El presidente Felipe Calderón ordenó arrancar un proceso de retorno gradual a cuarteles, de militares que en los últimos meses se han encargado de labores de seguridad pública.
Esta tarea se proyectó a partir de hoy y hasta el 2012, año en que termina su gestión. Las dependencias responsables de ejecutarla son las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública federal, de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República.
Tal disposición fue incluida como parte del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el cual entra en vigor este sábado.
En dicho Programa, Calderón pide a las instancias mencionadas "impulsar la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial".
Esta es la primera vez que el gobierno federal vincula el uso del Ejército en tareas de seguridad con riesgos en el respeto a derechos humanos. El PNDH fue diseñado para orientar la actuación gubernamental en la materia.
Temas como el derecho a la seguridad y el derecho de las mujeres a la salud reproductiva fueron contemplados en el documento.
Para propiciar un ambiente idóneo para el regreso de soldados a sus cuarteles, el gobierno pidió a la SSP-F consolidar el servicio profesional de carrera de policías a través de un Programa de Desarrollo Policial que contemple aspectos como profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
A la Sedena, le solicitó evitar violaciones a garantías fundamentales en el contexto de su participación en la lucha contra el crimen organizado.
Para el sistema penitenciario federal, así como para todo el personal autorizado a realizar detenciones, la orden fue prevenir y erradicar la tortura.
En torno a la procuración de justicia y la estrategia anticrimen se planteó garantizar a las victimas del delito menores de edad o víctimas de secuestro, violación y delincuencia organizada, el resguardo de su identidad y otros datos personales. Y se puso especial énfasis en la trata de personas.
Sobre los derechos de las mujeres, no hay indicios en el Programa de una política federal encaminada a despenalizar el aborto, como ocurrió en el DF y la cual recién fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las metas sólo se menciona difundir programas de salud para mujeres embarazadas, ampliar la atención de salud reproductiva y servicios de planificación familiar, y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a esos servicios. Sí se menciona la implementación de una estrategia de acceso efectivo a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, y a servicios de aborto, pero solo en las circunstancias previstas en las normas federales, como en el caso de violación.
El PHDH se fundamenta en los principios de no discriminación y de igualdad y equidad de género. Su proceso de formulación incluyó la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la red creada por 30 dependencias para elaborarlo no se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De hecho, se establece la creación de una subcomisión con la participación de Naciones Unidas, en calidad de asesor permanente, para dar seguimiento y evaluar la política pública federal en derechos humanos, función de la que fue relegada la CNDH.
En el único punto en el cual se le contempló fue en la meta de pasar del 67% al 70% de eficacia en la atención de recomendaciones emitidas por el ombudsman.
Otro de los propósitos registrados fue disminuir de 45.6% a 40% la percepción de que el gobierno no respeta los derechos humanos.
Esta tarea se proyectó a partir de hoy y hasta el 2012, año en que termina su gestión. Las dependencias responsables de ejecutarla son las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública federal, de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República.
Tal disposición fue incluida como parte del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el cual entra en vigor este sábado.
En dicho Programa, Calderón pide a las instancias mencionadas "impulsar la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial".
Esta es la primera vez que el gobierno federal vincula el uso del Ejército en tareas de seguridad con riesgos en el respeto a derechos humanos. El PNDH fue diseñado para orientar la actuación gubernamental en la materia.
Temas como el derecho a la seguridad y el derecho de las mujeres a la salud reproductiva fueron contemplados en el documento.
Para propiciar un ambiente idóneo para el regreso de soldados a sus cuarteles, el gobierno pidió a la SSP-F consolidar el servicio profesional de carrera de policías a través de un Programa de Desarrollo Policial que contemple aspectos como profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
A la Sedena, le solicitó evitar violaciones a garantías fundamentales en el contexto de su participación en la lucha contra el crimen organizado.
Para el sistema penitenciario federal, así como para todo el personal autorizado a realizar detenciones, la orden fue prevenir y erradicar la tortura.
En torno a la procuración de justicia y la estrategia anticrimen se planteó garantizar a las victimas del delito menores de edad o víctimas de secuestro, violación y delincuencia organizada, el resguardo de su identidad y otros datos personales. Y se puso especial énfasis en la trata de personas.
Sobre los derechos de las mujeres, no hay indicios en el Programa de una política federal encaminada a despenalizar el aborto, como ocurrió en el DF y la cual recién fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las metas sólo se menciona difundir programas de salud para mujeres embarazadas, ampliar la atención de salud reproductiva y servicios de planificación familiar, y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a esos servicios. Sí se menciona la implementación de una estrategia de acceso efectivo a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, y a servicios de aborto, pero solo en las circunstancias previstas en las normas federales, como en el caso de violación.
El PHDH se fundamenta en los principios de no discriminación y de igualdad y equidad de género. Su proceso de formulación incluyó la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la red creada por 30 dependencias para elaborarlo no se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De hecho, se establece la creación de una subcomisión con la participación de Naciones Unidas, en calidad de asesor permanente, para dar seguimiento y evaluar la política pública federal en derechos humanos, función de la que fue relegada la CNDH.
En el único punto en el cual se le contempló fue en la meta de pasar del 67% al 70% de eficacia en la atención de recomendaciones emitidas por el ombudsman.
Otro de los propósitos registrados fue disminuir de 45.6% a 40% la percepción de que el gobierno no respeta los derechos humanos.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 30 de agosto.
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