en peligro la gobernabilidad del país. “¿Cuál es la meta de esta guerra?, ¿existen indicadores de éxito o fracaso de la estrategia?, ¿qué ventaja ha tenido sacar a las calles al Ejército para combatir a los delincuentes?”, planteó Ávila Mayo.
En tanto, frente al cúmulo de cifras, porcentajes e informes de que se avanza en la lucha contra la delincuencia organizada y en pos de la seguridad de los mexicanos, la diputación federal del PRI calificó al trabajo de la triada oficial que tiene esa responsabilidad: “deficiencia, demagogia y desorden, son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración”.
Y ante la reiterada postura de no renunciar, el diputado priista César Camacho Quiroz preguntó a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y al procurador General de la República, si tienen agallas y capacidad para asumir sus responsabilidades, porque la voluntad no es suficiente. Medina-Mora agarró el guante y respondió: “Tenemos determinación, compromiso y agallas para enfrentar a los enemigos de México”. En su turno, la perredista Valentina Batres subrayó, sin pregunta de por medio, “necesitamos que renuncien ya, en este momento”.
El planteamiento de Camacho Quiroz, luego reforzado por su compañero de bancada, Carlos Armando Biebrich, además de las críticas y descalificaciones que las ocho bancadas opositoras hicieron al trabajo que, en materia de seguridad pública y política interior, han desempeñado los tres funcionarios, tuvo una singular consonancia con la postura del grupo parlamentario del PAN.
Así, la diputada albiazul María de los Ángeles Jiménez del Castillo criticó la falta de coordinación del gobierno federal con los otros dos niveles de gobierno “para realizar las acciones de prevención y control de la delincuencia. Y deducimos que esto es así porque ella sigue creciendo”.
Incluso cuestionó que se haya firmado, el pasado 21 de agosto, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, debido a que es mandato constitucional que los tres niveles de gobierno deben coordinarse en materia de seguridad pública. Y puntualizó un reclamo: “La corrupción sigue y ¿qué hace el gobierno para tener mejores policías, policías comprometidos con la sociedad, policías de vocación? ¿Por qué suceden casos como el de Lorena González?”
Por eso, enfatizó la diputada panista, “les pedimos a los gobiernos en el tema de seguridad pública no sólo que se coordinen, les pedimos resultados”.
Su compañera de bancada, Dora Alicia Martínez Valero, en su turno, además de preguntar para qué quiere la PGR un 35 por ciento de aumento en su gasto público de 2009, dijo a los tres funcionarios que no se puede admitir que se dejen ver, con tanta claridad faltos de coordinación, porque –adujo— “es claro que a 20 meses de iniciada la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la violencia se manifiesta en forma más cruda, atenta contra civiles inocentes, como en el caso de Morelia”.
En el corolario, el diputado panista Cristián Castaño Contreras, ex vicepresidente de la Cámara baja, fustigó a quienes pretenden lucrar políticamente con la crisis de seguridad que sufre México, pero reiteró la demanda de que quienes, incluyendo gobernadores, funcionarios públicos y legisladores, no puedan con su tarea “dejen el puesto y la responsabilidad no cumplida” porque, acotó, “nadie puede eximir su parte de responsabilidad para ejecutar y coordinar una política de estado en materia de seguridad interior”.
Tal vez fue una postura pactada en la reunión que, el jueves de la semana pasada, sostuvo el secretario de Gobernación con la bancada panista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en previsión de lo que ayer ocurriría en su comparecencia, junto a García Luna y Medina-Mora, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Pero el hecho es que ayer el diputado albiazul, Obdulio Ávila Mayo, a nombre de su fracción, pidió a Mouriño Terrazo que, junto con el Congreso, “dé muestra de su capacidad para hacer política de Estado y no política partidista, para pactar con la nación. México lo requiere”.
Además le cuestionó las causas por las que “hayamos llegado a esta situación que genera zozobra en la población”, y le preguntó si está en peligro la gobernabilidad del país. “¿Cuál es la meta de esta guerra?, ¿existen indicadores de éxito o fracaso de la estrategia?, ¿qué ventaja ha tenido sacar a las calles al Ejército para combatir a los delincuentes?”, planteó Ávila Mayo.
En tanto, frente al cúmulo de cifras, porcentajes e informes de que se avanza en la lucha contra la delincuencia organizada y en pos de la seguridad de los mexicanos, la diputación federal del PRI calificó al trabajo de la triada oficial que tiene esa responsabilidad: “deficiencia, demagogia y desorden, son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración”.
Y ante la reiterada postura de no renunciar, el diputado priista César Camacho Quiroz preguntó a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y al procurador General de la República, si tienen agallas y capacidad para asumir sus responsabilidades, porque la voluntad no es suficiente. Medina-Mora agarró el guante y respondió: “Tenemos determinación, compromiso y agallas para enfrentar a los enemigos de México”. En su turno, la perredista Valentina Batres subrayó, sin pregunta de por medio, “necesitamos que renuncien ya, en este momento”.
El planteamiento de Camacho Quiroz, luego reforzado por su compañero de bancada, Carlos Armando Biebrich, además de las críticas y descalificaciones que las ocho bancadas opositoras hicieron al trabajo que, en materia de seguridad pública y política interior, han desempeñado los tres funcionarios, tuvo una singular consonancia con la postura del grupo parlamentario del PAN.
Así, la diputada albiazul María de los Ángeles Jiménez del Castillo criticó la falta de coordinación del gobierno federal con los otros dos niveles de gobierno “para realizar las acciones de prevención y control de la delincuencia. Y deducimos que esto es así porque ella sigue creciendo”.
Incluso cuestionó que se haya firmado, el pasado 21 de agosto, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, debido a que es mandato constitucional que los tres niveles de gobierno deben coordinarse en materia de seguridad pública. Y puntualizó un reclamo: “La corrupción sigue y ¿qué hace el gobierno para tener mejores policías, policías comprometidos con la sociedad, policías de vocación? ¿Por qué suceden casos como el de Lorena González?”
Por eso, enfatizó la diputada panista, “les pedimos a los gobiernos en el tema de seguridad pública no sólo que se coordinen, les pedimos resultados”.
Su compañera de bancada, Dora Alicia Martínez Valero, en su turno, además de preguntar para qué quiere la PGR un 35 por ciento de aumento en su gasto público de 2009, dijo a los tres funcionarios que no se puede admitir que se dejen ver, con tanta claridad faltos de coordinación, porque –adujo— “es claro que a 20 meses de iniciada la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la violencia se manifiesta en forma más cruda, atenta contra civiles inocentes, como en el caso de Morelia”.
En el corolario, el diputado panista Cristián Castaño Contreras, ex vicepresidente de la Cámara baja, fustigó a quienes pretenden lucrar políticamente con la crisis de seguridad que sufre México, pero reiteró la demanda de que quienes, incluyendo gobernadores, funcionarios públicos y legisladores, no puedan con su tarea “dejen el puesto y la responsabilidad no cumplida” porque, acotó, “nadie puede eximir su parte de responsabilidad para ejecutar y coordinar una política de estado en materia de seguridad interior”.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 24 de septiembre.
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