NUEVA YORK.- La tensión entre Estados Unidos y los Gobiernos izquierdistas de Venezuela y Bolivia escaló ayer a niveles jamás antes alcanzados, cuando la Administración del Presidente George W. Bush expulsó de Washington a los Embajadores de ambos países latinoamericanos e impuso sanciones contra dos funcionarios y un ex funcionario venezolanos por sus presuntos vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC.
El conflicto, que comenzó luego de que el miércoles el Presidente boliviano, Evo Morales, echó al Embajador estadounidense en La Paz, acusándolo de instigar la nueva ola de violencia generada por la Oposición, colocó a las relaciones de Washington con América Latina en su peor momento desde que Estados Unidos rompió lazos diplomáticos con el régimen de Fidel Castro en Cuba en 1961.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, contribuyó a profundizar la crisis anteayer, al echar al Embajador estadounidense de Caracas y amenazando con cortar el suministro de petróleo a Estados Unidos.
"Lamentamos las acciones del Presidente Chávez y el Presidente Morales de expulsar a nuestros Embajadores de Venezuela (Patrick Duddy) y de Bolivia (Philip Goldberg), respectivamente. Esto refleja la debilidad y la desesperación de esos líderes para enfrentar sus desafíos internos", señaló ayer el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, al anunciar la represalia contra los Embajadores de Bolivia, Gustavo Guzmán, y de Venezuela, Bernardo Álvarez.
El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció que Caracas someterá a "un intenso proceso de evaluación" las relaciones con Washington.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro estadounidense arremetió contra tres altos funcionarios venezolanos, acusándolos de "armar, estimular y financiar" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los sospechosos, a los que se les congelarán todos sus bienes en Estados Unidos y se les prohibirá la entrada a ese país, son el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hugo Armando Carvajal Barrios; el director de la Policía secreta, Jesús Rangel Silva; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien era Ministro del Interior y Justicia hasta el lunes pasado.
De acuerdo a los documentos presentados -extraídos de las computadoras halladas en el campamento de las FARC en Ecuador, bombardeado por Colombia en marzo-, Rodríguez Chacín habría sido el contacto de la guerrilla con el Gobierno de Chávez para conseguir armas. Incluso, facilitaría un préstamo de 250 millones de dólares a las FARC.
En tanto, Carvajal Barrios habría protegido cargamentos de drogas provenientes de Colombia y habría ayudado a proveer de bazucas a los rebeldes. Mientras, Rangel Silva, ha sido involucrado en el juicio que se realiza en Miami por el caso del maletín con 800 mil dólares que entró, sin permiso, a Argentina en diciembre pasado, supuestamente para financiar la campaña de la Presidenta Cristina Fernández.
El conflicto, que comenzó luego de que el miércoles el Presidente boliviano, Evo Morales, echó al Embajador estadounidense en La Paz, acusándolo de instigar la nueva ola de violencia generada por la Oposición, colocó a las relaciones de Washington con América Latina en su peor momento desde que Estados Unidos rompió lazos diplomáticos con el régimen de Fidel Castro en Cuba en 1961.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, contribuyó a profundizar la crisis anteayer, al echar al Embajador estadounidense de Caracas y amenazando con cortar el suministro de petróleo a Estados Unidos.
"Lamentamos las acciones del Presidente Chávez y el Presidente Morales de expulsar a nuestros Embajadores de Venezuela (Patrick Duddy) y de Bolivia (Philip Goldberg), respectivamente. Esto refleja la debilidad y la desesperación de esos líderes para enfrentar sus desafíos internos", señaló ayer el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, al anunciar la represalia contra los Embajadores de Bolivia, Gustavo Guzmán, y de Venezuela, Bernardo Álvarez.
El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció que Caracas someterá a "un intenso proceso de evaluación" las relaciones con Washington.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro estadounidense arremetió contra tres altos funcionarios venezolanos, acusándolos de "armar, estimular y financiar" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los sospechosos, a los que se les congelarán todos sus bienes en Estados Unidos y se les prohibirá la entrada a ese país, son el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hugo Armando Carvajal Barrios; el director de la Policía secreta, Jesús Rangel Silva; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien era Ministro del Interior y Justicia hasta el lunes pasado.
De acuerdo a los documentos presentados -extraídos de las computadoras halladas en el campamento de las FARC en Ecuador, bombardeado por Colombia en marzo-, Rodríguez Chacín habría sido el contacto de la guerrilla con el Gobierno de Chávez para conseguir armas. Incluso, facilitaría un préstamo de 250 millones de dólares a las FARC.
En tanto, Carvajal Barrios habría protegido cargamentos de drogas provenientes de Colombia y habría ayudado a proveer de bazucas a los rebeldes. Mientras, Rangel Silva, ha sido involucrado en el juicio que se realiza en Miami por el caso del maletín con 800 mil dólares que entró, sin permiso, a Argentina en diciembre pasado, supuestamente para financiar la campaña de la Presidenta Cristina Fernández.
Alberto Armendáriz, corresponsal, Reforma, 13 de septiembre.
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